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Camarero anuncia una nueva Ley de Vivienda para "dar sentido común" y ordenar el sector

El Consell aprueba dos ampliaciones de crédito pedientes para pagar dependencia y RVI

8/09/2023 - 

CASTELLÓ (EP). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado este viernes que el Consell ha aprobado este verano dos ampliaciones de crédito que estaban pendientes desde mayo con el anterior gobierno del Botànic para pagar a dependientes y personas reconocidas con la Renta Valenciana de Inclusión, por importe de 39,5 y 36,4 millones de euros respectivamente.

Así lo ha indicado Camarero, en una entrevista a la cadena SER recogida por Europa Press, en la que también ha anunciado que promoverá una nueva Ley de Vivienda para dar "sentido común" a las más de 30 normativas con las que se han encontrado y para ordenar el sector.

Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que, en relación con el modelo de residencias de mayores, dependientes o centros de menores, el modelo del PP es "dar servicio" a todos los que lo requieran y ha hecho hincapié en que cada vez se necesitan más recursos, no solo residenciales sino también de centros de día o de otro tipo, para atender a los casi 140.000 dependientes que hay en la Comunitat Valenciana, una lista que va aumentando.

En esta línea, considera necesario "construir más centros y dar más servicios" y subraya que es "evidente" que, para ello, "se necesita la colaboración público-privada porque "la administración sola no puede y desde ella vamos a llegar lo más lejos posible".

Susana Camarero. Foto: JORGE GIL/EP

La consellera ha manifestado que para reducir las listas de dependencia en servicios sociales hay "dos patas": las del proceso que se sigue hasta el reconocimiento de una dependencia desde que se solicita, por ejemplo, y después, la lista de personas que tienen reconocido el derecho a una prestación, pero no están resueltas ni abonadas sus prestaciones.

En este sentido, ha indicado que su predecesora, Aitana Mas, pidió en mayo a Hacienda una ampliación de crédito a Hacienda de 35 millones de euros para pagos a dependencia, pero en julio no estaba aprobado. Ahora, desde agosto, se ha ampliado a 39,5 millones. "Unas 11.500 personas estaban esperando a que Compromís y PSPV se pusieran de acuerdo y, como había elecciones por medio, no se pusieron de acuerdo, ha llegado el Gobierno del PP a arreglar la situación ampliar el crédito", ha manifestado.

De igual modo, se ha referido a la Renta Valenciana de Inclusión, para la que Mas había solicitado una ampliación de crédito de 36,4 millones para dar servicio a 6.800 resoluciones que afectan a 24.000 personas, y que no estaban pagados y ahora sí. "Eso es gestionar ", ha defendido.

A su juicio, la financiación de la dependencia hay que pelearla porque hemos estado ninguneados por el Gobierno de Pedro Sánchez en estos años, que debe hacerse cargo del 50% y si solo llega al 21% habrá que ir a su puerta a decirle 'págueme lo que me debe', pero hay que pelearnos y no conformarnos gobierne quien gobierne".

Nueva ley

Respecto a la vivienda, ha señalado que se han encontrado con una "amalgama" de 34 leyes y decretos por lo que promoverá una nueva ley para "dar sentido común" con una "única" normativa que ordene y facilite el sector.

Foto: KIKE TABERNER

Camarero ha señalado que hay una emergencia habitacional, con personas que necesitan recursos y jóvenes a los que se tiene que facilitar la emancipación, un compromiso del 'president' Mazón, y a la que se debe hacer frente tanto con construcción para alquiler y venta de VPO como con la nueva ley.

Asimismo, ha señalado que están reactivando la puesta a disposición del parque de vivienda que no se había puesto en marcha, y hablando con los ayuntamientos porque "se ha gestionado de espaldas a ellos y es un error garrafal". "Hay que ver el parque real y dónde hay huecos para ofrecer mas allá de la construcción, que tiene un tiempo de desarrollo", ha dicho, pero no interviniendo en los precios porque "creemos mucho en la libertad". Por tanto, ha abogado por construir y regular el parque público de vivienda, en el que el 50% tiene impagos y hay okupación.

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