CASTELLÓ. Las industrias estratégicas y tradicionales de la Unión Europea, entre ellas la cerámica, redoblan su presión ante las políticas energéticas comunitarias y los planes de incrementar aún más los costes del CO₂. Así, federaciones de doce sectores de uso intensivo de energía han impulsado un manifiesto en el que reclaman a Bruselas que adopte medidas inmediatas para abaratar los precios de la energía, que suspenda los costes adicionales asociados a las emisiones de CO₂ previstos en 2026 y y ponga en marcha iniciativas de protección frente a la competencia desleal de terceros países.
Esta alianza se presenta como clave para reorientar las políticas de la Unión Europea. Está en juego la continuidad de industrias fundamentales del continente, que engloban sectores como el azulejo, el cemento, la construcción, el transporte, la energía, las baterías, los semiconductores, la seguridad alimentaria y la defensa. Las federaciones europeas que promueven el documento representan concretamente a los sectores del azulejo (Ceramic Unie), la química (Cefic), el papel (Cepi), el cemento (Cement Europe), el hierro (Euroalliages), la cal (EuLA), la minería (Euromines), los metales (European Metals), las arcillas (ExCa), el vidrio (Glass Alliance), los fertilizantes (Fertilizers Europe) y la energía (Ifiec).
Crisis energética, precio del CO₂ y competencia comercial desleal
Los firmantes advierten de que estas industrias están perdiendo competitividad de forma acelerada desde 2008, lo que ha provocado desde entonces la pérdida de 1,5 millones de empleos y una caída de la producción de hasta el 40 %. Señalan tres razones principales que socavan su viabilidad: en primer lugar, la persistencia de la crisis energética, que ha elevado los costes hasta el doble de los niveles anteriores a la crisis; en segundo lugar, el fuerte incremento del precio del CO₂, que actualmente es cuatro veces superior al del periodo previo a la Covid; y, en tercer lugar, la existencia de prácticas comerciales desleales, agravadas además por “los aranceles estadounidenses”.
Asimismo, alertan de que los costes regulatorios “seguirán aumentando en los próximos años”, mientras que se prevé "que los impactos negativos de las prácticas comerciales desleales se intensifiquen tanto dentro de la UE como en los mercados de exportación".
El sector del azulejo es un ejemplo de esta situación. Por un lado, ha sufrido un fuerte aumento de costes derivado de la crisis energética y, por otro, se enfrenta ahora a dos amenazas adicionales: el recorte de los derechos gratuitos de CO₂ entre 2026 y 2030, que podría suponer un coste de unos 160 millones de euros para el sector en Castellón, y el tratado de libre comercio entre la UE e India, que deja totalmente desprotegida a la industria europea frente a las prácticas desleales de las importaciones procedentes del país asiático.
Llamamiento a la UE para adoptar medidas urgentes
En este contexto, las doce asociaciones europeas que integran a las industrias de uso intensivo de energía reclaman medidas urgentes a Bruselas. En materia energética, piden “iniciativas concretas a corto plazo que reduzcan de inmediato los costes totales del sistema energético”, junto con “una hoja de ruta clara para una reducción sostenible a largo plazo”. Para que la electrificación sea económicamente viable, señalan, “deben movilizarse todos los instrumentos disponibles con el fin de acercar los costes totales de la electricidad industrial en la UE a los 50 euros por megavatio hora”, en lugar de fijar objetivos basados en un porcentaje de electrificación.
Por otro lado, rechazan los aumentos adicionales previstos en los costes del carbono a partir de 2026. Consideran que “serían perjudiciales, dada la gravedad de las crisis actuales y el contexto internacional”, y recuerdan que la condición previa clave para la descarbonización industrial -el acceso a energía renovable competitiva y el desarrollo de infraestructuras adecuadas- "no se cumplirá ni en 2026 ni en los años siguientes".
Por ello, reivindican que se suspenda el recorte de las asignaciones gratuitas de CO₂ a partir de 2026 y que los ingresos obtenidos por este concepto se redirijan a inversiones hacia la transición verde. “Incrementar los costes del carbono va directamente en contra del objetivo del Pacto Industrial Limpio de restaurar la competitividad y posibilitar futuras inversiones en descarbonización; por el contrario, erosionaría aún más la capacidad de las empresas para invertir”, advierten.
Por último, defienden la puesta en marcha de medidas de defensa comercial que prevengan y hagan frente a las importaciones desleales y reclaman que se fomente la contratación de productos fabricados en Europa. “Las industrias europeas operan bajo las normas más exigentes del mundo en términos de sostenibilidad, huella de carbono, condiciones laborales, seguridad e innovación”, remarca el manifiesto, que insta, además, a priorizar en la contratación pública determinadas cadenas de valor basadas en el valor añadido generado en la UE.
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