Foto: ROBER SOLSONA/EPXimo Puig le debe un penúltimo favor a Manolo Mata por mucho que se haya enfadado con él por el 'asunto Febrer', asunto que uno, desde la distancia, sigue viendo incomprensible por el evidente conflicto de intereses que existe al ejercer Mata la defensa del principal imputado en el caso Azud, el empresario Jaime Febrer, al que le podría convenir pactar con el fiscal y tirar de la manta confesando con pelos y señales la financiación ilegal del partido del que su abogado es militante y ha sido síndic en Les Corts y vicesecretario general hasta hace cinco minutos. Se rumorea que es lo que ya está haciendo José Luis Vera, al que iba dedicada la columna de hace dos semanas.
Puig le debe un penúltimo favor a Mata porque gracias a su dimisión como síndic se ha visto obligado a hacer lo que menos le gusta, una crisis de gobierno, decisión que suelen tomar los presidentes en el ecuador de la legislatura pero que Puig siempre ha rehuido. No la hizo en la primera legislatura del Botànic, cuando en cuatro años solo cubrió la vacante de Carmen Montón cuando la consellera de Sanidad se marchó a su efímero ministerio, y no lo había hecho en la segunda después de tres años, y eso que Martínez Dalmau le dio cuando dimitió pasada la media parte. Tampoco la habría hecho de no haberse marchado Mata, porque de tanto pensárselo se le había pasado el arroz a solo un año de las elecciones. Porque no le gusta.
No es fácil para el común de los mortales cesar a un colaborador directo, a veces amigo, pero si uno es presidente tiene que estar preparado para tan ingrata decisión. Habrá sido duro para Puig poner fin a la dilatada carrera política, si no es rescatado para un retiro dorado en el Senado, de Vicent Soler –uno de 'Els 10 d’Alaquàs' detenidos la noche de San Juan de 1975–, que se va con la espinita clavada de no haber logrado el cambio de sistema de financiación autonómica (SFA) después de siete años como conseller de Hacienda. Su último servicio fue advertirle a la ministra Montero, mediante carta pública, que estamos en el noveno año de prórroga y que hace cuatro meses que no mueve un dedo, y de paso oficializar la nueva demanda de 42.000 millones que hemos incorporado al relato valenciano. Cuando se reforme el SFA habrá que homenajear a Soler igual que se hizo con Federico Félix cuando se inauguró el AVE.
La prueba de que Puig ha tenido que improvisar esta crisis de gobierno es que ha sido una remodelación slo-mo, a cámara lenta. Una semana ha tardado en ejecutarla desde que la anunció el sábado día 7, dos semanas si contamos desde que dimitió Mata y empezó a pergeñarla, con la consiguiente parálisis en la acongojada mitad socialista del Consell. Si habrá sido lenta, que se le coló Vicent Marzà con una minicrisis en el ala nacionalista del Ejecutivo.
Lo del hasta ahora conseller de Educación, Cultura y Deportes nos hizo abrigar la esperanza –a quienes, como Gabriela Bravo, pensamos que Mónica Oltra debería haber dimitido hace tiempo– de que el antiguo Bloc hubiese decidido demostrarle a la todavía líder de Compromís que dimitir no es tan difícil. Pero vista la contundente reacción de Àgueda Micó –entre otros miembros del partido– a la estocada de Bravo a la vicepresidenta en la Cope, surgen dudas sobre las verdaderas intenciones de Marzà. Que igual es verdad que se va para trabajar por el partido y a ejercer de diputado anónimo en Les Corts, pero como lo suyo no es habitual, nos hace sospechar que hay algo más, igual que sospechamos sin ningún fundamento que había gato encerrado cuando Fran Ferri se fue a su casa sin que nadie se lo hubiera pedido.
En cualquier caso, ha sido una ocasión desaprovechada por Compromís y por Puig porque la permanencia de Oltra en la vicepresidencia y portavocía del Consell, sobre todo en la portavocía, va a ser un lastre de aquí a las elecciones de dentro de un año.
Respecto a los cambios, el tiempo dirá si le sirven a Puig para revalidar la presidencia dentro de un año, que para eso los hace. Tienen apariencia de continuidad porque en un año poco van a poder revolucionar los nuevos consellers. Podrán, eso sí, mejorar la gestión, especialmente en Sanidad, donde una agotada Barceló debería haber sido sustituida el verano pasado, aprovechando la dimisión de Dalmau. Lo de Arcadi España y Rebeca Torró son premios de Puig a la fidelidad y lo de Josefina Bueno, que pasó sin pena ni gloria por una dirección general hace unos años, suena a imposición del lobby alicantino que dirige Andrés Pedreño.
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri por fraccionar dos contratos para hacerlos pasar por contratos menores y así poder adjudicarlos a dedo. Uno de ellos es un contrato para la promoción de unos premios de comercio, que se dividieron en cuatro facturas con un mismo proveedor: diseño de una página web, elaboración y reparto de trípticos, inserciones de publicidad en medios de comunicación y producción audiovisual de la gala. Los cuatro sumaban 26.000 euros (iva no incluido), cuando el límite de un contrato menor era 18.000.
Alguien de la administración de Justicia debería explicar por qué Echávarri sí y los demás no. Los demás son decenas de cargos públicos que hacen eso mismo de forma habitual para repartir contratos entre los amigos, como certifican informes de la Agencia Antifraude que resulta que no tienen relevancia penal.
