Compromís denuncia que el Gobierno "eterniza" el desmantelamiento del almacén Castor

CASTELLÓ. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado la “eternización” de los trabajos de desmantelamiento del controvertido almacén de gas Castor, que registró hace nueve años los primeros terremotos durante la fase de inyección del gas frente a la costa de Vinaròs. La coalición ha reclamado desde su llegada a las instituciones la investigación de las responsabilidades políticas por un almacén inservible e innecesario y una auditoría económica ante las distintas reclamaciones y reintegros (bancarias, de Escal UGS, CNMC y las demandas del grupo ciudadano Caso Castor).

“Causa rubor y vergüenza sobre cómo se gestionan miles de millones de euros de dinero público con según qué empresas en un almacén de combustibles fósiles que tenía que ser estratégico y una panacea para nuestro país y a los pocos años es ya innecesario y se apuesta por combustibles menos contaminantes. A pesar de ello los consumidores de gas seguirán pagando durante 25 años por un fiasco por el que nadie ha respondido y, lo que nos parece más grave, que nadie se haya tomado con diligencia el desmantelamiento de tal patraña, lo que puede ser una temeridad”, ha señalado Mulet.

En su respuesta a una pregunta de Mulet, el Gobierno admite que, tras la parálisis derivada del estado de alarma por la covid-19, en junio de 2020 se reanudaron los plazos administrativos y que están esperando que Enagás Transporte remita los documentos “con el objeto de iniciar el expediente de autorización de los trabajos de sellado definitivo de los pozos de almacenamiento”. 

El Ministerio de Industria recalca que para autorizar los trabajos de sellado -que no de desmantelamiento- todavía son necesarios trabajos de verificación de normativa sectorial de hidrocarburos y seguridad en el medio marino, así como el cumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye consultas a las administraciones públicas y trámites de información pública. Los informes y alegaciones recibidos, prosigue la respuesta oficial, se remitirán al promotor para su consideración en la redacción del proyecto y Estudio de Impacto Ambiental, para que Enagás solicite el inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá informar la Dirección General de Política Energética y Minas.

Los tapones superan su vida útil

“Lamentamos que se haya avanzado tan poco en la tramitación, cuando desde los primeros terremotos que activaron la alerta han pasado ya muchos años, los tapones que impiden la fuga de gas han superado su vida útil, lo que para nosotros supone una negligencia que en ningún caso estaría justificada por la pandemia”, ha agregado Mulet. Asimismo, el senador ha recordado que el Castor “ya ha dado demasiados dolores de cabeza a los vecinos de la zona como para que pueda seguir generando nuevos problemas”.

En la documentación oficial dada a conocer en 2019 por la coalición valenciana consta que desmantelar las plataformas marinas –la de procesos, que pesa 9.000 toneladas sobre una estructura de 4.700, y la de los pozos con 1.200 toneladas de peso y una estructura de 1.400-, tendrá un coste de 159,35 millones de euros; el abandono de los trece pozos, 58,16 millones; y el desmantelamiento de la planta terrestre de operaciones y restitución de los terrenos, 18,93 millones de euros previstos; así como 8,4 millones para la limpieza y la reposición del entorno marino. Por el contrario, en el presupuesto no constan partidas para el desmantelamiento del gasoducto, que quedaría abandonado en el fondo marino.

En otro orden de cosas, la Mesa del Senado, con mayoría de PP y PSOE, sigue bloqueando la creación de la Comisión de Investigación del Proyecto Castor, solicitada por 25 senadores en julio de 2020.