VALÈNCIA. La crisis de la vivienda en la mayoría de grandes ciudades españolas ha llevado a muchas administraciones a tomar medidas para intentar rebajar la tensión en el mercado inmobiliario. En la Comunitat Valenciana, el 'Plan Vive' es el proyecto estrella de la Generalitat Valenciana para conseguir aumentar la oferta asequible, descongestionar la demanda y ofrecer una solución a buena parte de la ciudadanía que no puede acceder a una vivienda con los precios actuales. Su modelo se basa en la movilización del suelo público, tanto autonómico como municipal, a través de la colaboración con el sector privado para el ambicioso objetivo de construir 10.000 viviendas esta legislatura. Una cifra nada menor que, en el ecuador de la legislatura, deja claro que alcanzar el objetivo no será tarea fácil.

Por el momento, la vía preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra futura. Es decir, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Esta fórmula es la que está tirando de este plan, aunque también ha habido otras vías menos exitosas, como la cesión de derechos de superficie, por la cual la administración entregaba suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles.

Por tanto, actualmente, el 'Plan Vive' está cimentando su desarrollo en las permutas. Y, por el momento, con este método ya se han movilizado más de una treintena de solares en diferentes puntos de la geografía española, que permitirán levantar cerca de 1.770 viviendas, según ha podido comprobar este diario de las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contrataciones del Estado. Y de ellos, solo dos suelos, uno en Torrent y otro en Albal, han quedado desiertos.

Este volumen de más de 1.700 unidades es el que está adjudicado y pendiente de la concesión de licencias para el inicio de las obras, por lo que su salida al mercado no será inmediata. Paralelamente, hace un mes que se ha abierto la licitación de otras seis parcelas en los municipios de El Puig de Santa María, Manises y València que permitirá la construcción de más de 300 viviendas de protección pública. En suma, en estos momentos en permutas hay 2.000 viviendas en tramitación, pero sin empezar las obras.

Ante esta situación, desde el sector se reclama más celeridad en la salida de nuevos solares y su adjudicación, dado que los dilatados plazos constructivos, de cerca de 18 meses, sumado a los tiempos de baremación de las ofertas impiden que las obras vayan a estar listas para final de legislatura. No solo eso, sino que al ritmo actual lo más previsible es que, incluso, gran parte de los trabajos se encuentren en una fase incipiente.

En cualquier caso, lo que es un hecho es que se han reactivado suelos en la región y, por tanto, nuevas promociones. Todas ellas, además, de protección pública, VPO, aunque su destino final dependerá del promotor: podrán ser o bien para alquiler asequible o compraventa. Lo que sí ha quedado fijado es que un importante volumen de esos inmuebles se los quedará la Administración valenciana, concretamente la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), en concepto de permuta. Así, de esas 1.770 viviendas adjudicadas, unas 300 unidades irán a la ampliación del parque público previsiblemente de alquiler asequible.

Otras 221 en marcha por la vía del derecho de superficie

El éxito de las permutas reside en que, por un lado, a la Administración le permite contar con vivienda terminada para el parque público de forma más rápida, a la vez que se promueve la actividad constructora y promotora en la región. De este modo, se entregarán suelos públicos a promotores a cambio de vivienda terminada.

Sin embargo, en un primer intento no fue la primera opción escogida por la Administración. Siguiendo la estela de lo que se había hecho en otras legislaturas, la Conselleria utilizó el modelo de la cesión de derechos de superficie, por la cual entregaba suelo a los agentes privados para construir vivienda de alquiler asequible durante un periodo de tiempo determinado, pero siempre manteniendo la propiedad de los inmuebles.

Ya con el Consell del Botànic de Ximo Puig varios concursos con este modelo quedaron desiertos. Y no fue diferente en la primera convocatoria del actual gobierno autonómico de Carlos Mazón. De los 13 solares que licitó solo adjudicó dos en València y Benidorm a la promotora Culmia y el resto no recibieron ofertas, de ahí que se decidiera una nueva estrategia y recurrir a las permutas, algo que, a la vista de los resultados, ha sido un acierto de la Conselleria que dirige Susana Camarero.

Actualmente, esas bolsas empiezan a movilizarse. En total, serán 221 viviendas protegidas, 104 en València y otras 117 en Benidorm. La empresa, en este caso CUmia, asumirá la conservación y mantenimiento de los edificios, así como la gestión y explotación del alquiler. El pliego del concurso contemplaba la cesión del derecho de superficie por un plazo de 55 años, prorrogables a 20 años más.
 

Otras 1.000 viviendas licitadas por el Botànic

Paralelamente, la Generalitat ha activado las primeras viviendas del concurso de 1.090 unidades que se licitó y adjudicó hace dos años durante la época del Botànic a la UTE Urbania-Visoren. Un gran lío jurídico con la redacción del pliego ha retrasado el inicio de las obras y ha llevado a que la adjudicataria haya renunciado a la construcción de uno de sus tres lotes con 389 VPO en Valencia. El actual equipo de la Conselleria ha tenido que desatascarlo el embrollo para que pudieran iniciarse los trabajos y en abril de este año 2025 arrancaron las primeras 34 unidades en Alicante.

Esta convocatoria de derechos de superficie estaba formada por 17 suelos públicos, divididos en tres lotes, y contaba con 54 millones de euros de fondos europeos, que obligan a que esos inmuebles estén finalizados en junio de 2026. Ante la imposibilidad de cumplir el plazo, la UTE renunció a uno de los paquetes.

En cuanto al avance constructivo del resto de inmuebles de este concurso, por el cual se cedían esos solares a promotores para levantar edificios en régimen de alquiler asequible, ambas compañías decidieron dividirse los dos lotes. Así, en este momento, Urbania ya ha arrancado las obras de las primeras 34 viviendas en Alicante y avanza en el desarrollo de otras 58 viviendas en El Campello; y otros dos proyectos en Sant Joan para 69, 95 y 59 unidades, todos ellos incluidos en ese primer paquete.

Por su parte, Visoren se encargará del segundo paquete, formado por seis terrenos, de los que cuatro son en el sector de L'Alquería en Sant Joan para construir 68, 79, 68 y 74 inmuebles. Los otros dos suelos se ubican en la calle Huerta de San Vicente del Raspeig para otras 16 y 20 viviendas. La previsión es que empiece a movilizarse en breves, aunque, por el momento, no hay fecha.