Un territorio empieza por aceptar que lo denominen «comunidad» y acaba consintiendo sin rechistar la pérdida de su autonomía. Esta es la realidad valenciana: un pueblo que asume con resignación un hecho tan significativo como preocupante. Su destino no depende solo de los intereses partidistas —que ya es triste—, sino también de los de quienes dirigen los partidos desde Madrid. Imagínense qué lugar ocupan las necesidades de los valencianos en la lista de prioridades de quienes finalmente toman las decisiones.
La situación se reproduce a izquierda y derecha. Los partidos valencianos funcionan con demasiada frecuencia como sucursales de sus respectivas direcciones nacionales y subordinan las particularidades del territorio a las estrategias de sus organizaciones. El silencio de sus representantes tiene una explicación: quien antepone la disciplina de partido a la defensa de los intereses valencianos difícilmente pondrá en riesgo su propia posición. Es una lógica comprensible desde la perspectiva de la supervivencia política, pero difícilmente justificable desde la responsabilidad asumida ante los electores.
Lo que no es lógico ni normal es que el pueblo valenciano dé por buena la renuncia, en la práctica, a su autonomía. La subordinación política tiene consecuencias que van más allá de las instituciones. La infrafinanciación autonómica limita la capacidad de la Generalitat para atender sus obligaciones y sostener unos servicios públicos de calidad, mientras que las decisiones de inversión del Estado condicionan el desarrollo de infraestructuras estratégicas. La cuestión no es atribuir todos los problemas valencianos a Madrid, sino preguntarse por qué la defensa de los intereses del territorio no ocupa un lugar prioritario en la agenda de quienes lo representan.
A la falta de recursos propios se suma la infrainversión de los distintos ministerios en el territorio valenciano, denunciada recientemente por sectores empresariales. De los grandes partidos no cabe esperar una reivindicación firme en esta materia. Fíjense, si no, en el panorama: Diana Morant, del PSPV, cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno central, mientras que el presidente de la Generalitat, del PP, necesita el beneplácito de Madrid para volver a ser candidato. ¿Realmente alguien cree que alguno de ellos puede levantar la voz en defensa de los valencianos?
Tampoco Compromís ha logrado convertir su posición política en Madrid en una capacidad de negociación equiparable a la de otras formaciones territoriales. La debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez abría una oportunidad para situar las principales reivindicaciones valencianas en el centro de la agenda estatal. Que esa oportunidad no se haya traducido en resultados suficientes plantea una pregunta incómoda para la coalición: ¿de qué sirve reivindicar una voz propia si no se consigue que influya en las decisiones?
La irrelevancia política valenciana amenaza con vaciar de contenido efectivo su autonomía. ¿Puede permitirse ese lujo el pueblo valenciano? ¿Hasta cuándo va a tolerar que sus intereses queden siempre por detrás de los objetivos del político de turno en Madrid?
La sociedad valenciana necesita un proyecto capaz de convertir sus reivindicaciones en una prioridad política, más allá de las estrategias de las direcciones nacionales. Para construirlo ni siquiera es imprescindible compartir una misma idea de identidad: basta con reconocer que la financiación, las infraestructuras, los servicios públicos y la capacidad de decisión son asuntos que afectan al conjunto de la ciudadanía. La defensa de los intereses valencianos puede reunir sensibilidades distintas si se articula en torno a objetivos concretos y compartidos.
En este contexto surge Agenda Valenciana, el proyecto político impulsado por José Ramón Chirivella, expresidente de Juristes Valencians, que durante años ha defendido la recuperación del derecho civil valenciano, abolido por el Decreto de Nueva Planta de 1707. Valencia es el único de los territorios peninsulares de la antigua Corona de Aragón que no ha recuperado su derecho civil propio. Aragón lo restableció en 1711, mientras que Cataluña conservó el suyo. Esta diferencia histórica ayuda a entender la singularidad de la reivindicación valenciana y las dificultades que ha encontrado para abrirse camino.
La iniciativa de Chirivella podría constituir un punto de partida, siempre que exista voluntad de mantenerla más allá de una cita electoral. La identidad política de un territorio no se construye de un día para otro, pero puede erosionarse durante décadas cuando sus representantes dejan de defender sus intereses. Hace falta convicción, pedagogía y una implicación que trascienda a los partidos.
Solo así podrá hablarse de una verdadera autonomía valenciana. O, lo que es lo mismo, de un territorio que verdaderamente pinta algo.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
