CASTELLÓ. La aprobación este jueves, 25 de julio, de las nuevas retribuciones de los concejales en el Ayuntamiento de Castelló marcará un punto de inflexión en la política local desde que existe la democracia. Más allá de los incrementos salariales de los ediles (en algunos casos de hasta el 50%), la dedicación exclusiva de los portavoces de la oposición implicará un camino por explorar. Desde que en 1979 se constituyera la primera corporación en los albores del pluralismo liberal, nunca antes ningún líder de la bancada contraria al equipo de gobierno había tenido la oportunidad de dedicarse al 100% a fiscalizar la gestión municipal.
Hubo intentos, pero exiguos, en las etapas del Partido Popular. Por ejemplo, en el cuarto mandato de José Luis Gimeno como alcalde (2003-2007), cuando el PP ofreció a Enric Nomdedéu, entonces único munícipe del Bloc, asumir la parcela de Sanidad. La concejalía equivalía a una ocupación completa en el consistorio, que no significaba que necesariamente pudiese ampliar su tiempo como portavoz.
Tanto la propia formación nacionalista como el PSPV-PSPV y otros partidos con representación municipal reclamaron en distintos periodos una dedicación exclusiva para sus representantes. Sin embargo, la concesión del PP se limitaba a una retribución mayor. La asignación parcial de los portavoces y sus respectivos adjuntos oscilaba entre el 40 y 45% con salarios netos de entre 1.600 y 1.800 euros. En el caso de los regidores rasos, sus remuneraciones apenas alcanzaban los 700 euros. Con esas dedicaciones Ignacio Subías, Juan María Calles o Amparo Marco, actual alcaldesa, como exponentes del principal partido antagónico a la derecha, compaginaban la política con sus profesiones.
En realidad, el Partido Popular jugaba con la figura de dedicación exclusiva en función de su conveniencia, concepto retributivo aprobado por el socialista Daniel Gozalbo como alcalde entre 1987 y 1991. Hasta 1999 el primer edil de la ciudad disfrutaba de una asignación parcial a propósito de su tiempo. A finales de aquel año el PP, en la que era su tercera legislatura al frente del consistorio, consideró oportuno utilizar el recurso de dedicación exclusiva para José Luis Gimeno con una retribución anual de 60.101,21 euros. La oposición criticó la medida al entender que el alcalde, próximo a la jubilación, se aseguraba un retiro más que tranquilizador a nivel económico.
En los sucesivos periodos de gobierno popular la pauta se repitió, con una importante novedad. La gratificación del primer munícipe fue incrementándose hasta alcanzar un máximo astronómico de 88.000 euros en 2010. Alberto Fabra se convertía en el sexto alcalde mejor pagado de España. El PSPV censuró aquel aumento y denunció, además, que éste mantenía su despacho de arquitecto técnico, acusación que el implicado rechazo, advirtiendo que si seguía dado de alta en el Colegio Oficial era por evitar la pérdida su licencia.
En los 24 años de control del PP en el Ayuntamiento de Castelló la dedicación exclusiva solo fue cosa del alcalde y de algunos de sus concejales. La oposición nunca tuvo tal privilegio. Por eso, la aprobación este jueves de las nuevas retribuciones y asignaciones supondrá un camino por explorar. Y eso ocurrirá independiente del voto final del PP, Ciudadanos y Vox (estos dos últimos en contra previsiblemente de la decisión).