Derecho civil valenciano: Entre el desconocimiento y el abandono

El legendario monarca Jaume I consagró el inicio de una aventura legislativa que en 1261 otorgaba unos fueros propios al Reino de Valencia. Un compendio de leyes que regulaba las relaciones entre sus ciudadanos sobre el cimiento de instituciones ya existentes, otras de nueva creación y, ante todo, asentado en un trato entre gobernantes y gobernados con un respeto avanzado para la época.

Introducía una potestad legislativa propia que fue desarrollándose durante siglos hasta 1707. Aquel año, Felipe V promulgó el denominado Decreto de Nueva Planta que, en la práctica, castigaba al Reino de Valencia por haber apoyado, en la denominada Guerra de Sucesión, a su rival en la pugna por alcanzar la monarquía española, el archiduque Carlos. Esa desregulación por decreto supuso la supresión de la potestad legislativa autóctona. La represalia también provocó otros daños colaterales, como la segregación de Caudete, ubicada en la actualidad en la provincia de Albacete, pese a que sigue celebrando las Fallas y ondeando la senyera.

Los intentos posteriores de recuperación resultaron baldíos, aunque, como recalca el abogado Miquel Ramón, hijo del que fuera alcalde de València entre 1973 y 1979, «el espíritu de rebelión se mantuvo». Ni en la promulgación de la Constitución de 1812 ni durante tentativas siguientes en épocas republicana o franquista, las acciones por recobrar esa capacidad legislativa fructificaron.

Ni siquiera la Constitución de 1978 equiparó a la Comunitat Valenciana, heredera territorial e histórica de aquel Reino de Valencia, con las prerrogativas en promulgar leyes propias que sí poseen otras autonomías españolas como Navarra, Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia y Cataluña.

La reforma clave

Esta inequidad empezó a ser parcialmente subsanada con la elaboración en 2006 y su posterior aprobación, en marzo de 2007, de una reforma del Estatuto de Autonomía que incorporaba esa capacidad legislativa a la práctica de materias concretas. A partir de esa decisión comienzan a florecer leyes propias, devenidas de Les Corts, sin necesidad de replicar las estatales sobre las mismas materias.

De este modo surgen: la ley del régimen económico matrimonial valenciano (2007), la ley de custodia compartida (2011), la ley de uniones de hecho (2012) y la ley de los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias (2013).

Durante esos años, la custodia compartida se veía reconocida —a expensas de posteriores sentencias judiciales para cada caso— como fórmula preferente de atención a menores en una separación o quedaba recuperada la figura foral de Any de dol, que permitía a un cónyuge, en el caso de una unión de hecho, residir en la casa donde convivía pese a ser propiedad del otro miembro de la pareja cuando este hubiera fallecido.

También, en esa línea, aparecía en el horizonte la reducción de la denominada ‘legítima’ en los testamentos, de manera que quien lega tenga la posibilidad de dejar menos proporción de bienes a sus herederos directos, como ocurre en otras autonomías con legislación foral. Esta vía, igualmente, por aquellos años, empezaba a ser explorada con el fin de aplicar variaciones en la transmisión de empresas familiares.

En esa misma materia sucesoria, la recuperación de la competencia ya se atisbaba como eje para cambiar situaciones actuales y establecer, por ejemplo, prioridad al heredar en ausencia de hijos al cónyuge frente a los ascendientes, en lugar de lo fijado por el Código Civil. En esa senda, se encaminaba a otorgar mayor libertad al permitir pactos sucesorios sobre la herencia futura —como ya marcan otras autonomías con derecho foral— o un margen superior para desheredar al albedrío de quien posee los bienes en comparación con la normativa estatal.

Esta profusión legislativa, impulsada por gobiernos con mayoría del Partido Popular bajo las presidencias de Francisco Camps y Alberto Fabra, tuvo un recorrido tan fructífero como efímero. Apenas iniciada, en 2007, la Abogacía del Estado la recurrió por considerar que invadía competencias estatales. De nada sirvieron las tentativas de mediación con el por entonces delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, designado por el PSOE, para que el ejecutivo nacional retirara el recurso.

La sentencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional, por mayoría y con el voto particular en contra del jurista catalán Juan Antonio Xiol, dictó sentencia emitida en abril de 2016 para desvanecer ese espejismo y zanjar la ilusión del oasis legislativo valenciano. Declaraba inconstitucional lo sancionado por el parlamento valenciano.

Otra vez quedaba anulada la realidad de un derecho civil foral que ya volvía a cuajar. Había afectado, durante sus ocho años de vigencia, a unas trescientas mil personas residentes en la Comunitat Valenciana en sus diferentes vertientes legislativas, ya sea en herencias, en matrimonios, en custodia compartida, en parejas de hecho o en regulaciones agrarias.

Ese cálculo de población en la que ha repercutido lo ha realizado la Associació de Juristes Valencians (AJV), constituida en 2013 con un objetivo más genérico y centrada, desde la decisión ablatoria del Tribunal Constitucional, en la recuperación de esa potestad legislativa. Con el fin de lograrlo ha concitado la adhesión de 650 entidades y ha obtenido el respaldo de 539 ayuntamientos. «Todos los de la Comunitat Valenciana menos tres», según recalca la propia entidad.

Su fin último se enfoca, como explica su presidente, José Ramón Chirivella, en una reforma constitucional que reconozca la capacidad legislativa autonómica y evite nuevos recursos del TC. En concreto, plantea una modificación de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española, referida a territorios con derecho foral, para incluir la Comunitat Valenciana. Su propuesta se centra en que recoja este párrafo: «La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales». De este modo «dotaría de una clara cobertura constitucional a la actividad legislativa de las comunidades autónomas competentes», según recalca Chirivella.

La labor de Juristes Valencians

Este añadido implica, en la práctica, una reforma constitucional —aunque resulte menor y específica dentro del conjunto de la carta magna, que pasa por un respaldo de la mayoría del Congreso—. En esa iniciativa se ha topado, desde que la AJV anda sumida en esta lucha, con la oposición de dos partidos, Vox y Ciudadanos, que argumentan que debe haber un derecho civil único en España —pese a que seis autonomías ya disponen del suyo propio—, por lo que se oponen a aventuras o experiencias de legislación civil autonómica.

No obstante, su mayor dificultad ha consistido en lograr que Les Corts se pronuncien de manera decidida, y que los diputados valencianos con acta nacional de los dos grandes partidos estatales convenzan a sus conmilitones en el Congreso, y obtengan la inclusión de ese punto en un orden del día en el que ya haya previsión de tramitar variaciones en la Constitución. No lo logró cuando quedó aprobado sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' en el artículo 49, en una propuesta aprobada en 2024.

Tampoco lo consiguió con la modificación para introducir un senador por la isla de Formentera. En este caso se debió a la falta de respuesta desde la presidencia de la Mesa de Les Corts que dirige Llanos Massó (Vox) al requerimiento de la presidenta del Senado, la socialista Francina Armengol, de enviar una delegación de diputados valencianos que defendiera la inclusión del derecho civil autóctono en la carta magna. No ha habido ni contestación ni traslado al pleno del parlamento valenciano de un punto para escoger a esa representación.

Ese silencio ha motivado las críticas de AJV, acompañadas de concentraciones en las que su presidente, José Ramón Chirivella, ha arremetido con contundencia contra el máximo responsable de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, de quien ha lamentado «su falta de altura política» y al que acusa de «bloquear la recuperación del derecho civil valenciano».

 

 

Esta última circunstancia, la del apolillamiento de la legislación foral propia, implica, según el propio Chirivella, una mayor lentitud en los procedimientos, pues los tramitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia se han sustanciado con mayor agilidad —habla de diferencias de un bienio— respecto a los solventados por el Tribunal Supremo.

El Consell ha preferido, en un año especialmente sensible por conmemorar el 750 aniversario del fallecimiento del monarca que asentó esa capacidad legislativa propia, no entrar en la discusión. En lugar de hacerlo, anunció en abril la reactivación de la Comisión Asesora del Derecho Civil Valenciana, un organismo constituido en 2018 como órgano consultivo por el entonces conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. La circunstancia de fijar en un año, por decreto, su periodicidad mínima de reunión ya permitía anticipar los escasos avances desarrollados hasta la fecha.

La Conselleria de Justicia pretende dotarlo de más vigor y práctica. Desde la propia Administración anticipan su voluntad de «actualizar el decreto regulador y, posteriormente, nombrar a los miembros de la comisión entre especialistas en derecho civil de reconocido prestigio».

La dirección actual regional del PP, dentro de su capacidad de acción en el ámbito valenciano, sí que ha mostrado predisposición a esa recuperación, al igual que los dos grupos parlamentarios de la oposición, PSPV y Compromís, que han participado en las repetidas manifestaciones para exigir su restauración.

El debate jurídico

Precisamente en cómo lograrlo se ha centrado uno de los debates más técnicos y peliagudos, ya que el apoyo a su reintegración —salvo por la negativa de Vox y la de Ciudadanos antes citadas— resulta bastante mayoritario entre quienes se han pronunciado sobre el tema. Ese respaldo social, plasmado en la participación de agrupaciones de todo tipo en las concentraciones por su recuperación, contrasta con el desconocimiento popular de la materia.

 

 

La Associació de Juristes Valencians, entidad clave porque ha logrado mantener el debate abierto sobre un asunto que durmió el Tribunal Constitucional con su sentencia, aboga decididamente por esa reforma en la Constitución Española. Considera que resulta «la única vía» y conseguirla centra su acción constante. Esa línea la ha plasmado en manifiestos que, como recalca Chirivella, «los han suscrito 15 de 23 profesores de Derecho Civil en las diferentes universidades valencianas».

En cambio, José Marí Olano, abogado del Estado, experto en derecho civil y actual concejal de Valencia por el PP, apuesta, tal como ha descrito en Valencia Plaza, por una acción en que «las Cortes Generales, a iniciativa de las Cortes Valencianas, doten a la Comunitat Valenciana de la capacidad constitucional para recuperar sobre sólidas bases un derecho civil emanado de instituciones valencianas».

Para ello propone, en resumen, que Les Corts «aprueben y remitan al Congreso de los Diputados una proposición de ley estatal, al amparo del artículo 87.2 de la Constitución, por la cual el Estado atribuya a la Comunitat Valenciana la competencia de aprobar leyes en materia de derecho civil que, conforme al Tribunal Constitucional, son de competencia estatal».

En esa línea de planteamientos singulares también han ahondado otros juristas como Mariano Vivancos, Vicente Garrido o Vicente Domínguez, con argumentos que insisten en esas transferencias, ya directamente o con acuerdo marco, o sobre la base de una metamorfosis de criterio en el propio Tribunal Constitucional ante la dificultad de lograr una mayoría de votos en el Congreso.

Patrimonio valenciano

Ese debate jurídico diluye un asunto de difícil comprensión para la ciudadanía. Más sencillo resulta entender, como explica Julio Badenes, cronista oficial de El Puig y experto en la historia y el legado de Jaume I, que «el derecho foral constituye una parte de nuestro patrimonio, de lo que nos une como valencianos, regula nuestra socialización y nos dota de nuestra personalidad histórica».

Por su parte, Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y uno de los referentes sociales más participativos en los actos de Juristes Valencians, subraya, respecto a la falta de avances en esta materia, que «hacen falta menos palabras bonitas, más realidad y, sobre todo, una voz unánime desde Valencia». Sobre la recuperación del derecho civil se muestra contundente: «O defendemos lo nuestro como toca, o mejor será que nos vayamos a casa a llorar, al igual que lo hizo Boabdil cuando abandonó Granada».

* Este artículo se publicó originalmente en el número 140 (octubre 2026) de la revista Plaza