El caso del desahucio de Mari Carmen ha puesto ante el espejo de la sociedad el fracaso del Estado a la hora de resolver la cuestión de la vivienda. Todos se echan la culpa, pero nadie ha sido capaz de evitarlo. Ni este ni muchos de los desahucios que se ejecutan cada día en España. Tampoco lo han conseguido las medidas aprobadas con anterioridad y, mucho me temo, tampoco las que puedan aprobarse en el futuro más inmediato, impulsadas al calor de lo ocurrido en Madrid.
El caso pone en evidencia la pereza de los partidos políticos a la hora de aprobar medidas de este tipo. Ahora, sin embargo, todos querrán colgarse la medalla. Si el Consejo de Ministros aprueba el nuevo decreto antidesahucios, veremos cómo los partidos del Gobierno y Junts —si finalmente sus reivindicaciones son atendidas y eso posibilita la convalidación— se cuelgan la medalla. Se vanagloriarán de lo aprobado, habrán conseguido que el foco se ponga en la vivienda y que desaparezca de otros ámbitos.
Sea como fuere, el decreto no tapará el fracaso de la política de vivienda, que vive enmarañada en la trampa de quién tiene la competencia sobre la materia y quién legisla. Hay una ley aprobada por el Congreso, que los comunidades autónomas -la mayoría del PP-, que son las competentes y que no quieren aplicar. Como ha dicho el urbanista Gerardo Rocher en las entrevistas en los diarios de Plaza, España debería tener un Sistema Nacional de Vivienda para analizara las necesidades y distribuyera fondos a las administraciones -da igual cuál- para construir nuevas viviendas públicas allí donde se necesitaran.
Y en este campo, más allá del debate sobre las competencias, todas las administraciones, incluida la local y, por tanto, las diputaciones, deberían implicarse en la construcción de soluciones habitacionales. Se suele decir que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y, por tanto, quien mejor conoce las necesidades de la ciudadanía. En este punto, más allá de lo que pueda hacer, en este caso, la Generalitat, la política de vivienda también podría ser ejecutada por un consistorio. Es verdad que, a lo mejor, no tiene los recursos económicos suficientes, pero para eso están las administraciones supramunicipales: para distribuirlos de la mejor manera posible y de acuerdo con las necesidades. Hubo —y hay— fondos europeos para ello, pero quizás no han sido utilizados con la eficiencia que requiere el contexto y la urgencia.
Si en la Comunitat Valenciana se han delegado las competencias para la construcción de infraestructuras escolares con el objetivo de agilizar la construcción de colegios e institutos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en materia de vivienda? El consistorio sabe de qué solares dispone y conoce las necesidades que tiene el municipio. Por tanto, puede encargar la redacción del proyecto y, posteriormente, las obras, si la administración superior, ya sea el Gobierno o la autonomía, le transfiere el dinero. El Plan Vive posiblemente sea una buena iniciativa, pero no tiene la velocidad que requiere ahora el mercado.
A los ayuntamientos grandes también habría que exigirles que hicieran algo más de promoción pública propia. Es decir, ir más allá del Plan Vive y disponer de fondos para promociones propias, bien para alquiler asequible, bien para viviendas adjudicadas por un periodo de tiempo, como se hacía con la VPO y como debe hacerse con las VPP.
Las diputaciones, esos grandes monstruos administrativos que mucha gente —desgraciadamente— no sabe qué hacen, podrían hacer lo mismo en su campo de actuación: los municipios de menos de 5.000 habitantes o en riesgo de despoblación. Además de promover viviendas públicas —con procesos de adjudicación transparentes—, podrían tener hoy en día una agencia con más eficacia que las que dedican a la energía u otros menesteres, para conceder ayudas a la reforma de casas vacías de los pueblos a cambio de que se ofertaran en el mercado del alquiler. Y, además, hacerlo como garante ante posibles impagos o desperfectos.
Sé que lo que propongo requiere de un consenso básico, que desgraciadamente no lo hay. Pero, más allá de las competencias y de quién legisla, todas las administraciones deberían implicarse en la solución del problema de la vivienda. Y, como se ha dicho en multitud de ocasiones, no hay una única fórmula mágica: hay varias y no hay que desdeñar ninguna.
Las instituciones —todas— deben promover vivienda pública; debe haber acuerdos de colaboración público-privada, como es el Plan Vive; la Administración debe ejercer el derecho de tanteo y debe haber una política de adquisición de viviendas que sean destinadas al alquiler. Todo es compatible. Y todo se puede hacer con seguridad jurídica, incluso que diputaciones y ayuntamientos de determinado tamaño tuvieran agencias de alquiler que abarcaran varios términos municipales para administrar las necesidades. La realidad de dos localidades vecinas no puede ser la misma y deben complementarse.
Y estoy seguro de que desplegar este tipo de iniciativas no supone cortapisas al sector privado. Pueden convivir fácilmente porque las necesidades y los mercados, en estos momentos, de unos y otros son diferentes. Al menos, en la Comunitat Valenciana.
Y todo ello, con una premisa que debería aplicarse —algunos ayuntamientos lo han hecho— en todo municipio: la zonificación del tipo de residencia. Si en una zona industrial van las empresas, en las zonas de primera vivienda debe haber esa tipificación; y en las zonas de segunda residencia, los alquileres turísticos. Todo lo que no aplicar esos, se mantendrá la intoxicación de los precios.
No sé si estas ideas son nuevas, viejas, se aplican, o no. Al menos, que sirva de reflexión a la clase política para que dé soluciones a sus conciudadanos. Y esto compete a todas, incluidas las diputaciones, más allá de distribuir ayudas, gestionar teatros, o ir a Fitur. Si no les vendrá el debate de hace años: ¿Para qué sirven? Insisto, si un ayuntamiento puede adjudicar las obras de un instituto, un consistorio, o una diputación, puede hacer una promoción de viviendas si le transfieren el dinero (y hay empresas que puedan ejecutar la obra, que ese es otro debate). La movilidad ya no condiciona dónde esté la vivienda. La cuestión es que exista oferta, y a un precio asumible.
