La presión del transporte arrecia mientras ccaa y sindicatos se suman a la exigencia de medidas
Clamor para que el Gobierno actúe ya y frene la escalada de precios energéticos
22/03/2022 -
VALÈNCIA. En plena resaca de una de las mayores manifestaciones de agricultores que se recuerdan, con la flota pesquera de bajura amarrada y miles de transportistas de toda España en su noveno día de huelga por el coste del carburante y cientos de industrias en parada forzosa por la escalada de la energía, el clamor para que el Gobierno adopte ya las medidas fiscales anunciadas para detener esa espiral se torna ensordecedor. A la reclamación de todos los sectores económicos se sumó este lunes la petición de las Comunidades Autónomas para la adopción urgente de medidas. Incluso los sindicatos mayoritarios como CCOO y UGT, que se desmarcaron del paro del transporte, exigen ahora al Gobierno de Pedro Sánchez tomar decisiones "hoy mismo" y llaman a movilizarse en la calle para pedir que se proteja a empresas, trabajadores y familias. ¿Resistirá una semana toda esa a presión sin tomar ninguna medida hasta el próximo martes 29?
Mientras el presidente Pedro Sánchez prosigue su gira para convencer a los líderes europeos antes de la cumbre de jefes de Estado de la UE de esta semana de la necesidad de acciones coordinadas para limitar los precios de la electricidad, en casa arrecia la presión en busca de una reacción inmediata del Ejecutivo. Los últimos en sumarse a la coral de voces que pide adelantar un plan de choque que el Gobierno no prevé aprobar hasta el consejo de ministros ordinario de la próxima semana han sido los gobiernos autonómicos de todos los signos políticos, que este lunes trasladaron a las tres vicepresidentas y a la ministra de Hacienda que las decisiones no pueden esperar más.
Todas las CCAA –también las del PSOE pero con menos vehemencia que las del PP– quieren una rebaja inmediata de los impuestos a los carburantes. Algunas defienden que se haga mediante una reforma del IVA por su efecto inmediato, tal y como se vio con el recibo de la luz, pero otras como la valenciana prefieren una actuación "quirúrgica" centrada en los impuestos especiales sobre hidrocarburos para que la solución no implique una merma de la recaudación de impuestos autonómica por esa vía. Según defendió el conseller de Hacienda, Vicent Soler, aunque hay que apoyar a la industria electrointensiva y al transporte por ser los sectores más sensibles, tampoco hay que perder de vista que el Estado va a necesitar recursos para apoyar a los sectores desfavorecidos ante una crisis energética que se presume larga.
Según explicaron a Valencia Plaza fuentes de la Generalitat, la conferencia sectorial telemática de este lunes con las CCAA fue convocada por el Gobierno con el objetivo de recabar propuestas, pero las vicepresidentas no concretaron qué medidas se tomarán ni si alguna de ellas podría adelantarse al consejo de ministros de este martes a la vista del escenario.
De momento, lo más parecido a una decisión que ha adoptado hasta ahora el Gobierno para atenuar el impacto de la escalada en el coste del carburante y calmar a unos transportistas que colapsaron València y otras capitales para demostrarle a la ministra Raquel Sánchez que no son una minoría fue el anuncio de mayores bonificaciones fiscales –aún por concretar– al impuesto de hidrocarburos, el conocido como gasóleo profesional, por un importe global de 500 millones de euros.
Fenadismer rechaza la oferta y se suma a los paros
Así lo avanzó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras la reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 80% de las empresas del sector pero entre las que no están las integradas en la plataforma que desde el lunes de la semana pasada mantiene el pulso con el Gobierno.
Aunque el CNTC y el Gobierno retomarán las negociaciones este viernes, las federaciones nacionales de transportistas Fenadismer, Fetransa y Feintra tildaron las medidas de "insuficientes" porque no se concreta ni se explica la cuantía "de la posible ayuda" que "le corresponderá a cada transportista" y si esta medida "llegará tanto a los transportistas pesados como los ligeros". Por ese motivo, se descolgaron del acuerdo y anunciaron que se suman al paro a la espera de que se concreten las medidas "urgentes y efectivas" que requieren los transportistas. Esta postura rompe la unidad de acción del CNTC en la negociación con el Ejecutivo.
A pesar de los sindicatos mayoritarios y las patronales, incluso las sectoriales, se desmarcaron de la convocatoria de huelga inicial, los agentes sociales modulan su discurso para exigir al Ejecutivo que actúe ya para paliar las consecuencias de esos paros, por más que los supermercados se esfuercen en trasladar que no va a haber desabastecimiento, ni siquiera por el efecto despensa.
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aseguró este lunes en una entrevista en Plaza Radio que la "inacción" del Gobierno ha dado alas a los transportistas que secundan la protesta. Además, alertó de que el paro "está tensionando la distribución y, a medida que se alargue, va a ir a peor". También la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa) solicitó "medidas urgentes que pongan fin a la huelga de transporte" para evitar que un gran número de empresas afectadas por este paro tengan que cesar en su actividad de modo obligatorio en los próximos días en el caso de que la situación persista.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideró que existen "razones objetivas" que justifican el malestar de los transportistas, con independencia de quién haya organizado las protestas, porque los carburantes "están disparatados". Tras afear al Gobierno que no se haya invitado a los sindicatos mayoritarios a la reunión de ayer con el CNTC, Sordo dijo que más allá de los encuentros "lo más importante es que el paquete de medidas sea creíble" y que algunas de esas medidas "están tardando", pues aunque "bien vale apurar la negociación en Bruselas" para desacoplar los precios del gas de los precios de la electricidad, hay otras medidas que "se pueden ir anticipando", incluso hoy mismo, debido a que "gran parte de la parálisis del transporte tiene que ver con que hay muchos autónomos y pequeñas empresas que están trabajando a pérdidas".
Los sindicatos piden salir a la calle
Sindicatos y organizaciones de autónomos y de consumidores han convocado para mañana miércoles día 23 movilizaciones en toda España para instar al Gobierno a tomar medidas urgentes para reducir los precios en general y los energéticos en particular y para hacer frente a la situación de aquellos sectores que se están viendo muy perjudicados por el aumento de los costes de los carburantes y los fertilizantes.
En el caso de la Comunitat Valenciana, CCOO PV y UGT PV, han invitado a entidades sociales como FACUA, UATAE y CAVE-COVA a sumarse a las movilizaciones para exigir la contención de los precios de la energía en Castelló, Alicante, València y Elche y a los trabajadores a concentrarse en los centros de trabajo a las 12 horas.
Estas acciones pretenden respaldar la postura del Gobierno ante el Consejo de Europa del jueves y el viernes en su objetivo de lograr una solución de la UE a este problema. Ambos sindicatos piden a las autoridades públicas "un cambio en el sistema de fijación del precio de la electricidad para controlar las subidas desmedidas de los precios y que se ponga fin a los beneficios abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos".
Junto a la de los carburantes, la escalada de los costes energéticos y de las materias primas es la otra pata de la crisis energética que ha puesto en jaque la actividad de todo el sector primario y secundario. El balance más reciente sobre el impacto en un sector concreto es el que este lunes lazó la asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (Quimacova), cuyo presidente alertó de que el aumento en el coste de la energía por la subida del precio del gas y del petróleo ya está suponiendo incrementos en las facturas energéticas de casi un 50%.
El presidente de la asociación, Miguel Burdeos, apuntado que aunque parecía que el precio de los fletes y del transporte se iba equilibrando, "este conflicto está impactando en las fluctuaciones del precio de este servicio externo de las empresas por las sanciones a Rusia".
Ribera recula con el tope de 180 euros
La urgencia de los sectores afectados por la escalada de le electricidad contrasta con el ritmo al que el ministerio encargado de paliar sus efectos, en este caso el de Transición Ecológica, gestiona las diferentes alternativas en las que trabaja. Días después de afirmar que si la Comisión Europea no movía ficha España actuaría por su cuenta con el establecimiento de un tope de 180 euros/MWh, el departamento de Teresa Ribera matizó este lunes que esa es una de las iniciativas barajadas, pero no la única.
Según fuentes de ese ministerio citadas por Europa Press, poner un precio máximo de 180 euros/MWh al mercado eléctrico no es la medida en la que vienen trabajando intensamente desde hace días. "Seguimos trabajando en un mecanismo para evitar que el precio del gas contagie al de la electricidad en toda la UE con el resto de socios comunitarios", subrayaron las mismas fuentes.
Esta información generó tal revuelo que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tuvo que intervenir a última hora para reafirmar que el Gobierno mantiene como "objetivo prioritario" topar el precio de la electricidad en el mercado mayorista", porque este mercado es el que se transmite de manera casi automática a las tarifas minoristas y al Índice de Precios de Consumo (IPC).
"El Gobierno no ha cambiado en absoluto su posición en este ámbito. Nuestro objetivo prioritario es que se nos permita topar el precio de la electricidad en el mercado mayorista", subrayó Calviño.
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