CASTELLÓ. En los últimos meses he tenido ocasión de reflexionar desde estas páginas sobre algunos de los grandes desafíos de Castellón: la competitividad industrial, el acceso a la vivienda, el reto del capital humano o la gestión de las emergencias. Cuestiones aparentemente distintas que, sin embargo, comparten un mismo denominador común: todas requieren inversión, capacidad de ejecución y una Administración que acompañe, no que ralentice.
Cuando desde el tejido empresarial reclamamos una Administración más ágil, no estamos pidiendo menos controles ni menos garantías. Al contrario. Una economía moderna necesita instituciones sólidas, procedimientos rigurosos y un marco regulatorio estable. Lo que resulta difícil de justificar es que un proyecto empresarial viable permanezca meses —o incluso años— esperando autorizaciones e informes sucesivos de distintas administraciones. Porque el tiempo también es un coste. Y la seguridad jurídica no consiste únicamente en saber qué requisitos deben cumplirse, sino también en poder confiar razonablemente en cuándo se obtendrá una respuesta y en que la norma será aplicada de forma homogénea y previsible, sin quedar al albur de interpretaciones cambiantes.
En una provincia industrial y exportadora como Castellón, donde predominan las pequeñas y medianas empresas, cada expediente paralizado significa una inversión aplazada, un empleo que no llega a crearse o una oportunidad que acaba buscándose en otro lugar.
En los últimos años, distintas administraciones han impulsado planes de simplificación administrativa. Toda iniciativa en esa dirección merece ser reconocida y CEV la ha apoyado públicamente. Pero el éxito de cualquier reforma no se medirá por el número de normas aprobadas, sino por los días que consiga ahorrar a ciudadanos y empresas. Simplificar no significa desregular. Significa eliminar duplicidades, coordinar departamentos, extender la declaración responsable y el silencio administrativo positivo allí donde sea posible y aprovechar la tecnología para rediseñar procedimientos, no solo para digitalizar los ya existentes. Porque digitalizar un procedimiento ineficiente no elimina su ineficiencia; simplemente la acelera.
Tampoco debemos olvidar otra cuestión de fondo: la calidad de nuestras leyes. Un Estado moderno no es el que legisla más, sino el que legisla mejor. Las normas deben ser claras, estables y técnicamente rigurosas, de manera que reduzcan la incertidumbre y ofrezcan seguridad a quienes invierten, emprenden o generan empleo. Las buenas leyes no se miden por su número de páginas ni por la cantidad de regulación que incorporan, sino por su capacidad para ser comprendidas y aplicadas con criterios objetivos y uniformes.
Desde CEV Castellón seguiremos defendiendo una Administración moderna, ágil y plenamente garantista. Facilitar la actividad económica no supone favorecer intereses particulares; significa fortalecer el interés general. Una autorización concedida a tiempo beneficia a quien invierte, pero también al trabajador que encuentra empleo, al proveedor que recibe nuevos pedidos, al municipio que genera actividad y, en definitiva, al conjunto de la sociedad.
Las cuatro tribunas anteriores hablaban, en el fondo, de competitividad. Esta también. Porque competir depende del talento, de la innovación, de la energía o de las infraestructuras, pero también de la capacidad de transformar una buena idea en una realidad. Y esa capacidad exige una Administración que inspire confianza, aporte agilidad y ofrezca un marco normativo claro y predecible, actuando al ritmo que demanda una economía cada vez más dinámica.
Porque menos burocracia no significa menos Estado. Significa, sencillamente, un Estado mejor.
Luis M. Martí Bordera es presidente de CEV Castellón.
________
BOLETÍN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN.
Toda la información empresarial de Castellón, concentrada en un único correo semanal para seguir la actualidad sin perder tiempo. Suscríbete gratis al boletín aquí.
