CASTELLÓ. Un propietario de Castellón que hasta ahora tenía su vivienda alquilada empieza a preguntarse si le compensa seguir haciéndolo. Al mismo tiempo, una familia que busca un piso de 80 metros cuadrados en la capital difícilmente encontrará uno por menos de 700 o 750 euros al mes. Entre ambos extremos se encuentra ahora el mercado del alquiler: los primeros temen que las nuevas reglas aumenten el riesgo de arrendar y los segundos se enfrentan a una oferta escasa y unas rentas que ya han alcanzado niveles difíciles de asumir.
El mercado del alquiler de Castellón afronta una situación de difícil equilibrio. Mientras los inquilinos siguen encontrándose con precios elevados y una oferta limitada, los propietarios comienzan a mirar con incertidumbre las nuevas medidas de vivienda que impulsa el Gobierno, ante el temor a que algunas de ellas puedan complicar la recuperación de una vivienda en caso de impago o limitar su capacidad para decidir sobre la continuidad de los contratos.
Esa inquietud ya se está trasladando a las inmobiliarias. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Castellón, Francisco Nomdedéu, asegura que está recibiendo consultas de propietarios que quieren conocer cómo pueden afectarles las nuevas medidas y señala que algunos de ellos han optado incluso por retirar temporalmente viviendas que tenían ofertadas en alquiler hasta conocer con mayor precisión el alcance de los cambios.
La reacción se produce en un mercado que, al otro lado, tampoco ofrece demasiado margen a quienes buscan vivienda. Según explica Nomdedéu, los precios del alquiler en Castellón se han mantenido en niveles elevados durante los últimos meses y apenas han experimentado variaciones. Como referencia, señala que en la ciudad de Castelló resulta ya muy difícil encontrar una vivienda de unos 80 metros cuadrados por debajo de los 700 o 750 euros mensuales.
El resultado es una paradoja: los precios parecen haber alcanzado un techo por la propia capacidad económica de las familias, pero el acceso a una vivienda puede seguir complicándose si parte de los propietarios decide salir del mercado del alquiler.
El temor de los propietarios
El principal foco de preocupación entre los propietarios está relacionado con las medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables. El decreto que previsiblemente podrá ser convalidado por la Diputación Permanente amplía hasta 2030 determinados mecanismos de protección y establece que, en determinados supuestos, los procedimientos puedan suspenderse cuando el ocupante sea vulnerable y no disponga de una alternativa habitacional. También contempla mecanismos para que las administraciones asuman el pago de las cantidades necesarias para evitar un desahucio por impago cuando no se facilite una alternativa habitacional.
Para el propietario particular, explica Nomdedéu, la cuestión que genera más incertidumbre es qué ocurre si el inquilino deja de pagar y se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Aunque la norma incorpora mecanismos de compensación y garantías para el arrendador, la primera reacción que están detectando los profesionales inmobiliarios es de cautela.
Desde el Colegio de APIs trasladan por ello un mensaje de calma a los propietarios y recomiendan conocer primero el contenido definitivo de las medidas antes de tomar decisiones. El decreto incorpora, de hecho, incentivos fiscales destinados a favorecer el alquiler y contempla deducciones que pueden alcanzar hasta el 100% en determinados nuevos contratos que reduzcan la renta en más de un 5% respecto al contrato anterior y cumplan las condiciones establecidas.
Pero esos incentivos todavía no parecen suficientes para despejar todas las dudas. La preocupación no está tanto en la evolución inmediata del precio como en el riesgo que algunos propietarios perciben asociado a mantener una vivienda arrendada, especialmente cuando se trata de pequeños propietarios que cuentan con uno o pocos inmuebles.
Menos viviendas en alquiler, más selección de inquilinos
La consecuencia que más preocupa al sector inmobiliario es precisamente que esa incertidumbre termine afectando a la oferta. Nomdedéu advierte de que, si propietarios que actualmente alquilan sus viviendas deciden retirarlas, el mercado tendrá todavía menos producto disponible para atender una demanda que ya es elevada.
Y eso no necesariamente tendría que traducirse en nuevas subidas de precios. El propio presidente de los APIs considera que el alquiler tiene poco recorrido adicional al alza porque la capacidad económica de las familias también ha llegado a un límite. Los salarios, apunta, no han evolucionado al mismo ritmo que las rentas y los hogares tienen cada vez menos margen para asumir nuevas mensualidades.
La tensión podría trasladarse, por tanto, a otro punto: quién consigue acceder a una vivienda.
Con menos oferta disponible, los propietarios podrían elevar todavía más los requisitos para seleccionar al inquilino y buscar perfiles que ofrezcan mayores garantías de solvencia y estabilidad. En la práctica, esto puede dejar fuera a hogares con ingresos más ajustados, empleos más precarios o una situación económica que no encaje con las exigencias de un propietario que quiere minimizar el riesgo de impago.
“No necesariamente subirán los precios, pero sí puede ser más difícil acceder al alquiler”, es, en esencia, la lectura que trasladan desde el sector.
La venta, otra posible salida
Otra de las consecuencias que el sector inmobiliario empieza a contemplar es que algunos propietarios puedan cambiar de estrategia y sacar sus viviendas del mercado del alquiler para destinarlas a la venta.
Este escenario cobra especial relevancia ante el segundo decreto impulsado por el Gobierno, el que plantea modificar el régimen de duración de los contratos de vivienda habitual. El texto establece una prórroga automática de los contratos una vez agotado el periodo mínimo, aunque contempla excepciones, e incluso prevé penalizaciones para los propietarios que no quieran renovar.
Sin embargo, este segundo decreto es precisamente el que tiene más complicado salir adelante. El PNV ha confirmado que apoyará el primer decreto de vivienda, pero votará en contra del texto que establece la renovación automática de los alquileres, por lo que previsiblemente no será convalidado.
Eso deja sobre la mesa una diferencia relevante entre ambos textos. El primero concentra medidas como la protección frente a determinados desahucios, la prohibición de compra de vivienda por parte de los fondos buitres, la regulación de los alquileres temporales y turísticos, y los incentivos fiscales para propietarios e inquilinos; el segundo es el que plantea una modificación más profunda de la continuidad de los contratos.
Un mercado que llega al límite
Mientras se despeja el futuro de estas medidas, el mercado del alquiler en Castellón sigue enfrentándose a su problema estructural: una demanda elevada frente a una oferta insuficiente y unos precios que han reducido al mínimo el margen de muchas familias.
Para los APIs, el reto está ahora en evitar que la incertidumbre regulatoria termine teniendo un efecto añadido sobre esa oferta. La recomendación a los propietarios es esperar a conocer el alcance definitivo de las medidas y valorar los incentivos y mecanismos de protección que incorpora la nueva normativa antes de retirar una vivienda del mercado.
Porque, en última instancia, el mismo problema aparece desde las dos orillas: el inquilino necesita más viviendas disponibles y a precios asumibles, mientras que el propietario necesita seguridad suficiente para estar dispuesto a ponerlas en alquiler.
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