CASTELLÓ. Los miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Castelló aconsejan al equipo de gobierno cambiar en el futuro el actual modelo de recaudación de impuestos, basado en la privatización vía concesión. Al menos, elevan a la Junta de Gobierno Local la recomendación a través de una reflexión final en la propuesta de adjudicación del nuevo expediente, a favor de Servicios de Colaboración Integral (SCI), la mercantil que lleva la prestación desde hace varias décadas.
Los técnicos señalan que remunicipalizar el servicio, además de mejorar la eficacia en la gestión administrativa, repercutiría positivamente en las arcas de la entidad local. El consistorio dejaría de pagar una cantidad importante entre el 21% del Impuesto de Valor Añadido (IVA), el 6% del beneficio industrial y el 13% de los gastos generales. Estos tres conceptos, si se aplican al contrato que está a punto de adjudicarse, se traduciría en un ahorro de 608.879,16 euros, esto es, 345-894,30 euros, 83.047,85 euros y 179.937,01 euros, respectivamente. Una suma nada desdeñable en vista de que el presupuesto anual asciende a 1.993.010,01 euros.
El ejemplo de otros municipios
Según la consideración que realiza la citada Mesa de Contratación, a lo largo de la licitación "se ha planteado asumir la gestión recaudatoria, sin necesidad de actuar con el apoyo de una empresa externa". En este sentido, se recuerda que otros municipios de España han emprendido con éxito ese camino en relación a otro tipo de trabajos de ámbito municipal. Por ejemplo, "el Ayuntamiento de Valladolid para la prestación del servicio domiciliario del agua potable".
En las próximas semanas, el Acord de Fadrell resolverá el concurso público para que SCI siga manteniendo el control sobre la Oficina de Recaudación, que se localiza en la calle Gobernador. El contrato tiene un valor estimado de casi 4 millones de euros (en concreto, de 3.986.020,02 euros), ya que la duración inicial de un curso puede alargarse hasta los dos ejercicios al existir la opción de acogerse una prórroga de 12 meses.
Dos recursos han lastrado el procedimiento
La prestación está pendiente de regularizarse desde 2016, cuando expiró la última concesión. El Fadrell impelió la nueva licitación a mediados de abril de 2022. Sin embargo, la interposición de dos recursos (de Gestión de Tributos y Recaudación Tributaria y del sindicato UGT) dilató el proceso, hasta el punto de sufrir una paralización en octubre.
Ahora en abril, seis meses después, el ejecutivo local reanudó la tramitación. Lo hizo con una propuesta de adjudicación tras quedar excluida la otra concurrente, Coordinadora de Gestión de Ingresos, por no llegar a la puntuación mínima tras la baremación de la plica con los criterios técnicos.
El servicio de recaudación engloba todos los ingresos por los tributos municipales, precios públicos, multas y cualquier otro recurso que constituya fuente de financiación para la Hacienda Local. De acuerdo con los pliegos del contrato, se incluyen además prestación como gastos realizados con ocasión de ejecuciones subsidiarias, pagos indebidos por razón de devoluciones y percepción improcedente de subvención o por incumplimiento de las condiciones a que se sujetó su otorgamiento.
