En las últimas décadas hemos reducido la siniestralidad laboral en más de un 70%. ¿Es un buen porcentaje? Sí. ¿Suficiente? En absoluto. Este es el gran contraste de la seguridad y salud en el trabajo: avances claros y objetivamente positivos que conviven con una realidad que sigue siendo inaceptable mientras haya accidentes graves o mortales.

Mirar atrás y analizar lo ocurrido en los últimos 25 años permite constatar algo incuestionable y es que, como decía, la mejora ha sido profunda. 

Según los datos publicados por el INVASSAT, en lo que respecta a los accidentes con baja en jornada de trabajo, la Comunitat Valenciana ha pasado de registrar 9,75 casos por cada cien trabajadores en 1999 a 2,58 en 2024, lo que supone una reducción del 73,6% en el índice de incidencia.

La tendencia, además, se mantiene. Entre enero y diciembre de 2025, el índice de incidencia se situó en 2,51 casos por cada cien trabajadores, lo que representa un descenso del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

A ello se suma otro dato destacable y es que la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media nacional, que está en los 2,55 casos, y ocupa el tercer puesto en el conjunto de comunidades autónomas, solo por detrás de Madrid y Cataluña.

Como decía, estos datos son buenos, y no son fruto de la casualidad. Responden a un esfuerzo sostenido en el tiempo. Un esfuerzo que, además, no ha sido individual. La prevención de riesgos laborales solo avanza cuando se hace de forma compartida. Empresarios, trabajadores y administraciones públicas hemos contribuido, desde nuestras respectivas responsabilidades, a construir un sistema más sólido. 

Lo hemos hecho, además, en un contexto especialmente complejo. En los últimos años hemos afrontado crisis de enorme impacto —la pandemia, la crisis energética, fenómenos como la Dana de 2024 o la actual incertidumbre internacional— que han puesto a prueba la capacidad de adaptación de nuestro tejido productivo. En ese escenario, mantener e incluso mejorar los indicadores de siniestralidad demuestra que existe una base sólida y un compromiso real. 

Este avance ha sido posible, en parte, gracias a la implementación de las nuevas Estrategias Española y Valenciana de Seguridad y Salud en el Trabajo (2022-2027 y 2025-2029), que han apostado por una mayor accesibilidad, simplificación y aplicación efectiva de la normativa preventiva, especialmente en las pymes.

Igualmente, hemos seguido reforzando la implicación de empresarios y trabajadores en la gestión preventiva de acuerdo con las tendencias actuales, porque el entorno sigue cambiando, y con él, los riesgos. Hoy, la prevención no puede limitarse a los riesgos tradicionales. Factores como las nuevas formas de organización del trabajo y los riesgos psicosociales han adquirido un peso creciente. A ello se suma un desafío estructural que para la CEV es de capital importancia: el envejecimiento de la población activa y la incorporación de trabajadores menores. 

El reto demográfico, con una recentísima regularización de inmigrantes en marcha va a ser uno de los más exigentes de las próximas décadas a acometer en España no solo desde la perspectiva del sistema público de pensiones sino también desde el prisma de la gestión preventiva.  Una sociedad más longeva nos va a exigir que el reto demográfico esté íntimamente unido a las políticas de salud pública y al ámbito de la salud y la seguridad laboral, y, por ende, de la gestión de los recursos humanos en las empresas.

En pos de este objetivo, además de la investigación en medicina preventiva y longevidad de las plantillas, de campañas de promoción de la salud para este colectivo de trabajadores y de extender el concepto de empresa saludable para alcanzar la excelencia en cultura preventiva y bienestar de la plantilla, se nos antoja imprescindible elaborar y difundir herramientas para facilitar la incorporación de la perspectiva de edad en las políticas preventivas.

En definitiva, debemos seguir consolidando y mejorando las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajos de nuestras empresas porque una actividad preventiva eficaz contribuye, en primer lugar, a proteger la salud de los profesionales en los centros de trabajo y, por añadidura, constituye un valioso factor de competitividad para la empresa además de producir beneficios a la sociedad en general, traducidos en un ahorro de costes para el sistema público de protección sanitaria nacional que si es deseable en cualquier momento del ciclo económico, se antoja cada vez necesario para contribuir al empuje y despegue de nuestra economía y prosperidad social.

Sin embargo, y como señalaba al inicio, en materia de siniestralidad nunca podemos dar la batalla por ganada, no cuando todavía hay personas de nuestra Comunitat que sufren accidentes laborales graves o, lo que es una tragedia, mortales, por causas que no deberían tener cabida en el siglo XXI.

En consecuencia, aunque mantengamos uno de los mejores índices de incidencia de siniestralidad de España y la tendencia del último semestre es de reducción en términos generales, debemos ocuparnos de esos accidentes mortales que continúan, dolorosamente, produciéndose en nuestro territorio. De ahí que lance una propuesta aprovechando esta tribuna: elaborar un plan de choque contra la siniestralidad muy grave y mortal de origen traumático, con el concurso de la administración autonómica y de las organizaciones sindicales, a través de medidas concretas para atajar esta lacra.

Que siga habiendo accidentes graves o muy graves en los puestos de trabajo es algo con lo que no podemos conformarnos. Reducir la siniestralidad está muy bien, pero el siguiente paso tiene que ser más ambicioso.

Vicente Lafuente es presidente de la CEV