CASTELLÓ. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, ha apoyado este jueves la concentración convocada por colectivos sociales contra un desahucio que pesaba sobre una familia y que ha acabado con la paralización del mismo. La vivienda, en la calle Santa Elena, número 3 planta baja, pertenece a un gran propietario (gestor inmobiliario) y los inquilinos podrán seguir con el alquiler.
El protocolo antidesahucios del consistorio ya aplazó hace tres meses el desalojo al afectar a una familia vulnerable. Desde entonces la concejalía de Vivienda ha hecho seguimiento del caso. La familia ha contado con el apoyo y asesoramiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Este jueves finalizaba el aplazamiento y varias asociaciones, entre otras la PAH, se han concentrado ante la casa implicada. La comisión judicial ha decidido paralizar el desahucio a instancias de la parte demandante.
“El desahucio era injusto porque la familia estaba al orden de los pagos del alquiler y había niños menores a los que había que dar cobertura. La comisión judicial finalmente lo ha paralizado. Solvia debía haberlo paralizado antes, pero nunca es tarde si no hay consecuencias “, ha explicado la regidora de Vivienda.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castelló tiene en marcha un protocolo firmado con la Audiencia Provincial y el Colegio de Procuradores que actúa en casos de riesgo de exclusión social, y un convenio con el colegio de abogados. Los juzgados informan de los lanzamientos y, en base a la ley estatal, se aplazan en las situaciones de vulnerabilidad durante un tiempo provisional.
La concejalía trabajará para que los grandes tenedores movilicen los pisos que mantiene vacíos en la ciudad para alquileres sociales. Para ello confía en el desarrollo de la Ley autonómica de Función Social de la Vivienda, que prevé sanciones para los grandes propietarios que bloqueen vivienda vacía.
