Fue allá, por 1971, cuando Icona lanzó su primera campaña contra los incendios forestales. Cuando difundió, en un anuncio, esta pregunta que tenía trampa. Buscaba un culpable con nombre y apellidos.
Un cigarro mal apagado. Una imprudencia. Una barbacoa.
El anuncio terminaba recordando los incendios del año anterior y dejaba la respuesta suspendida como una acusación: Usted, que está viendo esto, podría ser quien quema el monte.
Más de medio siglo después, España está cerrando un verano en el que ha concentrado cerca del 40% de toda la superficie quemada en la Unión Europea.
Y no ha hecho falta irse muy lejos para comprobarlo. Hace solo unos días ardía la Devesa de El Saler, a las puertas de Valencia, en el peor incendio que sufre en cuarenta años. Treinta y siete hectáreas del pulmón verde de la ciudad, del bosque que separaba el Parque Natural de l'Albufera del asfalto, con el viento empujando las llamas hacia el pueblo y obligando a confinar y después a evacuar. El Seprona apunta a que fue intencionado. Pero el fuego encontró, otra vez, un monte cargado de matorral esperándolo.
La pregunta sigue siendo la misma que en 1971.
La respuesta, no.
La inmensa mayoría de los incendios sigue teniendo origen humano: negligencias, quemas agrícolas, accidentes o incendios intencionados. Pero explicar hoy el problema únicamente por quién provoca la primera llama es explicar un incendio solo por la chispa y olvidarse del pajar.
Porque la chispa importa. Pero importa mucho más lo que encuentra cuando cae.
Y lo que encuentra es cada vez más combustible.
Durante décadas hemos vaciado una parte del territorio. Hay menos ganadería extensiva, menos agricultura y menos aprovechamiento del monte. También menos gente viviendo allí y haciendo, muchas veces sin llamarlo así, gestión forestal.
Donde antes se alternaban pastos, cultivos, caminos y monte, ahora aparecen superficies continuas de vegetación, autopistas para el fuego.
Por eso el envejecimiento y la despoblación rural no son solo estadísticas demográficas. También son unas de las causas de los incendios.
A esa transformación se añade otra.
El cambio climático que no enciende el fósforo, pero prepara el escenario: temperaturas más altas, olas de calor más intensas y prolongadas, vegetación más seca y noches en las que la humedad ya no siempre permite a los equipos de extinción recuperar terreno.
Elegir entre ambas explicaciones es absurdo.
Este verano hemos vuelto a hacerlo.
Para unos, los incendios demuestran exclusivamente el cambio climático. Para otros, todo se explica por el abandono del campo y la mala gestión forestal y hablar del clima es una coartada.
Es una discusión bastante estéril porque las causas no compiten.
Se multiplican.
Un territorio con mucho combustible es peligroso. Un episodio extremo de calor y sequedad también. Juntos producen algo bastante peor.
Y después está la política. La que sí tiene nombre y apellidos.
Ahí tenemos una extraordinaria capacidad para exigir responsabilidades en agosto por lo que no se hizo en febrero. Y una capacidad todavía mayor para que nadie las asuma.
La prevención forestal tiene un problema político de manual: cuando funciona, no pasa nada. No hay imágenes, no hay ministros en puestos de mando, no hay presidentes autonómicos delante de un helicóptero. Solo hay monte que no arde. Y no hay titular para eso.
Apagar un incendio da votos. Evitarlo, no. Así que se gasta donde se ve y se recorta donde no se nota, y eso lo han hecho gobiernos de todos los colores, en todas las comunidades, durante treinta años. No es un fallo puntual de este o aquel consejero. Es la forma en que ha decidido funcionar la clase política española, con independencia de quién gobierne. Se anuncia el plan tras el incendio grande, se olvida en octubre y se redescubre en julio que limpiar montes, mantener cortafuegos y pagar pastores cuesta dinero que no da rédito electoral.
La distribución de competencias, que podría ser una herramienta, se ha convertido en su coartada perfecta. Comunidades autónomas, Estado y ayuntamientos, tres niveles de gobierno y siempre alguien un peldaño más arriba o más abajo al que señalar antes de que se apague el último rescoldo. Es un diseño casi perfecto para que ningún responsable político tenga que pagar el precio de no haber prevenido, porque la culpa siempre es repartible.
Un incendio no entiende de organigramas. Pero la clase política española ha aprendido a esconderse muy bien detrás de ellos.
Y quizá ahí esté la principal diferencia con 1971.
Entonces tenía sentido dirigir el mensaje fundamentalmente al ciudadano: no tires la colilla, apaga la hoguera, no hagas fuego donde no debes.
Hoy sigue teniendo sentido.
Pero ya no basta.
Porque hay incendios cuya verdadera historia empezó muchos años antes de que alguien encendiera una cerilla. Empezó cuando desapareció el ganado. Cuando dejó de cultivarse una parcela. Cuando el matorral ocupó el terreno abandonado. Cuando una actuación preventiva se aplazó. Cuando gestionar el monte dejó de resultar rentable y nadie encontró una forma de que volviera a serlo. Y empezó, sobre todo, cuando alguien con capacidad para evitarlo decidió que no le compensaba hacerlo.
Prevenir incendios en 2026 significa también hacer política agraria, ganadera, demográfica, urbanística y forestal.
Y hacerla en enero, cuando nadie mira.
Por eso, si hoy me preguntan quién quema el monte, ya no respondería como aquel anuncio de Icona.
La chispa puede ponerla una persona.
Pero el gran incendio lo hace posible todo lo que dejamos crecer alrededor de ella. Y buena parte de eso lo dejó crecer alguien que gobernaba.
