CASTELLÓ. La proliferación de salones de juego y locales de apuestas en la Comunitat Valenciana ha puesto sobre la mesa un problema que va más allá de la ordenación de una actividad económica: la exposición de la población al juego y su desigual distribución territorial. Patim y la red UNAD reclaman a la Generalitat una regulación efectiva que permita declarar zonas saturadas y frenar la concentración de estos establecimientos, especialmente en los barrios más vulnerables, donde advierten de que la disponibilidad de juego puede agravar las desigualdades sociales.
Las entidades consideran que la normativa aprobada a finales de mayo desaprovecha la oportunidad de introducir mecanismos efectivos de planificación territorial al no desarrollar una herramienta ya contemplada en la Ley 1/2020, de regulación del juego y prevención de la ludopatía: la posibilidad de que los ayuntamientos declaren zonas saturadas de establecimientos de juego e impidan la concesión de nuevas licencias.
"La ausencia de esta figura consolida desigualdades territoriales en la exposición al juego, afectando especialmente a los entornos más vulnerables, barrios que están en el punto ciego de la planificación del juego en la Comunitat Valenciana", advierten desde Patim. Esta reivindicación forma parte de las contribuciones que fueron presentadas por UNAD Valencia, integrada por ocho organizaciones especializadas en adicciones entre las que se encuentra Patim, al proyecto de decreto del Consell que establece las directrices y criterios para el desarrollo del sector del juego en la Comunitat Valenciana.
Los datos recogidos en el propio estudio de impacto del decreto reflejan la dimensión del fenómeno. La Comunitat Valenciana pasó de 285 salones de juego en 2015 a 531 en 2022, un incremento del 81% en siete años. Aunque la cifra descendió posteriormente hasta los 512 establecimientos al cierre de 2025, la oferta continúa situándose, según el documento, un 26% por encima de la media nacional.
La vulnerabilidad social como criterio de planificación
La Ley valenciana del Juego ya reconoce a los ayuntamientos la capacidad de declarar zonas saturadas y suspender nuevas licencias. Sin embargo, Patim considera que la falta de un desarrollo reglamentario específico limita la utilidad de esta herramienta para afrontar la concentración territorial de la oferta. Por este motivo, insiste en la necesidad de establecer un procedimiento para declarar zonas saturadas basado en criterios de densidad poblacional y vulnerabilidad socioeconómica, así como suspender las autorizaciones y los traslados de locales en estos espacios.
La entidad también reclama que los traslados de establecimientos estén condicionados a una mejora efectiva en términos de la salud pública y cuenten con informes preceptivos de impacto social. El objetivo es evitar que la actividad se desplace de unas zonas a otras sin reducir la presión que ejerce sobre determinados barrios. "Una regulación preventiva debe actuar sobre la disponibilidad y accesibilidad de la oferta, factores muy relevantes en el desarrollo de conductas problemáticas relacionadas con el juego", aseguran desde Patim.
Más allá de la planificación territorial, las contribuciones de Patim y UNAD Valencia también cuestionaron las garantías de participación institucional durante la elaboración del nuevo decreto. En concreto, pusieron el foco en la Comisión del Juego de la Comunitat Valenciana, órgano consultivo, de estudio y asesoramiento en el que participa Patim y al que la Ley 1/2020 atribuye, entre otras funciones, la de informar sobre los proyectos normativos relacionados con el sector. En sus alegaciones, las organizaciones especializadas en adicciones solicitaron que se acreditara la emisión del informe de esta comisión o, en caso de no haberse recabado, que se pidiera antes de la aprobación definitiva del decreto. "Garantizar la participación efectiva de las entidades especializadas en adicciones resulta esencial para que la planificación del juego responda a las necesidades sociales y priorice la protección de los colectivos más vulnerables", concluyen.
Más prevención y controles de acceso
Estas reivindicaciones cobran especial relevancia con motivo de la celebración del Día sin juego de azar, que se celebra el 29 de octubre. Patim se suma a la campaña de UNAD "No es afición, es adicción" dirigida a prevenir las adicciones relacionadas con el juego, especialmente ante el rejuvenecimiento del perfil de las personas atendidas por adicciones sin sustancia.
En esta misma línea, la entidad respalda la reivindicación de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) e insta a las administraciones públicas a reforzar la protección frente a los riesgos del juego de azar y a garantizar atención especializada a las personas afectadas y sus familias.
Entre las principales demandas de FEJAR figura la identificación obligatoria antes de participar en cualquier modalidad de juego de azar, para comprobar la mayoría de edad y las posibles autoprohibiciones de acceso al juego. Esta medida debería aplicarse tanto al juego en línea como al presencial, incluidas las loterías y los juegos instantáneos conocidos como "rascas", los casinos, bingos, salones, locales de apuestas y máquinas con premio instaladas en bares, cafeterías y otros establecimientos de hostelería.
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