Al final, la libertad educativa era esto: dejar en manos de los centros escolares el contenido a impartir en las aulas, pero solo cuando se trata de una materia en concreto: el valenciano. La libertad educativa, por lo tanto, no era más que un artificio para debilitar la lengua, empequeñecerla y recluirla exclusivamente al ámbito doméstico, privándola de cualquier aspiración de universalidad.

Ese parece el objetivo claro de la última ocurrencia del PP de la Comunidad, por la que excluye a los literatos catalanes y baleares del currículum de Bachillerato. La inclusión o no de estas plumas en el plan de estudios dependerá de cada colegio o instituto, según la Conselleria de Educación. Bajo el eufemismo de priorizar a los movimientos literarios autóctonos, la Generalitat, de partida, niega a los alumnos la posibilidad de estudiar a referentes como Ramon Llull, Mercè Rodoreda o Ramon Muntaner.

Como bien ha ironizado Mario Candela en su interesante blog, sería impensable que esta innovadora práctica de que los institutos decidan qué estudiar se extendiese a otras materias, desde Lengua Castellana hasta Matemáticas. Imaginen dejar fuera del programa a los escritores no valencianos que escriben en castellano: desde Cervantes a Rubén Darío. Este símil da una medida del verdadero alcance de la incongruencia de la propuesta.

Pero, claro, esto no va de fórmulas, teorías o tendencias narrativas. De lo que se trata es de fragmentar la unidad de un idioma que en el norte denominan catalán y en el sur, valenciano. Un idioma contra el que atentan, precisamente, quienes no lo hablan. Es, en definitiva, el mismo modus operandi que ya emplearon con la televisión autonómica catalana, todavía vetada en nuestro territorio pese a que puede verse sin problema a través de Internet.
La propuesta se entronca con la clásica táctica de «divide y vencerás». En este caso, sin embargo, la gran derrotada es el habla propia.

Su atomización contribuye a perfilarla como una modalidad menor, doméstica, restringida a la esfera de lo privado y despojada de su prestigio institucional. El PP se empeña en confundir cohesión lingüística con unidad política o territorial. Que diferentes regiones compartan una herramienta comunicativa común no implica su unificación en un único país. En lugar de fijar este axioma como punto básico, la derecha se convierte con sus torpes acciones en una máquina de aportar argumentos a los que sueñan con unos hipotéticos Països Catalans. Tanto en el norte como, sobre todo, en el sur.

Con su posición, los populares pierden la oportunidad de erigirse en voz de un valencianismo que trabaje, por ejemplo, por destacar la relevancia de los autores de nuestra tierra a lo largo de la historia de la lengua. Eso, tengámoslo claro, nunca lo hará la izquierda, históricamente acomplejada ante una supuesta superioridad catalana.

Liderar ese valencianismo —quién sabe— podría ser el primer paso para encabezar otras reivindicaciones, desde una financiación justa hasta una inversión en infraestructuras estatales acorde con la cuarta autonomía de España en población y PIB. Sin olvidar, por supuesto, el derecho civil que el resto de territorios afectados por los Decretos de Nueva Planta sigue conservando.

Eliminar a los autores no valencianos que han escrito en nuestra lengua es tan ridículo como la «ley de lenguas andaluzas» propuesta por la vicepresidenta María Jesús Montero. Sorprende que la derecha mediática se mofe con las ocurrencias que afectan al castellano y calle cuando lo hacen a otros sistemas lingüísticos. El esfuerzo de cualquier administración de un territorio con idioma propio debería ser potenciarlo. En el supuesto concreto de la enseñanza, quedan muchas tareas pendientes.

En primer lugar, la Generalitat debería incentivar la creación de materiales de estudio de factura propia. En la era digital, prolifera el contenido elaborado en la variante oriental. La consecuencia es una erosión progresiva de las formas valencianas, especialmente las morfosintácticas y verbales.

En segundo lugar, es necesario fomentar la edición de libros en la variante valenciana. Se da la circunstancia de que, mientras el Consell pretende vetar a Martí i Pol, los niños de aquí leen los cuentos clásicos en perfecto catalán oriental, que progresivamente se consolida como registro estándar. Es cuestión de generaciones que los pocos que mantengan el valenciano plaguen sus discursos de nois, petits o aixecar, o asuman el incorrecto uso del pronombre hi como complemento indirecto.

En este sentido, sería interesante fomentar la lectura de autores actuales valencianos no solo en las aulas de la Comunidad, sino también en los colegios catalanes. La amplia nómina de escritores enfocados al público infantil y juvenil anima a intentarlo. Potenciar nuestra lengua, dentro de la unidad, reflejaría una verdadera voluntad de conservarla. Pero, claro, parece que más que el valenciano, la verdadera seña de identidad es el pernicioso uso que se hace de él desde las altas instancias políticas para dividir a los ciudadanos.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia.