Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La disputa pública acaecida este jueves en el PP nacional entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general del partido, Teodoro García Egea, o lo que es lo mismo, Pablo Casado, derivó en el anuncio por parte del número dos de esta fuerza política de la apertura de un expediente informativo sobre la primera para "culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo" respecto a las posibles irregularidades en unas contrataciones sanitarias durante la pandemia que podrían haber beneficiado a su hermano.
Este tipo de expedientes deben ser instruidos y gestionados por el Comité de Derechos y Garantías del PP, órgano encargado -al igual que sus homólogos autonómicos aunque inferiores en jerarquía- de resolver las cuestiones disciplinarias de la formación popular.
En este caso, el órgano está presidido por la portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; mientras que la secretaria general del mismo es Isabel Borrego. En este exclusivo comité, en el que al menos cinco de sus miembros deben ser licenciados en Derecho, solo figura una valenciana: la secretaria general del PPCV y portavoz en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, quien fue incluida como vocal en la remodelación realizada por Pablo Casado en julio de 2019.
El órgano está conformado, además, por otros siete vocales: Rafael Hernando, José Ignacio Echániz, José Antonio Nieto, Daniel Serrano, Elías Bendodo, Ana Collado y, como representante de Nuevas Generaciones, José Luis Álvarez.
En aquella remodelación, Casado incorporó o resituó a varios dirigentes valencianos aparte de María José Catalá: por ejemplo, designó a la diputada Belén Hoyo presidenta del Comité Electoral; el alicantino César Sánchez, expresidente de la Diputación, pasó a ocupar el área de Márketing Electoral mientras el valenciano Vicente Betoret se mantuvo en la dirección que ostentaba. También entró en la Ejecutiva el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como vocal del Comité Electoral. Varios de ellos, al igual que la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, o la propia Catalá, escribían este mismo jueves mensajes de apoyo a Casado tras la crisis.
Cabe recordar que el Comité de Derechos y Garantías son también los encargados de avanzar en la posible ejecución de las suspensiones de militancia o incluso las expulsiones del partido de cualquier afiliado, si es que se llegara a un expediente disciplinario al tener conocimiento "de la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un afiliado o cargo de representación institucional del Partido".
Así pues, este será el órgano responsable de decidir en última instancia si la cuestión sobre Ayuso se dirige hacia un archivo de la cuestión, hacia una suspensión de militancia provisional o incluso hacia medidas disciplinarias de mayor gravedad.
