VALÈNCIA. Aumentar la oferta de vivienda asequible es uno de las principales objetivos de la Generalitat Valenciana para intentar rebajar la alta presión en el mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana. El proyecto estrella para conseguirlo es el 'Plan Vive', que prevé levantar 10.000 nuevas viviendas de protección pública esta legislatura y que está articulado a través de diferentes mecanismos para cumplir este hito. Ahora, en el ecuador de la legislatura y ante la necesidad de acelerar la salida más producto al mercado, se exprime una nueva vía: la movilización de suelos dotacionales de uso residencial que tienen los ayuntamientos en desuso para alquiler asequible.
Se trata de solares resultantes de las reservas públicas de suelo de cualquier planeamiento o desarrollo urbanístico y, según la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), están destinados a vivienda para residencia permanente en régimen de alquiler, para colectivos desfavorecidos, personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años. Por tanto, su regulación está incluida en la normativa urbanística valenciana de 2014 bajo el término residencial dotacional (QR).
No obstante, como suele pasar con gran parte de las parcelas de titularidad pública, los limitados recursos de la Administración complican su puesta en carga, por lo que muchos de ellos están baldíos. De ahí que, ante la emergencia habitacional actual, se les quiera dar salida a través de una nueva convocatoria pública que prepara la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) y que saldrá previsiblemente en los primeros meses de 2026.
Así lo avanzó hace unos días Estefanía Martínez, directora general de la EVha, en una mesa redonda en el marco del Encuentro Inmobiliario 2025, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) junto a Cuatrecasas. Durante su participación en un coloquio, detalló que la intención es movilizar este tipo de suelos dotacionales de uso residencial de aquellos municipios que se han adherido al Plan Vive. En estos casos, explicó que la fórmula que se va a implementar es una concesión administrativa, por la cual la administración ofrece un terreno a un agente privado, pero no pierde la titularidad del suelo porque la obra se resarce con la explotación de los alquileres durante un periodo de explotación determinado.
- La directora de la EVHA, Estefanía Martínez, durante su participación en las jornadas
Se trata, por tanto, de un método similar al derecho de superficie mediante el cual la Administración ofrece un suelo a un agente privado que construye un edificio que opera en un plazo de tiempo fijado. No obstante, para la movilización de estas parcelas dotacionales, los Ayuntamientos no van a ceder los suelos a la EVha, como sí se ha hecho en otras convocatorias públicas del Plan Vive, sino una mutacion demanial para que la EVha pueda licitarlas.
Una nueva vía para incrementar la oferta en la Comunitat Valenciana con suelos sin ejecutar y que no tendrían salida mediante otra fórmula. De hecho, Martínez señaló que la principal diferencia entre el Plan Vive valenciano y el Plan Vive de la Comunidad de Madrid es que en la capital "todo es viable" y salen los número a los promotores bajo cualquier régimen de colaboración público-privada como el derecho de superficie que, en cambio, en la Comunitat "ha sido poco exitoso".
Nuevas permutas
Tanto es así que admitió que el 80% de las licitaciones con esta fórmula han quedado desiertas y las que sí han salido adelante es porque llevaban ayudas europeas para la promoción. Por ello, se decidió cambiar la estrategia y apostar por las permutas, que han tenido un éxito "del 95% en las licitaciones", resaltó. Ante este dinamismo, Martínez avanzó que su departamento ya está trabajando, en paralelo a los suelos dotacionales de uso residencial, en nuevas convocatorias de permutas para antes de que finalice el año lanzar nuevas convocatorias para otras poder levantar otras 1.000 viviendas de protección pública en la región.
Bajo esta modalidad, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas terminadas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Por tanto, permite, por un lado, a la Administración contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región, en un momento en el que el sector urge a la salida de nuevos desarrollos ante la escasez de suelo en la mayoría de ciudades españolas.
En este momento, las permutas que ya se han licitado en el marco del Plan Vive han generado un gran 'apetito' entre el empresariado y ya se han adjudicado más de 1.700 viviendas, de las que unas 300 unidades irán directamente destinadas al parque público. Y se ha hecho, a través de la movilización de suelo público, tanto autonómico como municipal, a través de una decena de licitaciones públicas.
Unas convocatorias a las que han concurrido más de una treintena de compañías y en las que, por el momento, se coronan como claras vencedoras tres de ellas, que aglutinan el grueso de las viviendas que se van a construir bajo está fórmula. Se trata del grupo murciano Hozono Global, a través de su filial Abala Infraestructuras; la vasca Livanto; y la castellanomanchega Albaluz. De ahí que se quiera repetir esta movilización con nuevos concursos y, a su vez, explorar nuevos métodos de colaboración público-privada para sacar nuevo producto al mercado y atender la alta demanda habitacional en la Comunitat.
