VALÈNCIA (EP). El sindicato CSIF ha urgido a la Generalitat a desarrollar el Decreto 49/2021, de 1 de abril, de regulación del teletrabajo en la Administración autonómica ya que ha lamentado que, ocho meses y medio después, "todavía no se aplique en un solo departamento a pesar del incremento de contagios y de las peticiones por parte de trabajadores".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha mantenido reuniones con todas las consellerias para abordar la cuestión, excepto con Agricultura, Hacienda y Presidencia, que asegura que no han respondido a su petición de cita. De acuerdo con el sindicato, en estas reuniones ha constatado "la falta de avances para aplicar el decreto".
El sindicato ha valorado en un comunicado que la Conselleria de Economía sí haya presentado su proyecto aunque todavía la Dirección General de Tecnologías de la Información no ha emitido al respecto un informe favorable, circunstancia obligatoria para que pueda aplicarse, según el decreto.
En esta línea, CSIF insta a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, responsable de la aplicación del citado decreto, a que agilice "un proceso farragoso, con numerosos anexos a cumplimentar y sobre el que no facilita al resto de consellerias los criterios para desarrollar el decreto".
La central sindical recalca que esa "falta de predisposición" a impulsar el decreto por parte de Función Pública provocará que "hasta marzo o abril del próximo año no empezará a aplicarse en algún departamento de alguna conselleria".
El sindicato lamenta que esta "lentitud contrasta con el incremento de contagios y con las peticiones no respondidas de numerosos empleados públicos para poder teletrabajar", por lo que urge a la administración a que adopte las medidas necesarias para agilizar el desarrollo de esta modalidad de trabajo.
A este respecto ha pedido, por ejemplo, una resolución como "deber inexcusable" que autorice "de inmediato" a teletrabajar a empleados públicos con menores a su cargo confinados ya que la respuesta ante estas circunstancias por parte de Función Pública consiste en que "se cojan días de vacaciones o permisos", explica.
CSIF avisa que esa medida, en una administración con numerosas vacantes por cubrir, "provoca un retraso, que afecta a la ciudadanía, en la labor de los empleados afectados, que podrían acometerla teletrabajando y que, en cambio, se ven obligados a coger vacaciones".
El sindicato alerta igualmente del riesgo que supone mantener a los 16.000 empleados públicos de la Generalitat físicamente en sus puestos laborales "en lugar de optar por la prevención y permitir que quienes lo deseen, y su tarea sea susceptible de hacerlo, puedan teletrabajar y, así, disminuir el riesgo de contagio".
