VALÈNCIA. El pasado lunes tuvo lugar una reunión entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó. Un encuentro que, según el comunicado emitido por el Gobierno valenciano, sirvió para que el jefe del Consell propusiera "revalencianizar conjuntamente los criterios lingüísticos de la Generalitat" a la citada institución. "No puede ser que haya valenciano-hablantes que se sientan al margen de la normativa, el valenciano es de todos y todos tienen que verse identificados, lo hablen o no todos los días", rezaba la nota oficial.
Unas manifestaciones que refrendó este martes la portavoz del Consell, Ruth Merino, al ser preguntada por la Acadèmia y sus normas: "Hay una parte de la sociedad que no se siente identificada con ellas sino excluida", por lo que apostó por "trabajar junto con la AVL para que no exista esa exclusión", si bien aseguró que el Consell "reconoce la autoridad" de la entidad.
De esta manera, parece que el gobierno formado por PP-Vox está decidido a, de alguna manera, reabrir el debate en torno a la AVL y sobre el idioma valenciano. Una maniobra que, enmarcada en el ámbito de la estrategia política, ha sido utilizado por los populares de manera cíclica en los últimos lustros y cuya rentabilidad genera dudas -y riesgos- por diversos flancos descubiertos que este partido tiene en el debate, lo que puede generarle amplias contradicciones si decide centrar sus esfuerzos en esa línea.
1. La AVL es una creación del PP.
En 1996, José María Aznar gana las elecciones pero necesita a otras fuerzas para poder gobernar. CiU, con Jordi Pujol a la cabeza, incluye entre sus condiciones la pacificación lingüística por la vía de la unidad. Una misión que, según ha sido publicado en numerosas ocasiones, el presidente del PP encarga al entonces jefe del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana. Las maniobras del presidente de la Generalitat para el impulso de un órgano con autoridad lingüística en la línea unitaria salen a la luz a través del Govern de Catalunya, lo que provoca un fuerte revuelo en la Comunitat y da lugar a la manifestación del 13 de junio de 1997: "Sí a l´Estatut, sí a l’idioma valencià. Normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana", señala el lema de la pancarta que encabeza la marcha, a la que se suma el PP -pese a que Zaplana estaba gestando la AVL- y que congrega a medio millón de personas según la organización y así lo reflejaban diarios como Las Provincias.
Pese a esta manifestación multitudinaria, el presidente de la Generalitat continuó avanzando en sus planes y en septiembre de ese mismo año se aprobó con los votos del PP y Unió Valenciana -también el PSPV lo respaldó- el encargo al Consell Valencià de Cultura (CVC) de un dictamen sobre la lengua que, a la postre, allanaría el terreno para la unidad: "El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana, forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua Corona de Aragón reconocen como lengua propia". En septiembre de 1998, se promulgaba la Ley de Creación de la AVL, si bien no se constituyó hasta julio de 2001 en un acto presidido por el propio Eduardo Zaplana.
2. La AVL se reconoce como autoridad normativa en la reforma del Estatuto de 2006 impulsada por Camps (PP) y apoyada por el PSPV.
En febrero de 2005, la Acadèmia emite un dictamen -también conocido como Dictamen de Benidorm- en el que reconoce la unidad de la lengua entre el valenciano y el catalán. Poco después se debatía en Les Corts la reforma del Estatut impulsada por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y que vio la luz merced el acuerdo con el otro partido con mayor representación en la cámara, el PSPV-PSOE.
En esa reforma, se definía a la AVL como "la institución normativa del idioma valenciano", además de blindar sus funciones: "L' Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución de la Generalitat de carácter público, tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano. La normativa lingüística de L' Acadèmia Valenciana de la Llengua será de aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana".
Por tanto, y resumiendo estos dos puntos, la autoridad lingüística en la Comunitat Valenciana es, además protegida por el Estatuto, de la AVL y la AVL certificó unidad de la lengua antes de ser incluida en la Carta Magna de los valencianos, ambas situaciones a iniciativa o al menos con el apoyo necesario del PP y bajo el mandato de presidentes populares. Es por ello que el discurso de Mazón en este ámbito, como su propuesta de "revalencianizar los criterios lingüísticos", es una maniobra que puede resultar efectista desde el punto de vista estético y como guiño a sus socios de Vox o a colectivos en la órbita del PP, pero puede generar conflictos de mayor profundidad si se convierte en un caballo de batalla como gobierno.
3. Dificultades para armar un discurso coherente para los cargos del PP.
En líneas generales, y más allá de momentos acalorados en algunos mítines, no es habitual ver a dirigentes del PP renegar de la unidad de la lengua. No obstante, el discurso se complica cuando se trata de defender una seña de identidad como el valenciano sin visibilizarlo como algo diferente al catalán. Cuestiones como la aprobación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, ponen de manifiesto situaciones contradictorias. Este mismo martes, la portavoz Ruth Merino, preguntada por este hecho afirmaba: "Lo primero que quede muy claro que lo que se va a hablar en el Congreso es valenciano y no valenciano/catalán". Una afirmación mediante la cual la dirigente parecía pretender diferenciar ambas lenguas pese a que la AVL, la autoridad que el Consell "reconoce" tal y como había afirmado, ya admitió ese tipo de nomenclatura.
En agosto, el jefe de la oposición y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya solicitó que se incluyera el valenciano entre las lenguas cooficiales del Congreso. Días después, el Consell emitió una declaración institucional -que fue remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que se reclamaba que el valenciano tuviera "el mismo estatus de oficialidad que el resto de las lenguas cooficiales de Estado. Sin chantajes ni costes innecesarios para los españoles". Eso sí, tal y como reflejó la propia Merino preguntada este martes por la iniciativa del uso del valenciano en el Congreso, afirmó que no ve "la imperiosa necesidad" de que se tenga que gastar una "gran cantidad de dinero de los españoles" en su implantación que, tal y como argumentó, ya se usa en la "cámara territorial, que es el Senado".
En este sentido, más contundente se mostró el lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, cuando proclamó que los populares hablarían en castellano: "No vamos a hacer el canelo", zanjó.
4. El retorno del argumento de los buenos y malos valencianos.
Tanto en el comunicado de Presidencia del lunes como la propia Merino ayer, se hacía una referencia hacia una polarización que ya utilizaba el PSPV en sus tiempos de oposición ante Francisco Camps. "Se han acabado los tiempos en los que desde el Consell se decía si alguien es buen o mal valenciano o si es más valenciano o menos", rezaba la nota de prensa. Más allá del juego político que busca la confrontación y la polarización, resulta llamativo que esto se exprese desde el propio gobierno y no desde la oposición, especialmente cuando el escenario es el de reciente victoria en las elecciones autonómicas y no en un proceso de incipientes comicios.
Hacer el amago o desenterrar el conflicto lingüístico con menos de 100 días en el gobierno despierta ciertas dudas sobre si el PP está gestionándolo como una polémica pasajera o si el camino se dirige a una legislatura donde exista la máxima confrontación posible. Una circunstancia que, con el paso del tiempo resulta más comprensible que cuando sólo han transcurrido un par de meses desde la investidura, donde se esperan nuevas ideas y un talante propositivo del Ejecutivo entrante. Eso sí, en este escenario también está Vox y puede ocurrir que el PP se vea arrastrado a debates que preferiría no resucitar como sucedió ayer en València con el topónimo de la ciudad.
5. El camino más seguro, otro tipo de enfrentamiento con el independentismo catalán.
Dentro del marco de la estrategia política, al margen del laberinto del conflicto lingüístico, Mazón y el PPCV disponen de ciertas herramientas interesantes con la propia situación en la que se encuentra el socialista Pedro Sánchez. Al margen del debate abierto sobre la amnistía, si existe un acuerdo con Junts y ERC, el presidente de la Generalitat puede esgrimir su perfil más reivindicativo exigiendo las ventajas o prerrogativas que puedan lograrse desde Cataluña sin necesidad de incluir el debate lingüístico, que podría conllevar un ruido que sus propios antecesores en el PPCV se encargaron de silenciar.