CASTELLÓ. La construcción de vivienda protegida sigue estancada en la provincia de Castellón, donde encadena ya tres ejercicios sin nuevas promociones culminadas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana —correspondientes a planes estatales y autonómicos—, en 2025 la provincia no registró ninguna calificación definitiva de vivienda protegida, después de dos anualidades anteriores también en blanco, en un contexto de escalada de precios y de escasez residencial.
La perspectiva de los últimos años confirma una tendencia descendente prolongada después de la crisis inmobiliaria de 2008. Durante la última década, las calificaciones definitivas apenas han alcanzado las 198 unidades, con ejercicios testimoniales y varios años sin actividad, muy lejos de los niveles que históricamente caracterizaron a la provincia. En el año 2008, en plena recesión, aún se calificaron 316 viviendas en la provincia pero a partir de ese momento se inició el progresivo descenso. 2012 fue el último año en que todavía se contabilizó una cifra de tres dígitos, con 144 viviendas protegidas con calificación definitiva.
Desde 2020, la evolución refleja un desplome progresivo. Ese año se aprobaron 59 viviendas protegidas, una cifra que se repitió en 2021 y que supuso el último nivel de actividad mínimamente significativo. A partir de entonces, la caída fue abrupta: en 2022 apenas se calificaron cuatro viviendas y, desde 2023 hasta 2025, no se ha registrado ninguna promoción culminada. En conjunto, Castellón solo ha sumado 122 viviendas protegidas en seis ejercicios, con el 97% concentrado en los dos primeros años del periodo.
El contraste resulta especialmente significativo si se compara con la década de los noventa, cuando la vivienda protegida alcanzó sus máximos históricos, con picos cercanos a las 1.900 viviendas anuales y varios ejercicios por encima de las 1.400 unidades. Entonces, la vivienda protegida constituía un elemento estructural del mercado residencial; hoy, en cambio, su producción se sitúa en mínimos históricos tras una caída sostenida iniciada tras la crisis inmobiliaria de 2008 y acentuada durante la década posterior.
Las perspectivas tampoco apuntan a un cambio de tendencia, al menos a corto plazo, puesto que en 2025 tampoco se registraron calificaciones provisionales y desde 2020 apenas suman 123 viviendas calificadas de manera provisional, según los datos del Ministerio.
A nivel autonómico, en los últimos cinco años, la Comunitat Valenciana ha mantenido una actividad continuada en vivienda protegida, con calificaciones definitivas anuales que han oscilado entre 274 y 742 unidades, sin registrar ejercicios en blanco, lo que contrasta con la situación de Castellón. A nivel nacional, la vivienda protegida también enfrenta tensiones, pero sin llegar al colapso provincial: en 2025 se calificaron 11.104 viviendas protegidas, un 22,7% menos que en 2024, y se trata del segundo mejor registro desde 2014, tras el máximo de 14.371 unidades del año anterior.
Reactivación en la capital
Con todo, desde las administraciones se están dando pasos para revertir esta situación. Un ejemplo es el Plan Vive, impulsado por la Generalitat Valenciana, y que en la capital, Castelló de la Plana, ha permitido activar 123 viviendas de protección pública (VPP) en el barrio de Censal. Asimismo, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha activado cinco desarrollos urbanísticos que permitirán reintroducir vivienda protegida en los próximos años tras varios ejercicios sin promociones culminadas. En conjunto, suman cerca de 3.800 nuevas viviendas, con una presencia significativa de protección pública. El mayor ámbito es Río Seco, junto al Hospital General, con unas 2.000 viviendas, aproximadamente la mitad protegidas, tras desbloquearse un sector paralizado durante dos décadas. Le sigue SR-Censal, con alrededor de 1.000 viviendas vinculadas a un gran parque urbano y nuevos equipamientos. El sector Soler i Godes, ya en urbanización, prevé 439 viviendas, de las que 236 serán VPP (más del 50%). A menor escala, la UER Gran Vía contempla unas 200 viviendas con entre un 10% y un 30% protegidas, mientras que Donoso Cortés añadirá 109 viviendas, 36 de ellas protegidas. Aunque en distintas fases de tramitación, estos ámbitos marcarán el próximo ciclo residencial de la capital y permitirán aliviar parcialmente la escasez estructural de vivienda asequible.
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