Citan como querellado a todo el Consejo de la APV en 2022 por un concurso del Puerto de Sagunto

VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha citado a declarar en calidad de querellados a todos los miembros del Consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de 2022 por el concurso de la nueva terminal de Sagunto. La citación, adelantada por Esdiario y confirmada por Valencia Plaza, se produce tras una querella interpuesta por Grupo Alonso a través de su sociedad Intersagunto Terminales (IST), terminal polivalente del grupo empresarial ubicada en el puerto de Sagunto. 

El motivo es el acuerdo adoptado por la Mesa de Calificación en diciembre de 2022 que dejó como única oferta válida la de la UTE conformada por Noatum Terminales –empresa de capital exclusivamente emiratí–, Inversiones Algeposa y Boluda Lines, una sociedad perteneciente a Vicente Boluda (el cual es a su vez consejero del Puerto). Grupo Alonso, que aspiraba a presentarse, consideró que esa decisión suponía darle automáticamente la concesión a la citada UTE dejarles a ellos fuera. Finalmente se la llevaron. 

Grupo Alonso presentó primero un recurso de alzada, del que informó este periódico, en el que solicitó la anulación del acuerdo al valorarlo como "arbitrario e ilegítimo". Entendía que la Autoridad Portuaria de Valencia había excluido "de manera sorpresiva" la propuesta presentada por Intersagunto al concurso público para la construcción y explotación de la mayor concesión administrativa del puerto de Sagunto para el movimiento de mercancías, una terminal pública polivalente situada en el muelle centro 2.

Ahora, una vez rechazado, ha acudido a los tribunales con la presentación de una querella por los presuntos delitos de negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos en el ejercicio de su actuación; prevaricación administrativa; asesoramiento permanente o accidental por funcionario público; utilización de secreto o información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración; aprovechamiento de información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración; y tráfico de influencias.  

La jueza la ha admitido a trámite y ha citado a declarar al Consejo de la APV al completo durante las próximas semanas. Después de escucharles, deberá decidir si ordena más diligencias y si sigue adelante con la investigación. 

Al tratarse de todos sus miembros, tendrán que acudir, un total de 18 personas. Entre otras, las siguientes: el expresidente del Puerto Aurelio Martínez; el exalcalde de València Joan Ribó (quien delegó su voto aquel día en el exsecretario autonómico de la vicepresidencia Iván Castañón); la delegada del Gobierno en la Comunitat Pilar Bernabé; la eurodiputada Inmaculada Rodriguez Piñero; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia José Vicente Morata; el empresario Vicente Boluda; y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro. 

Es muy probable que a la mayoría de ellos les asista o la Abogacía del Estado o la Abogacía de la Generalitat, puesto que tienen derecho como componentes del Consejo de la APV. De hecho, el representante de la Abogacía en el Puerto tendrá que declarar también. 

También figuran como querelladas las tres empresas de la UTE adjudicataria (Noatum, Inversiones Algeposa y Boluda Lines)

Fuentes del Consejo señalan a Valencia Plaza que se muestran tranquilos por la citación puesto que votaron un acuerdo que les vino dado de la Mesa de Contratación. 

"Indebidamente excluido" del concurso

Intersagunto Terminales consideró en su momento que había sido "indebidamente excluido del concurso" al infringirse los principios de igualdad de trato y de no discriminación. Valoró que era "ostensible la preferencia que se dispensa a la UTE licitadora", que quedó como única candidata en el concurso tras la exclusión de IST. 

En este sentido, sostuvo que se atentaba "contra la libre competencia", al mismo tiempo que "se excluía a la terminal con una gestión de recursos humanos más alineada con la normativa europea del arco mediterráneo español", se rechazaban "las mejores expectativas económicas para la propia APV" y se atentaba "a la legalidad en materia de concursos públicos de España". Motivos por los que pretende paralizar la decisión del Consejo.