VILA-REAL. La difícil situación económica que atraviesa desde hace años el Ayuntamiento de Vila-real debido a la envenenada herencia urbanística de los años de gobierno del PP de Juan José Rubert, con el pago de innumerables sentencias judiciales que suman más de 36 millones de euros, ha reducido la inversión municipal a la mínima expresión. Como contrapeso a la falta de dinero propio, el ejecutivo socialista de José Benlloch ha redoblado en los últimos años su presión política para reclamar al Gobierno de España y a la Generalitat la ejecución de un amplio catálogo de 58 infraestructuras pendientes, algunas de ellas en el cajón desde hace más de 20 años. No ha habido avances significativos en casi todas ellas.
Es el caso de la construcción de una sede comarcal propia para la Escuela Oficial de Idiomas, una vieja aspiración no atendida por la Generalitat ya que los alumnos siguen dando clase en el IES Francesc Tàrrega. Lo mismo sucede con el servicio de Hemodiálisis, la ampliación de las Urgencias y del parking y la construcción de una casa de partos en el Hospital de La Plana, proyecto paralizado el año pasado.
Tampoco ha habido novedades respecto a la reclamación de un edificio propio para la Escuela Pública de Adultos y a los trámites para construir el cuarto instituto de Secundaria y el Centro Integrado de la FP de Edificación y Obra Civil. En estos dos últimos casos, la obtención del suelo para cederlo al Consell depende de complejas modificaciones urbanísticas aún en tramitación por parte del Ayuntamiento.
La Generalitat tampoco ha movido ficha en la construcción del nuevo colegio Escultor Ortells ni en la ampliación del aulario del Botànic Calduch y del centro de Educación Especial La Panderola. Tampoco ha aportado subvenciones para construir una nueva pista de atletismo y un velódromo ni para culminar las obras del parking subterráneo de la avenida Pío XII. En materia de Servicios Sociales, sigue pendiente la nueva residencia y centro de día para mayores y para personas con diversidad funcional, así como el centro de día para personas con daño cerebral adquirido y la culminación de las obras de la residencia de AFA en Vila-real.
La reivindicación viene desde 2023
Desde noviembre de 2023, cuando el pleno municipal aprobó por unanimidad la reivindicación de 44 infraestructuras, la Generalitat solo ha dado pasos firmes para la construcción del centro de salud Torrehermosa. Recientemente adjudicó el contrato de redacción del proyecto de obras.
La voluntad inversora del Gobierno de España con Vila-real ha sido igual de apática. El propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, descartó recientemente el soterramiento de las vías del tren por su elevado coste económico. Nada dijo sobre la exigencia municipal de eliminar la pasarela metálica elevada ni sobre el desdoblamiento de la N-340 y la mejora de los accesos a la ciudad. Tampoco ha habido ningún movimiento en otras tres infraestructuras viarias: el reivindicado acceso directo a Vila-real desde la AP-7, la culminación de la Ronda Suroeste en su conexión con la N-340 y la adecuación del Pont Nou sobre la N-340-a.
En materia judicial, nada se sabe de la creación del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer. La única infraestructura que sí ha evidenciado avances notables desde diciembre de 2023, cuando el pleno municipal aprobó el listado de 14 reivindicaciones ante el Gobierno, es la construcción de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. El proyecto de ejecución está listo desde mediados del año pasado y solo falta que el Ministerio del Interior licite las obras.
Las sentencias urbanísticas contrarias han sido continuas desde 2011 y han maniatado la economía municipal. Las dos últimas obligaron al Ayuntamiento en diciembre del año pasado a contratar un préstamo de 2.154.840 euros solo para pagar indemnizaciones por expropiaciones a 14 propietarios: 1.982.617 euros por reservas de aprovechamiento y los 172.222 euros restantes por la obtención de suelo para la Ronda Suroeste. El consistorio amortizará el dinero durante los próximos 12 años.
En 2023 fue la última inversión licitada superior al millón
La última inversión superior al millón de euros que licitó el Ayuntamiento con fondos propios fue la instalación de filtros de carbón activo para tratar las aguas en la Bassa de Poble y el Pop de Amorós, en septiembre de 2023.
El resto de obras con un montante económico potente han llegado siempre de la mano de otras Administraciones. Es el caso, por ejemplo, de los trabajos de ampliación y rehabilitación del Pabellón Cendoya, en el albergue municipal Virgen de Gracia. La Diputación asumió 360.000 de los 483.409 euros que costaron las obras, que culminó la empresa Construcciones Zarzoso en junio de 2024. El consistorio se vio obligado a poner dinero dado que la primera licitación por el importe de la Diputación quedó desierta por falta de empresas interesadas en el contrato.
El complejo, construido en el año 1931, tenía antes de las obras capacidad para alojar a 44 personas. Hasta ahora se usaba casi exclusivamente los fines de semana y en períodos de vacaciones escolares. Con la rehabilitación del albergue y la construcción de un nuevo pabellón multiusos acristalado en la terraza del albergue, el consistorio pretende aumentar su uso e incrementar las pernoctaciones, que en los últimos años siempre han superado las 5.000.
