Supongan ustedes que llevan años pagando religiosamente su cuota de una biblioteca y, de buenas a primeras, los gerentes de esa biblioteca deciden que van a abrir las puertas indefinidamente al público en general. Cuando usted llega como cada tarde a disfrutar de su libro favorito o incluso a buscar información para su trabajo, descubre que no hay ningún sitio libre o que los libros a los que necesita acceder ya están siendo usados por este nuevo público que ha accedido por la política de puertas abiertas de su biblioteca. Imagino que no le hará la más mínima gracia y posiblemente, cuando eso suceda día tras día, elevará una queja a la empresa alegando que usted lleva años pagando para poder obtener ese servicio y que no es justo que ahora cualquiera pueda acceder y hacer el mismo uso que hace usted, pero “gratis total”.

Y solo estamos hablando de libros. No de un asunto de demasiada gravedad.

Vamos un paso más allá. Supongamos que usted consigue con mucho esfuerzo llegar a fin de mes y poner un plato caliente en la mesa cada día, y de un día para otro le dicen que ese plato, que apenas llega para sus tres hijos, ahora ha de repartirse entre seis porque van a ir a diario tres personas más a su casa a comer. Imagino que su indignación será algo mayor que en el caso de la biblioteca.

Pero ahora dejemos de suponer y vamos a la realidad.

Según el INE, la población en España ha aumentado alrededor de tres millones de habitantes en los últimos cinco años y según esos datos oficiales, prácticamente todo el crecimiento poblacional se debe a la llegada de la inmigración.

Durante años el bipartidismo de populares y socialistas ha promovido un modelo migratorio de fronteras abiertas y unas políticas de gestión de esa inmigración que han supuesto un verdadero efecto llamada.

¿Y qué está sucediendo con el Estado del Bienestar, con las ayudas sociales, con la sanidad, con el acceso a la vivienda pública, con los salarios…?

Pues lo mismo que con el plato de comida que el padre tenía para sus tres hijos y que ha de terminar siendo para seis.

En Vox tenemos muy claro que la responsabilidad del gobernante, del que gestiona el dinero de los españoles, es velar por su bienestar, y dado que los recursos de un país no son ilimitados tendrá que priorizar a quién se destinan esos recursos. Igual que el buen padre de familia ha de priorizar a los hijos que tiene en su casa frente a terceros que acaban de llegar.

Otros, tendrán que explicar por qué les escandaliza esta propuesta y por qué están en contra de que se priorice la ayuda a una familia arraigada en España en vez de priorizar a alguien que acaba de llegar. Cuando estén cubiertas las necesidades básicas de todas las personas arraigadas en nuestra nación, será el momento de plantearse extender esas ayudas a otros.

Esos mismos, son los que tendrán que explicar sus propios datos, las cifras del Ministerio que indican que casi el 30% de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital la reciben los extranjeros.

De igual manera ha de suceder con el acceso a una vivienda pública.

La prioridad nacional es una cuestión de justicia, es legítima y responde al compromiso que cualquier gobernante ha de tener para con los que le han dado esa responsabilidad.

Y si el compromiso y la responsabilidad de cualquier gobernante para con sus gobernados es ineludible, el compromiso y la responsabilidad de periodistas y tertulianos debería de ser con la verdad, al margen de sus opiniones, que son suyas y, como no puede ser de otra manera, pueden tener la que consideren oportuna. Pero por desgracia estamos constatando que eso no siempre es así.

Los acuerdos de gobierno de Vox y PP están negro sobre blanco y a disposición de todo aquel que quiera conocerlos. Por eso, flaco favor hacen estos periodistas y tertulianos a sus pretensiones de ser garantes de la libertad y la democracia, de convertirse en el “cuarto poder” como diría Burke, cuando deliberadamente manipulan o incluso mienten para demonizar o estigmatizar una propuesta de Vox perfectamente legal.

¿A quién sirven?

Porque sería cómico si no fuera un tema tan grave, escuchar en algunos medios cosas como esta: “Vox pretende que, si un extremeño se va a Madrid durante unos años, cuando vuelva ya no tendrá arraigo y no tendrá derecho a ayudas sociales”. O la que es mucho más indigna y vergonzosa: “Vox dejara morir a los inmigrantes a las puestas de las Urgencias”.

Para estos juntaletras o juntapalabras, según el caso, todo vale para que sus amos del bipartidismo no pierdan su estatus.

Y como no faltarán los que incluso leyendo estas líneas pretendan acusar a Vox de inhumanidad, ha de quedar meridianamente claro que se garantizará la asistencia en situaciones de urgencia vital y el amparo básico hasta que sea posible que retornen a sus países de origen. Para todo lo demás, prioridad nacional.