CASTELLÓ. Pocas cuestiones concentran hoy tanta preocupación social como la vivienda. Pero, más allá del ruido político, conviene recordar una realidad básica: cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda, los precios inevitablemente suben.

El Parlamento Europeo ha advertido de un déficit estructural cercano a los diez millones de viviendas en la Unión. No es un fenómeno ideológico, sino demográfico y económico. España no es ajena a esta realidad: distintos análisis sitúan nuestro déficit por encima de las 500.000 viviendas, mientras la construcción anual apenas supera las 100.000, claramente insuficientes para atender la creación de nuevos hogares.

Cuando la oferta es rígida y la demanda crece, los precios suben. Es una cuestión aritmética. Por eso el debate sobre la vivienda debería escapar de las trincheras políticas y centrarse en lo esencial: cómo ampliar la oferta con seguridad jurídica y eficacia económica.

Nuestra Constitución consagra simultáneamente el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y el derecho a una vivienda digna. Ese equilibrio define una economía social de mercado que exige responsabilidad pública y estabilidad normativa. La protección de las personas vulnerables –como en el caso de la suspensión de desahucios por falta de pago en caso de vulnerabilidad, prorrogada año tras año desde la pandemia, en esta ocasión hasta el 31 de diciembre de 2026– corresponde a las administraciones y debe financiarse con recursos públicos, no trasladarse de facto sobre el arrendador particular.

Algunas medidas recientes, como los límites generalizados a las rentas o los recargos a viviendas vacías previstos en la Ley 12/2023, pueden generar efectos contraproducentes, ahuyentando al propietario, especialmente al pequeño. Penalizar, en lugar de estimular, reduce la oferta disponible.

A ello se suma un elemento del que se habla poco: la elevada carga fiscal que soporta todo el proceso de promoción, construcción, transmisión y alquiler de vivienda. Impuestos y tasas estatales, autonómicos y municipales —IVA, actos jurídicos documentados, plusvalía, tasas urbanísticas o la fiscalidad sobre rendimientos del capital inmobiliario— encarecen de forma acumulativa el producto final. Diversos estudios apuntan a que esta incidencia fiscal puede alcanzar entre el 25% y el 30% del precio final de una vivienda. Reducir esa presión no es un privilegio sectorial: es una vía directa para abaratar el acceso. 

Europa ofrece ejemplos de políticas centradas en aumentar la oferta. Ciudades como Viena han demostrado durante décadas que la combinación de seguridad jurídica, planificación urbana y colaboración público-privada permite mantener un parque amplio de vivienda accesible.

España afronta además un reto estructural: más de la mitad de su parque residencial es anterior a 1980 y requiere rehabilitación. Muchas de esas viviendas serán heredadas en los próximos años y necesitarán inversiones importantes que sus propietarios difícilmente podrán asumir sin incentivos adecuados. Si no facilitamos su rehabilitación y puesta en alquiler, perderemos una oportunidad clave para ampliar la oferta.

Hoy, sin embargo, muchas ayudas públicas a la rehabilitación exigen que el solicitante haga uso habitual de la vivienda, lo que dificulta que propietarios puedan acceder a ellas para destinar los inmuebles al alquiler.

A todo ello se suma la grave escasez de mano de obra cualificada en construcción y rehabilitación. Sin profesionales formados —albañiles, encofradores, ferrallistas, instaladores, electricistas o fontaneros— no hay política de vivienda que funcione, incluyendo el necesario aumento del suelo urbano residencial disponible. El propio sector constructor lleva tiempo alertando de estas carencias.

También en Castellón, donde el sector de la construcción advierte de que el ritmo de nuevas promociones y rehabilitaciones está condicionado, tanto por la falta de profesionales cualificados, como por los elevados costes regulatorios y fiscales.

Nuevas y mejores infraestructuras también contribuirían en cierta medida a disminuir el problema de la falta de vivienda y de los precios elevados de la disponible, pues mitigaría parte de la concentración de la demanda en los núcleos metropolitanos; así como, por derivada, facilitaría la atracción de talento para contrarrestar aquella falta de mano de obra y ayudaría a la lucha contra el grave despoblamiento que padece nuestra provincia.

No necesitamos más confrontación. Necesitamos más oferta, más rehabilitación, menos carga fiscal distorsionadora, más incentivos, más formación y mano de obra cualificada disponible, más suelo urbano residencial, más y mejores infraestructuras y, sobre todo, más seguridad jurídica. Solo desde el equilibrio y el sentido común podremos avanzar hacia una vivienda verdaderamente accesible.

Luis M. Martí Bordera - Presidente de CEV Castellón