Convivencia

Mi idilio con Valencia se remonta a la frontera de los recuerdos más borrosos de la infancia, donde con toda nitidez destacan las tardes interminables jugando al fútbol en las aceras, despreocupadamente. Hasta bien entrados los setenta, Valencia estaba teñida de gris en lo social y de sepia en sus calles, sucias y escasamente iluminadas, donde los atractivos turísticos eran restaurantes de fritanga y unas playas lejanas, mal comunicadas y que no invitaban al baño. Sin embargo, hoy Valencia es una de las ciudades más atractivas de Europa y ahora nos toca compartir nuestro amor por ella con un creciente número de turistas y nuevos residentes.

Con el cambio del tejido social crece la demanda de nuevos servicios en vivienda, movilidad, cultura, ocio y la exigencia de un desarrollo ambiental y socioeconómico más sostenible. Cambios que traen consigo nuevos retos y que exigen del gobierno local una actualización de su marco legislativo y sus ordenanzas, para abordar eficazmente los problemas de convivencia.

El Ayuntamiento, en su ámbito de poder, cuenta con la responsabilidad, la legitimidad y las competencias plenas para ordenar la vida en la ciudad y hacerla más amable. Además, es la instancia política más próxima a la ciudadanía y sus miembros electos deben escuchar con atención la voz de los vecinos y poner los medios para resolver sus problemas.

El espacio público, común a todos, está sufriendo mutaciones que acompañan el cambio social. Conforme se producen disrupciones, de índole económica, tecnológica, social, o todas en paralelo como en la actualidad, la sociedad debe revisar sus normas para adaptarse. En definitiva, la adaptación es el camino al progreso, pero sin olvidar que deben repartirse las cargas y los beneficios con justicia.

Mi forma de movilidad en la ciudad es caminar, excepto si la distancia es demasiado grande en que la opción es el autobús, el metro o el taxi. El vehículo privado lo utilizo exclusivamente para desplazamientos interurbanos o largos recorridos, y pienso que es una tendencia cada vez más arraigada. Caminar en horarios diversos me permite la observación detallada de los fenómenos y transformaciones más frecuentes para el viandante, que no son sino una creciente acumulación de obstáculos que convierten pasear por las aceras en un rally permanente.

A raíz de la Covid-19 una mayoría de hosteleros han tomado las aceras como si de un espacio privativo se tratara. Los hay cumplidores, claro está, pero un recorrido atento revela que la norma es la "barra libre", con proliferación de mesas y sillas fuera de las zonas delimitadas por la concesión, pues no se renuevan las marcas, impidiendo la libre circulación y sin pasar por caja.

Y qué decir de la circulación de patinetes, bicicletas y motocicletas, muchos temerariamente, que no están dispuestos a renunciar al uso de las aceras a modo de calzada. Sin olvidar a los riders, que subordinan la seguridad y comodidad de los demás ciudadanos a las urgencias de sus entregas. En definitiva, a falta de control y de campañas de educación vial, en la movilidad de los VPM (vehículos de movilidad personal) reina la anomia (ausencia de normas).

Otro grave problema de convivencia deriva de la contaminación acústica que padecen muchos vecinos que tienen la desgracia de residir junto a locales incumplidores o que al cierre sus clientes continúan la fiesta en la calle, sufriendo trastornos del sueño por niveles de ruido inaceptables para el buen descanso. Y tanto así para quienes padecen malos olores, inmisiones de humos del exterior al interior, que les impide ventilar adecuadamente sus viviendas.

Otro fenómeno que se consolida es la existencia de clanes organizados dedicados a la mendicidad y la recogida de chatarra, que reniegan de las soluciones habitacionales ofrecidas por los servicios sociales y habitan en parques y jardines con los consiguientes problemas de limpieza y salud pública. Sin olvidar tampoco a los propietarios de canes con pocos escrúpulos olvidan recoger los excrementos de sus mascotas.

Por todo ello, ahora que está en el horno la nueva ordenanza de convivencia, tras un retraso poco justificable, es el momento de solicitar que la norma sea adecuada a los tiempos que vivimos y permita erradicar los comportamientos irresponsables, reduciéndolos a una minoría.

Y junto a la nueva normativa, es indispensable que se modifique la estrategia relativa a la seguridad ciudadana. No es de recibo que una ciudad moderna, que debe cuidar de sus ciudadanos, además de ser destino turístico emergente y proactiva en atraer inversiones de empresas tecnológicas y de la sociedad del conocimiento, mantenga un cuerpo de policía infradotado en medios y personal, más propio del siglo pasado y con una carga burocrática que restringe su presencia en las calles. Conforme la sociedad avanza, las instituciones y los gobiernos están obligados a adecuar los medios a los fines, y presupuesto no falta.

Es pues momento de legislar con perspectiva de futuro y poner los medios para hacer cumplir las normas. Hay que proteger el espacio público común de los abusos de unos y otros y recuperarlo para quienes hacen un uso más sostenible de la ciudad, vecinos y viandantes, en estos momentos el colectivo más vulnerable en el trasiego de la vida cotidiana.

Manuel Suárez Albert es emprendedor social