Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Este domingo 28 de mayo tendrán lugar las elecciones autonómicas y locales en la Comunitat Valenciana. Unos comicios donde se decidirán si el bloque de izquierdas logra retener la Generalitat y el Ayuntamiento de València, o si por el contrario se produce un vuelco y la derecha logra recuperar el Gobierno autonómico o la vara de mando en la capital.
Del resultado dependerá que se lleven a cabo varios proyectos en el territorio o se impulsen unas u otras políticas, tales como las reversiones sanitarias, la ampliación del Puerto de Valencia o el despliegue de renovables en la Comunitat. Cuestiones sobre las que derecha e izquierda guardan modelos, casi, antagónicos. Valencia Plaza analiza las diez cuestiones que se decidirán en la próxima legislatura en un sentido u otro.
La Sanidad ocupa una parte importante de los programas electorales de casi todos los partidos para el 28M. Y no es para menos. Las formaciones, a izquierda y derecha, admiten que especialmente la situación en Atención Primaria será uno de los asuntos que tendrá que abordar con prontitud cualquiera que se sitúe al frente de la Generalitat.
Promesas como crear una dirección general específica de Atención Primaria, el aumento de plazas, un aumento de los centros de atención continuada o establecer por ley un tiempo máximo de espera en las listas para pruebas diagnósticas y quirúrgicas son algunas de las propuestas de los partidos, especialmente del PPCV.
En cuanto a las reversiones, las previstas para 2014 son las de las áreas de salud de Dénia y Manises, cuya gestión es todavía privada y pasaría a ser pública. El PP y Vox, partidarios en general de la colaboración público-privada, aseguran que quieren estudiar la mejor fórmula, aunque no prometen que vayan a echar para atrás las reversiones decididas por el Botànic. La izquierda defiende su decisión y aboga por mejorar las disfunciones.
La rebaja de impuestos ha sido siempre una bandera de la derecha y fue la primera gran medida presentada por el líder del PPCV, Carlos Mazón, en cuanto llegó a la presidencia del partido. Sin embargo, también la izquierda ha entrado en este juego -eso sí, en menor medida- después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV) diera un golpe de timón tras el pasado verano con una reforma fiscal. En estas elecciones se juega la continuidad de la acometida por el Botànic y una derogación inmediata de ésta por parte de los populares y sus posibles socios de Vox para rebajar en mayor medida los tributos.
Los socialistas, Compromís y Unides Podem llegaron a un acuerdo para que la ley de Medidas Fiscales (conocida como ley de Acompañamiento) de este año incluyera la modificación de tres impuestos: IRPF, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre el Patrimonio. En el caso del IRPF, se aprobó una nueva tarifa que beneficia sólo a los contribuyentes con bases imponibles por debajo de 60.000 euros. La nueva escala reduce el tipo de las rentas más bajas del 10 al 9%, igualándose a la mayoría de las Comunidades Autónomas. También se produce la elevación de mínimo personal y familiar exento al máximo legal permitido (10%). Igualmente, el importe de las deducciones aumenta un 10% y el límite para acceder a ellas pasa de 25.000 euros de base imponible a 30.000 en tributación individual, y de 40.000 a 47.000 en tributación conjunta. Para elevar la carga fiscal de los valencianos con rentas más altas, quienes tengan bases imponibles por encima de 77.000 euros sufren en 2023 una subida explícita del IRPF.
En el impuesto sobre el Patrimonio, éste pasa a ser más gravoso en la Comunitat Valenciana a partir de 2023 para los patrimonios superiores a 1,33 millones de euros excluida la vivienda habitual. Para esos tramos, el tipo aumenta en 0,25 puntos, de manera que el tramo de 1,33 millones pasará de un tipo del 1,62% al 1,87% y el tramo más alto alcanzará el 3,75%.
En cuanto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la novedad es que desde el 1 de enero de 2023 los particulares o empresas que compran un inmueble rústico o urbano valorado en más de un millón de euros pagan de ITP un 11% del valor escriturado -o del valor calculado por el Catastro, si es mayor que el de la escritura-, en lugar del 10%, que es el tipo general que se aplica actualmente y que sigue vigente para los que no alcancen esa cifra.
Por su parte, la propuesta de Mazón supone una mayor bajada de todos los impuestos con efectos retroactivos a 1 de enero de 2023. En el IRPF propone la rebaja generalizada en todos los tramos para que, según prometen, nadie pague más del 50% de su renta. Para los tramos más bajos -los que perciben menos de 35.000 euros al año– pasará del 9 % actual al 8,75 %, con lo que, en combinación con el mínimo exento de la Comunitat Valenciana, haría que este tramo de renta fuera el que menos pagara de toda España. En las franjas altas de renta, el PP plantea “evitar el carácter confiscatorio” de la tributación, con un tipo máximo del 24,5 %, igual al estatal. Mazón también presentó un paquete de diez deducciones fiscales de dos tipos: relacionadas con servicios sociales y otras para “incentivar la actividad económica”.
El PPCV aboga igualmente por la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio y en Sucesiones y Donaciones defienden las bonificaciones para que prácticamente desaparezca. Su reforma contempla asimismo reducir el tipo actual del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en bienes inmuebles al 6% para inmuebles menores de 250.000 euros, al 8% para los de hasta 600.000 y el 9% para los superiores a 600.000 euros. Los bienes muebles pasarían de un tipo general del 6% actual a un 4%.
Ximo Puig se enfrenta a las elecciones de este domingo con un ‘debe’ en mayúsculas: no haber logrado una reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2014 y que sitúa a la Comunitat Valenciana a la cola de todo el país. El 3 de diciembre de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envió a las comunidades de régimen común, además de a Ceuta y Melilla, su propuesta de reforma del modelo en base al criterio de población ajustada, con variables que estaban pidiendo las regiones conocidas comúnmente como 'infrafinanciadas': la valenciana, Andalucía y Murcia.
A partir de ese momento, el ministerio dio de plazo a las autonomías hasta el 31 de enero del pasado año para presentar alegaciones a la propuesta. Pero ningún otro movimiento volvió a haber pese a ser un partido, el PSOE, del mismo color que el que gobierna la Generalitat. Entre los motivos aducidos por el Ministerio de Hacienda, que hay otras cuestiones que consideran más urgentes como la gestión de la pandemia, la guerra de Ucrania o la inflación.
En campaña electoral, todos los partidos de la izquierda vuelven a exigir la reforma del sistema. Algunos como el PSPV con mucha menor intensidad que en 2019 ya que poco tiene que decir. El PP, por su parte, se atreve a asegurar que con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno todo cambiará.
La Unión Europea ya ha advertido del fin de la relajación de los objetivos de déficit y de la necesidad de volver a la senda de la estabilidad. Por lo que el próximo año es muy probable que venga con la limitación del gasto. Los recortes en la administración valenciana serán seguramente unos de los ‘marrones’ de bienvenida para cualquiera que acceda –o continúe– en la Generalitat en una autonomía con un déficit muy superior a la media española.
Aquí la izquierda y la derecha se mueven en posiciones muy distintas, aunque el PSPV sí llega a hablar de ciertos ajustes. El PP y Vox incluyen entre sus promesas electorales el recorte en gastos de personal y el adelgazamiento de la Administración con menos consellerias y entes que consideran que provocan duplicidades.
En Compromís y Podem-EU opinan en sentido contrario con un rechazo frontal a cualquier ajuste. Mientras que los socialistas se muestran partidarios de ser más "eficientes". Eso sí, ningún partido concreta la posibilidad de tocar el sector público y todos aseguran que los servicios públicos se mantendrán como hasta ahora.
Los socios del tripartito difieren sobre cómo deberían desplegarse las renovables en la Comunitat Valenciana. Aunque las tres formaciones son favorables a la implantación de fotovoltaicas y energías limpias, Compromís y Podem-EU abogan por exigir como condición a las empresas que buscan instalarlas en municipios de la autonomía que lo hagan respetando los terrenos agrícolas productivos y prioricen sobre ellos los tejados o suelos de zonas urbanas y áreas industriales. Entre otros motivos, para evitar la despoblación de los municipios de interior.
El PSPV por su parte busca una mayor celeridad ante la crítica de los empresarios, que aseguran haberse encontrado “trabas” por parte del Gobierno autonómico. Una agilidad que permita llegar al objetivo que se ha marcado el ejecutivo de llegar a los 6.000 MW en 2023. La postura es bastante similar a la del PP, Cs o Vox, que piden procedimientos ágiles para que las empresas puedan desplegar sus plantas en el territorio.
La Generalitat tendrá como uno de sus objetivos económicos principales durante la próxima legislatura seguir atrayendo inversiones extranjeras o de otras autonomías. Pero también la consolidación de aquellos proyectos que han llegado a la Comunitat.
El hito más importante de los últimos cuatro años ha sido la elección de Sagunt por parte de Volkswagen para instalar su gigafactoría, con una capacidad de producción de 150 millones de celdas de baterías para cubrir 500.000 coches anuales. Pero entre los retos de la Generalitat en relación a la industria automovilística también se encuentra que Ford arranque su proyecto eléctrico y consiga estabilidad en la fábrica de Almussafes.
A pesar de ser una de las medidas que quería impulsar el Botánic en esta legislatura -Compromís en particular, pues el PSOE había mostrado reticencias-, el tripartito no ha aprobado tampoco este mandato el requisito lingüístico. Es decir, la exigencia de acreditar un nivel de valenciano para acceder a un puesto en la Función Pública valenciana a la hora de presentarse a una oposición.
En este mandato, los tres partidos lograron sacar adelante la nueva Ley de Función Pública, pero el requisito, que debía regularse mediante un decreto, se ha quedado a las puertas de validarse porque la Conselleria de Justicia (gobernada por los socialistas con Gabriela Bravo al frente) remitió tarde la documentación al Consell Jurídic Consultiu (CJC), que debía dar el visto bueno a la norma para que esta pudiera aprobarse y entrar en vigor.
En Compromís existen suspicacias de si ha habido intencionalidad o no por parte de la consellera, por lo que si el bloque de izquierdas vuelve a gobernar, aseguran que el requisito será una de las prioridades que pondrán sobre la mesa para que se apruebe el primer mes de gobierno. Algo que deberán negociar con el PSPV, dado que Podem es totalmente favorable a que los funcionarios acrediten su grado de conocimiento de la lengua cooficial. En caso de que gobierne la derecha, este no llegará a aprobarse porque ni PP, ni Cs ni Vox son proclives a que se considere requisito y no mérito.
PSPV, Compromís y Unides Podem aprobaron a finales de 2022 la ley de la tasa turística que permitirá a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana poner en marcha, o no, este impuesto que grava las pernoctaciones turísticas a partir del año que viene. Los márgenes oscilan en función del tipo de alojamiento: de 0,5 a 2 euros la noche con un máximo de siete días. A modo de ejemplo, si se opta por un hotel de cinco estrellas durante una semana, el turista pagará 14 euros al abandonar el alojamiento, el tope que fija la ley, mientras que si lo hace en un camping, apenas pagará 3,5 euros.
Compromís y Unides Podem son favorables a su implantación sin reservas para que su recaudación pueda destinarse a limpieza o mantenimiento de patrimonio para compensar el impacto que pueda tener el turismo. Los socialistas también son partidarios, pero huelga apuntar que en su día apoyaron la ley impulsada por sus socios con dos condiciones: que no entrara en vigor hasta 2024 (después de las elecciones del 28M) y que esta fuera voluntaria para no imponer a ningún consistorio su aplicación, pues querían poner especial atención al municipio de Benidorm para que los precios de los paquetes turísticos siguieran siendo competitivos.
Por su parte, PPCV, Ciudadanos o Vox ya han advertido que no pondrán en marcha la tasa allá donde gobiernen, por lo que esta es una de las principales políticas que están en juego. De la misma manera, también está en liza poner un veto a los apartamentos turísticos, o no. El bloque de izquierdas es partidario de limitar su implantación, principalmente por el impacto que estos están teniendo en el acceso a la vivienda. La derecha, sin embargo, cree que el problema está en la proliferación de pisos ilegales y lo que debería hacer el ejecutivo es aumentar la inspección pero permitir esta actividad.
Una de las cuestiones a las que deberá dar respuesta el gobierno entrante en el Ayuntamiento de València es a cómo afectará la entrada en vigor de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aún en trámite de elaboración. Así que quien gestione el área de movilidad durante los próximos cuatro años tendrá que definir cómo afectará esta normativa cuyo fin es imponer restricciones a los coches contaminantes.
Entre otras cuestiones deberá responder a preguntas aún sin respuesta antes de finalizar 2023 (pues la normativa europea obliga a tenerlo en marcha antes del 31 de diciembre de este año): cuándo entrará en vigor, qué áreas comprenderá en la ciudad o a qué vehículos afectará. De momento, los gestores actuales todavía no han dado detalles sobre la ordenanza y han preferido ralentizar la cuestión a la vista de la repercusión que pueda tener en las elecciones y tan solo ha adjudicado el contrato del suministro, instalación y gestión de 274 cámaras que estarán repartidas por toda la ciudad. En cualquier caso, cualquiera que gobierne deberá ponerlo en marcha por obligación porque se trata de una imposición europea.
La ampliación norte del Puerto de Valencia ha sido una de las cuestiones que ha dividido más a los socios del tripartito en el Consell y del Gobierno del Rialto en el Ayuntamiento de la ciudad. En especial, esta cuestión ha generado fricciones entre Compromís y PSPV. Los primeros no son favorables a esta obra, si bien en las últimas semanas el alcalde Joan Ribó ha matizado la postura del partido al advertir que esta está condicionada a que se realice una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Podem, en caso de entrar al Ayuntamiento de València, se opone frontalmente a esta megaobra.
Los socialistas, sin embargo, son partidarios de la ampliación "de forma sostenible y cumpliendo la legislación" en aras de que València pueda ser "ciudad de oportunidades". Por lo que, en caso de revalidar el gobierno municipal, esta será una de las cuestiones que vuelva a enfrentar a los socios y sobre la que deberán adoptar una decisión.
La posición del PSPV es compartida por el Partido Popular: favorables a la ampliación del Puerto de Valencia siempre y cuando se "protejan y regeneren las playas del sur", según figura en su programa electoral. El mismo discurso que Ciudadanos o Vox, de lo que se deduce cuál sería la determinación de la derecha en caso de gobernar.
