Compromís per Vila-real pide el fin del "abuso" de temporalidad en la Administración y derogar la 'ley Iceta"

VILA-REAL. El grupo municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción al próximo pleno en la que defiende los derechos de los trabajadores públicos que, según entienden, "se encuentran en abuso de temporalidad" por lo que exige al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada de la Ley Iceta. Tal y como explica el portavoz adjunto, Santi Cortells, “la situación que viven los miles de interinos e interinas que trabajan en muchos ayuntamientos como el de Vila-real, afectados por la no convocatoria de procesos selectivos en las plazas que ocupan, ha hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea censurara esta práctica y tildara de preocupante la precariedad permanente de estos trabajadores”. “Se trata de una situación de abuso sobre este personal por parte de numerosas administraciones”, indica Cortells, que señala que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “dice claramente que se ha perpetuado la precariedad de estas personas con la figura del interinaje”.

Según señala el portavoz adjunto de la coalición valencianista, “ante la dimensión económica que está suponiendo ya indemnizaciones cuantiosas por condenas, proponemos que el Gobierno central posibilite a los ayuntamientos dar soluciones extraordinarias a un gran problema que afecta a trabajadores de los consistorios que han demostrado sobradamente su capacidad y profesionalidad para seguir en los puestos que ocupan”, apunta.

En este sentido, destaca que “en el Estado español se ha perpetuado un atentado contra los trabajadores públicos, ya que todas las regulaciones e inspecciones sobre el fraude se han dirigido al mercado privado. Mientras tanto, las administraciones públicas del Estado, autonómicas y locales, han vulnerado impunemente los derechos de los trabajadores, su seguridad y estabilidad, creando dos sistemas legales: uno para los empleados del sector público, donde la administración hace lo que le viene en gana con la estabilidad de los trabajadores, y otro para los del sector privado, donde se exige lo contrario”.

Piden un "indulto" para quienes trabajan en precario

Por este motivo, desde Compromís per Vila-real se considera necesario que el Gobierno estatal apruebe "un indulto para los miles de trabajadores públicos que desarrollan su trabajo en la más absoluta precariedad" y se pone en relieve que “de acuerdo con la sentencia del TJUE, las administraciones públicas han cometido un delito, ya que hay trabajadores que llevan encadenando 10, 15 y 20 años de contratos, incluso acercándose al final de su vida laboral, que ahora, gracias a la ley de Iceta, no saben si en un año estarán en paro”.

Entre las peticiones de Compromís figuran que se retire de manera inmediata el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el trabajo público, conocido como Ley Iceta. También se requiere al Gobierno del Estado que cumpla con su obligación de aplicar la sentencia del TJUE y las sucesivas respecto del mismo asunto que sancionan las administraciones públicas a reconocer los derechos de los trabajadores públicos en fraude de ley.

Asimismo, se solicita a las Corts Valencianes que exijan la retirada inmediata de la Ley Iceta "por los efectos nefastos en las administraciones locales y autonómicas que acabará teniendo que incumplir lo que exige la sentencia del TJUE en las administraciones públicas españolas si se aplica la citada ley, conllevando un efecto dominó de dimensiones imprevisibles para las administraciones locales y autonómicas". Compromís también propone que el Ayuntamiento de Vila-real declare que está a favor de los derechos de sus trabajadores y, especialmente en este contexto, de los que han prestado servicios durante más de tres años, comprometiéndose a otorgar la estabilidad laboral que le corresponde a sus trabajadores, cumpliendo la Cláusula 5 del Acuerdo marco de la Directiva 1999/70.

“Esperamos que las administraciones asuman sus responsabilidades y que promuevan las medidas legales para que se preserven los derechos laborales consagrados por el TJUE para aquellos trabajadores que actualmente no tienen ninguna seguridad presente ni futura sobre su destino ni el de sus familias, a pesar de llevar años o, incluso, casi toda su vida trabajando en el Ayuntamiento de Vila-real o en otros como el nuestro”, concluye Cortells.