Cosa de dos: el 'esquinazo' de Sánchez a la reforma de la financiación enreda en reproches al PSOE y al PP

VALÈNCIA. El retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica vuelve a poner el foco de atención sobre los dos grandes partidos, PSOE y PP, a raiz de las notables dudas existentes en ambas formaciones sobre la llegada del nuevo sistema en esta misma legislatura, antes de las próximas elecciones generales. El actual modelo lleva caducado desde 2014 y hasta el momento la inestabilidad institucional, la pandemia de coronavirus, pero sobre todo la falta de impulso y acuerdo político, han ido retrasando su revisión. 

El asunto se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato para los sucesivos Gobiernos centrales, que no han puesto solución por el momento. Lo fue para el Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy, y lo es para el que ahora dirige el socialista Pedro Sánchez. Y a pesar de los simbólicos pasos dados para negociar un nuevo modelo, a todos los pretextos esgrimidos se suma ahora un ciclo electoral en el que tanto el PSOE como el PP se jugarán el poder territorial en buena parte de las autonomías.

Así, el panorama parece ahuyentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo antes de los comicios generales, habida cuenta de las disensiones que genera el diseño de un nuevo sistema que ha de intentar conjugar reivindicaciones opuestas no sólo entre diferentes formaciones, sino también entre barones regionales en el seno de los principales partidos. Y es que entre socialistas y populares, dirigen casi todas las comunidades autónomas -a excepción de Cataluña, País Vasco y Cantabria-, lo cual convierte en una auténtica quimera alcanzar una postura común en cada uno de los grandes partidos. 

Mientras que las autonomías con mayores índices de despoblación y envejecimiento, como Galicia (PP), reclaman criterios compensatorios para luchar contra dichas tendencias, otras como la Comunitat Valenciana (PSOE) o Andalucía (PP) piden precisamente primar el número de habitantes en el reparto de fondos. El claro ejemplo de esta batalla interna es el propio Alberto Núñez Feijóo, que abanderaba las exigencias de las comunidades despobladas como presidente de Galicia y ahora tiene que liderar el PP con almas enfrentadas.

Así, ante la inminencia de las elecciones autonómicas andaluzas, que posiblemente podrían tener lugar en otoño como muy tarde, y las futuras elecciones autonómicas y municipales de primavera de 2023, ambas formaciones dan por inviable un consenso que permita desatascar la reforma del sistema antes de que acabe la actual legislatura -finales de 2023 si no hay adelanto electoral-, tal como publicaba El País este mismo lunes. De hecho, el asunto ni llegó a ser uno de los pilares del encuentro que mantuvieron Sánchez y Feijóo hace dos semanas.

Diferencias territoriales

Hay que recordar que ni en el Ministerio de Hacienda tiene entre sus previsiones de este año la reforma del sistema. El Plan Normativo del Gobierno para el año 2022 no incluía la actualización del sistema, como publicó Valencia Plaza, pese a que el departamento que dirige María Jesús Montero iniciara el pasado ejercicio el proceso para aprobar un nuevo modelo.

Así, fuentes del Ministerio explicaban a este diario en enero que la ausencia de esta reforma legislativa en el Plan Normativo reside en que no depende sólo del Ejecutivo, pues requiere una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. "También debe aprobarse por otros órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por tanto, se ha preferido no incluirlo", aseguraron entonces.

Lo cierto es que Montero presentó en diciembre a las CCAA el "esqueleto" del que será el nuevo sistema, donde proponía revisar el criterio de población ajustada y elevar el peso del gasto sanitario y educativo para llevar a cabo el reparto. Hasta el 31 de enero, las diversas autonomías remitieron al Ministerio sus respectivas alegaciones, que volvieron a evidenciar las enormes diferencias existentes.

Teniendo en cuenta que la negociación no sólo entra en el terreno partidista sino también territorial, lo cual convierte el acuerdo en un horizonte extremadamente complicado, el Ministerio de Hacienda todavía no ha concretado ningún plazo sobre los pasos a dar a partir de ese momento. Y no cabe duda que precisamente esas posturas enfrentadas ofrecen al Gobierno un pretexto para dilatar la reforma que Montero ya ha ido demorando en el pasado.

El Consell pide pasos

Las dudas de los principales partidos sobre el nuevo sistema arrancó este lunes una tímida reivindicación del Gobierno valenciano, cuyo director general de Relaciones con las CCAA y Representación Institucional, Jorge Alarte, pidió "un paso más" al Ejecutivo de Sánchez para acabar con la "situación injusta" de la Comunitat. Pero aprovechó para enviar un mensaje también a Feijóo y reclamarle "un paso al frente y un compromiso cierto y coherente y en todos los territorios".

El presidente regional del PP en la Comunitat, Carlos Mazón, subrayó en ese sentido que "la responsabilidad" de hacer una propuesta firme para modificar el modelo "es exclusivamente del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Y pese a las reservas expresadas también por populares de otros territorios, Mazón aseguró que el PP "no admite ningún aplazamiento", y que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "tampoco cumple con su responsabilidad" de exigir que no se frene la reforma y que hasta que llegue el nuevo modelo, pida "las compensaciones que necesita" la Comunitat.

Mientras, desde Ciudadanos, su síndica en Les Corts, Ruth Merino, lamentó que unos y otros estén haciendo "lo de siempre: actuar cobardemente y sin altura de miras para las cosas importantes". A su juicio, ambos partidos "prefieran hacer cesiones a sus socios a cambio de conservar sus sillones en lugar de legislar por la igualdad de oportunidades". "Para repartirse los jueces y las teles públicas no encuentran obstáculos ni excusas", añadió Merino para concluir que "una vez más, los más perjudicados son los valencianos".