CASTELLÓ. El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló ha reclamado la habilitación de un mayor número de puntos de cita previa para garantizar la tramitación de la regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros del Real Decreto que regula este proceso. Según ha señalado el organismo, los Servicios Sociales prevén un elevado número de solicitudes de cita para la emisión de informes de vulnerabilidad, un requisito incorporado a última hora en la norma para facilitar la regularización de aquellas personas que no disponen de vínculos laborales o familiares en España.
Los trámites podrán iniciarse a partir del jueves 16 de abril y el plazo se extenderá hasta el 30 de junio. En este sentido, el COTS Castelló advierte de que el periodo habilitado, de apenas dos meses y medio, puede “colapsar la puerta de entrada al sistema de Servicios Sociales”, que canaliza la atención a través de las trabajadoras sociales como profesionales de acogida. Además, subraya que, aunque las solicitudes podrán realizarse de forma presencial o telemática, esta última vía requiere certificado digital, del que carecen muchas de las personas solicitantes, lo que hace prever una elevada demanda de atención presencial.
El sistema previsto por el Gobierno contempla la cita previa en oficinas de la Seguridad Social (una por provincia), oficinas de Correos en municipios de más de 50.000 habitantes y algunas oficinas de Extranjería. En este contexto, la presidenta del COTS Castelló, María José Pérez, destaca que en la provincia solo dos municipios superan los 50.000 habitantes de un total de 135, lo que, a su juicio, evidencia que los puntos habilitados serán “completamente insuficientes”.
La presión sobre los Servicios Sociales
Las personas afectadas, añade la entidad, tratarán de regularizar su situación con la mayor rapidez posible para no quedar fuera de plazo, lo que previsiblemente incrementará la presión sobre los Servicios Sociales, al tratarse de un recurso de proximidad y gratuito. A esta situación se suma la implantación del Sistema Informático de la Historia Social Única (SIHSU) que, aunque permitirá la interoperabilidad futura con el sistema sanitario, actualmente implica un cambio complejo en la gestión de agendas y citas en Servicios Sociales.
El COTS Castelló también apunta a otras dificultades añadidas, como la necesidad de acreditar la inexistencia de antecedentes penales en los países de origen, lo que podría generar una saturación en las oficinas consulares. Desde el colegio recuerdan que ya se habían pronunciado a favor de la necesidad de una regularización extraordinaria, si bien reclaman ahora al Gobierno de España “mayor sensibilidad” con las personas destinatarias, muchas de las cuales carecen de certificado digital y de recursos económicos para realizar el trámite por vías privadas. “La mayoría de las personas afectadas no dispone de medios digitales ni recursos suficientes, por lo que es imprescindible habilitar más puntos de atención de proximidad y revisar el plazo para evitar el colapso del sistema”, ha señalado María José Pérez.
Asimismo, la entidad recomienda a las personas migrantes que se asesoren a través de servicios públicos y organizaciones no gubernamentales, con el fin de evitar que el proceso derive en situaciones de mercantilización.
Finalmente, el colectivo profesional ha reivindicado su vocación de servicio público y ha exigido al Gobierno “coherencia y un despliegue de medios suficiente” para garantizar que el proceso culmine con éxito y no frustre las expectativas de regularización de las personas afectadas.
