Foto: ALBERTO ORTEGAVALÈNCIA. (EP) El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una serie de enmiendas al Real decreto-Ley 20/2022, que se tramita como proyecto de ley, para eliminar los artículos de esta norma que consagran la exención de la evaluación ambiental y la participación pública para los macroproyectos de implantación de energías renovables.
Según informa la coalición, el también candidato a la Presidencia de la Generalitat ha trabajado estas enmiendas con la diputada autonómica Graciela Ferrer, con el objetivo de recuperar la normativa estatal previa a 2022 en cuanto a las garantías ambientales, territoriales y democráticas para la autorización e implantación de este tipo de grandes proyectos energéticos y revertir así "la deriva de injusticia social y desequilibrio territorial que genera la legislación impuesta por el Ministerio de Transición Ecológica".
Baldoví defiende que el decreto-ley aprobado incluía todo un conjunto de medidas sociales y económicas que venían reclamando para hacer frente a la crisis social y económica, así como la prórroga de las medidas de escudo social en vigor hasta la fecha. Por eso lo consideraban positivo y prioritario.
"Sin embargo --advierte en el comunicado--, como ya pusimos de manifiesto en el debate en el Congreso, también contenía un caramelo envenenado: los artículos 22 y 23 que eliminan de un plumazo la evaluación de impacto ambiental, la posibilidad de alegaciones por parte de los afectados y las administraciones locales y autonómicas y facilitan la declaración de utilidad pública, que permite la expropiación forzosa, en beneficio de los promotores de las macroplantas solares o eólicas".
"La guerra de Ucrania ha sido utilizada por el Gobierno central para colar por la puerta de atrás la desregulación ambiental y la eliminación de las mínimas garantías de información pública exigibles en un estado democrático para este tipo de proyectos que afectan centenares o miles de hectáreas, tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad, suponen un cambio radical de los usos del territorio, de la configuración del paisaje y amenazan la viabilidad del tejido social y económico de los pueblos del interior, exacerbando aún más el desequilibrio territorial rural-urbano y las causas estructurales de la despoblación en el medio rural", añade la diputada valenciana.
Por tanto, para Compromís, la implantación de energías renovables es urgente, debe beneficiar a toda la sociedad y "no puede hacerse en contra de la gente que vive en los territorios más desfavorecidos para beneficiar el negocio y la especulación de las empresas del oligopolio energético, los grandes propietarios y los fondos buitres": "En nombre de la aceleración de las renovables no podemos sacrificar el territorio, la biodiversidad y la democracia. No podemos volver al modelo de gobernanza franquista para impulsar la transición energética".
En concreto, Baldoví ha presentado enmiendas de supresión de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 20/2022 y de los artículos 6 y 7 del Real Decreto Ley 6/2022 que permiten que la autorización de la instalación de macroproyectos de energías renovables de más de 50 MW --los que potencialmente tienen más impacto ambiental-- no esté sujeta a trámite de evaluación ambiental ni requiera participación pública y su aprobación se produzca por silencio administrativo.
"No podemos aceptar que esta falta de interés en facilitar la transición energética justa, democrática y respetuosa con el territorio sirva como coartada para imponer los macroproyectos que más les convengan a las grandes empresas energéticas, que año tras año se enriquecen a costa de los bolsillos de los ciudadanos y las pymes", insiste, y defiende que toda la ciudadanía sea la protagonista y beneficiaria de la transición energética y que el Gobierno tenga en cuenta a las autonomías y los ayuntamientos.
