CASTELLÓ. La Comisión Europea publicó la semana pasada en consulta pública el nuevo reglamento de emisiones de CO₂ para el periodo 2026-2030 y confirmó los peores pronósticos: mantiene el recorte de un 34 % en los derechos gratuitos para la industria cerámica de España, concentrada en la provincia de Castellón. Hasta junio, el azulejo y el Gobierno central pueden alegar contra esta medida, pero de momento la Unión Europea ha dado un portazo a las reivindicaciones de un sector clave en el tejido económico de la Comunitat Valenciana. La industria tiene asumido el proceso de descarbonización como una cuestión no meramente ambiental, sino estratégica, consciente de la necesidad de reducir el consumo energético y su dependencia de los combustibles fósiles. Pero considera un riesgo para su futuro los exigentes plazos que marca la UE y el aumento del impuesto de CO₂.
“Se puede acelerar así la reducción de emisiones, pero por el cierre o la deslocalización de empresas”, afirmaban recientemente fuentes del sector. Al respecto, la UE hace oídos sordos a los argumentos planteados por la patronal, gobiernos de Italia y España y las dos regiones que albergan la cerámica en ambos países -Comunitat Valenciana y Emilia-Romaña-, que son las principales productoras de Europa-, apoyados en el caso español por partidos políticos de distinto signo, como PP, PSOE y Compromís. Unos planteamientos que piden una congelación de los derechos gratuitos del periodo anterior y un tratamiento específico al sector en la revisión del sistema de emisiones. Avalan el proceso de descarbonización, pero advierten de que en estos momentos no existe una tecnología madura que permita materializar la transición energética en los plazos previstos.
Pese a todo ello, las autoridades comunitarias han hecho oídos sordos e insisten en la rebaja de las emisiones gratuitas. Solo se abren a valorar la inclusión de la especificidad de las industrias afectadas en la próxima revisión del marco regulatorio del carbono que se realizará a partir de julio. Sin embargo, nadie entiende la obcecación de la UE, no solo con la cerámica, sino con otra decena de sectores industriales europeos caracterizados por un consumo intensivo de energía.
Al final, el sector reclama flexibilidad y una transición energética adaptada a la realidad tecnológica. Como muestra, en el caso del azulejo, pese al apoyo de fondos europeos Next Generation, de momento la alternativa más viable es la electrificación, pero esta está aún en ciernes y está pendiente el necesario refuerzo de la capacidad de la red de abastecimiento, mientras que las otras dos opciones, hidrógeno verde y biometano, todavía tienen que avanzar en su desarrollo para ofrecer precios competitivos. En estas condiciones, Europa ahora propone una reducción de un 34 % de las emisiones gratuitas de CO₂, unos derechos que en su momento se aprobaron para los sectores en riesgo de deslocalización -o fuga de carbono-, como la cerámica.
Contexto con precios al alza
Y lo hace, además, en un contexto de alza de costes por la guerra de Oriente Medio y después de sufrir el duro golpe del conflicto de Ucrania de 2022. La industria castellonense ha mostrado resiliencia, pero aguanta en condiciones complicadas, tanto por la vertiente energética como por la presión de la competencia desleal de terceros países como India o China.
El sector azulejero pone cifras para advertir del declive de la industria en los últimos años. Según datos de Cerame-Unie, la organización que agrupa a la industria cerámica en Europa, la inflación de costes ha crecido entre un 30 % y un 40 % desde 2021, mientras que la balanza comercial se ha reducido un 50 % en este tiempo y la producción de cerámica en Europa ha caído un 40 % desde 2021. En este sentido, el azulejo español redujo su actividad productiva un 30 % entre 2021 y 2023 por la situación ucraniana, primero, y una crisis de demanda en mercados internacionales, después. En 2024 y 2025 logró recuperar parcialmente su producción y su mercado laboral recuperó músculo, con más de 14.000 empleos directos. La facturación también subió ligeramente, pero hay que tener en cuenta que el sector ha afrontado en los últimos años una concentración empresarial y el tejido productivo ha destruido un 29 % de firmas desde 2019.
Con esta fragilidad, Bruselas quiere aumentar el impuesto del CO₂ entre los 109 y los 163 millones de euros al año para el tejido azulejero nacional. “La competitividad de la industria cerámica europea está sometida a una presión crítica debido al efecto combinado del aumento vertiginoso de los precios de la energía y la competencia desleal de terceros países. La sobrerregulación constituye una barrera para la innovación y la producción local. Si no se aborda con urgencia, la inflación total de costes, estimada en un 30-40 %, derivada de precios de la energía y del CO₂ insoportables y no equiparables, acelerará la deslocalización de la producción fuera de Europa en los próximos años”, remarca Cerame-Unie.
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