CASTELLÓ. La aplicación de la Reforma Laboral y la avalancha de normativas aprobadas en los últimos dos años han transformado de forma sustancial las condiciones del mercado laboral. Desde distintos colectivos profesionales se advierte que la entrada en vigor de nuevos derechos y las obligaciones derivadas de estos cambios legislativos están generando numerosas dudas. Se dibuja un escenario distinto, al que están adaptándose empresas y también plantillas profesionales.
En lo que va de año, las principales inquietudes laborales están relacionadas con contratos, despidos, así como las deudas e indemnizaciones, según los datos recogidos por la Oficina de Información Sociolaboral (OIL) de Castellón. Unas preocupaciones que suponen ocho de cada diez consultas (78%) atendidas en 2023 por este servicio implantado hace seis años y que gestiona el Colegio de Graduados Sociales.
La interpretación y aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno para responder al abuso de la contratación temporal desencadenan la mayoría de las peticiones de información. En este sentido, la redefinición de la tipología de los contratos -indefinidos, formativos y temporales- aprobada hace un año es el motivo del 39,11% de las consultas atendidas hasta agosto. Las siguientes causas que generan intranquilidad se vinculan a la finalización de los contratos (27,88%) y las indemnizaciones correspondientes (11,32%). Una incidencia que se ha acentuado con la llegada del verano y que repite la tendencia que ya apuntaban los resultados finales del pasado ejercicio en Castellón.
“Desde 2020 se han dado cambios muy importantes en la legislación, como es la Reforma Laboral, y se han aprobado también más de 40 normas sobre derechos laborales que tienen gran un impacto en el mercado, desde planes de igualdad y conciliación laboral hasta ayudas para autónomos y pymes, que ahora es necesario asentar, pero teniendo en cuenta que el 80% del tejido empresarial son pymes”, advierte Jorge Marí, secretario del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
Al analizar la radiografía laboral que ofrece la OIL, Marí remarca que la “avalancha legislativa” debería ir acompañada de “mucha más divulgación y cierta labor de pedagogía laboral” entre la ciudadanía. “Se han generado muchos derechos que eran necesarios, sin embargo, al intentar aplicarlos, sobre todo las pequeñas empresas, nos encontramos con una realidad en la que puede surgir cierta conflictividad laboral porque determinados perfiles de la plantilla tengan que asumir, por ejemplo, los horarios nocturnos al no tener hijos menores, y esta situación desencadena nuevas desigualdades que habría que resolver para terminar de encajar las piezas”, explica.
Los datos recogidos en los siete primeros meses del año muestran que casi la mitad de las personas atendidas desarrollan su actividad profesional en el sector servicios (48,7%). A continuación, se sitúan dos de los principales motores de la economía provincial: hostelería (23,79%) y cerámica (15,13%). “Es curioso el dato de las pocas consultas que proceden de los autónomos, por debajo del 1% -apunta Marí- como si asumieran que tienen tan pocos derechos que ni preguntan por paro, cese de actividad, incapacidad temporal o condiciones de trabajo”.
Durante los siete primeros meses del año, la Oficina de Información Sociolaboral -impulsada por la Generalitat- ha atendido a 1051 personas, casi la misma cifra que en todo el año anterior (1202), en el que alcanzó su mejor resultado. En cuanto al perfil, el 54% son mujeres, de nacionalidad española, con una edad media en torno a los 45 años. Quienes se acercan a la Oficina –ubicada en la Ciudad de la Justicia de Castellón- son, principalmente, personas desempleadas (55%), que han sido derivadas por el SMAC e Inspección de Trabajo.
