CASTELLÓ. La Unión Europea ha construido buena parte de su relato económico y político sobre el llamado modelo europeo, basado en derechos laborales, sostenibilidad ambiental, transparencia y competencia justa. Sin embargo, el anunciado acuerdo de libre comercio entre la UE e India obliga a preguntarse hasta qué punto ese relato sigue siendo creíble.
El contexto global ha cambiado. El sistema multilateral que ha regido el comercio internacional durante décadas se resquebraja y las grandes economías buscan nuevos socios con los que asegurar cadenas de suministro y acceso a mercados. En ese escenario, la Unión Europea ha desplegado todo su potencial negociador para cerrar un acuerdo comercial con India, un país que emerge como un socio atractivo, con un mercado potencial de más de mil millones de habitantes y con una clase media-alta en expansión.
Pero el atractivo económico no debería ocultar una realidad incómoda. La Unión Europea está dispuesta a firmar un acuerdo de libre comercio con un país cuyos estándares sociales, laborales y medioambientales están muy lejos de los que se exigen a los productores europeos. Y esta brecha no es menor.
Organizaciones internacionales de referencia, como Amnesty International, han documentado vulneraciones sistemáticas de derechos laborales en sectores industriales clave de India, con especial incidencia en la industria manufacturera. Paralelamente, las propias autoridades indias reconocen graves deficiencias en el control ambiental: centenares de tramos fluviales contaminados por vertidos industriales sin tratar y un sistema sancionador que resulta ineficaz.
Si, como sostiene la Comisión Europea, el objetivo es garantizar un entorno de competencia justo y equilibrado (level playing field), la cerámica constituye un ejemplo evidente de que ese equilibrio no existe. La industria europea de baldosas cerámicas denunció a India por prácticas de dumping y, aunque la investigación no resultó especialmente eficaz, sí concluyó que existía dumping, lo que dio lugar a la imposición de derechos antidumping de entre el 6 % y el 8 %. Unas medidas claramente insuficientes, como demuestra el hecho de que, desde 2019, las importaciones de producto cerámico indio en la Unión Europea hayan aumentado un 156 %, incluso con estas medidas en vigor.
El nuevo acuerdo agrava aún más la situación. La eliminación del arancel previo del 5 % deja a la industria cerámica europea con una única línea de defensa: las medidas antidumping. Es decir, Bruselas traslada la responsabilidad de protegerse al propio sector, y abre las puertas a la entrada de productos que incumplen todas las bases sobre las que se asienta el proyecto europeo, además de contar con una enorme sobrecapacidad productiva y costes estructuralmente más bajos.
Las cifras ilustran bien la asimetría. India produce más de 2.400 millones de metros cuadrados de baldosas cerámicas y exporta alrededor de 600 millones, de los que cerca de 50 millones de metros cuadrados se destinan al mercado europeo. En sentido contrario, el total de la producción europea es de 1.000 millones de metros cuadrados y las exportaciones a India apenas superan el millón de metros cuadrados. Hablar de reciprocidad en este contexto resulta, cuanto menos, discutible.
El mensaje que se envía desde las instituciones europeas es doblemente preocupante. No solo se traslada que la protección de sectores industriales estratégicos pasa a un segundo plano frente a la necesidad de cerrar acuerdos comerciales, sino que también se diluye el propio sistema de valores que la Unión Europea dice defender. La diferencia entre excluir o no a la cerámica de este acuerdo es eliminar un arancel del 5 %, que no iba a marcar una diferencia sustancial a nivel comercial, ni a impedir la entrada de cerámica india en Europa, pero sí habría enviado un mensaje claro a la industria europea: que la Unión había hecho todo lo que estaba en su mano para protegerla. Hoy, sin embargo, la conclusión es evidente: en nombre del pragmatismo comercial, se está dispuesto a sacrificar coherencia, valores y tejido productivo.
Alberto Echavarría
Secretario General de ASCER
