CASTELLÓ. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión ocurrida a finales de la pasada semana en las instalaciones del Centro Penitenciario de Castellón I. Según han explicado desde la central sindical, "el incidente fue protagonizado por un interno que se encontraba en el módulo de aislamiento con patologías de tipo psiquiátrico y que, en un momento determinado, intentó agredir y propinar un puñetazo al funcionario de Prisiones que le custodiaba en ese momento".
Un incidente que obligó a intervenir al personal del centro y que, según CSIF, "pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes para mejorar la adaptación al ámbito penitenciario de los internos que ingresan en los centros con problemas psiquiátricos de diferente índole".
"A la falta de personal médico y de Psiquiatría en los centros penitenciarios se suma el hecho de que los datos del expediente médico de los internos que constan en el Sistema Nacional Público de Salud no están comunicados con los del informe de Instituciones Penitenciarias, por lo que en ocasiones los profesionales penitenciarios deben realizar su trabajo con internos que presentan problemas psiquiátricos o de dependencia totalmente a ciegas, con el riesgo que conlleva", han lamentado desde CSIF.
Ante esta situación, desde la central sindical han recalcado la "importancia" de "incrementar de manera adecuada la plantilla de los centros con personal médico y de Psiquiatría que evalúe a los internos de manera periódica, ya que en muchas ocasiones solo hay un médico para 500 internos" y que "se modifique la legislación para que el personal de Prisiones sea reconocido con la figura de Agente de la Autoridad, de modo que las agresiones puedan ser consideradas como atentado a la autoridad en lugar de saldarse con meras sanciones administrativas".
A su vez, desde CSIF también han reclamado, "además de resolver esta descoordinación entre las bases de datos, se informe de manera adecuada al personal de Prisiones sobre las características de los internos que ingresan en los establecimientos con problemas psiquiátricos, a fin de que haya una mayor anticipación y prevención”, con medidas como “la comunicación de los datos médicos entre Instituciones Penitenciarias y el Sistema Nacional de Salud Pública o la transferencia efectiva de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas".
