¿Defiende Ximo Puig el derecho civil valenciano realmente? Siete años de reivindicación blanda

VALÈNCIA. El pasado miércoles, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue preguntado en el programa de Carlos Herrera de la Cadena Cope sobre la bloqueada recuperación del derecho civil valenciano.  "Es una anomalía histórica", comentó el jefe del Consell, para reclamar de esta manera que sea incluida su restauración en la reforma constitucional que se está negociando en el Congreso.

"Pasa como con la reforma de la financiación autonómica, que nunca es el momento, pues en algún momento habrá que superar las anomalías que pasan en España", subrayó, para instar a terminar con esta "discriminación". 

Unas palabras que no parecen dejar lugar a la duda sobre el posicionamiento del también líder del PSPV sobre esta cuestión. Su mensaje fue tuiteado por la cuenta oficial de los socialistas valencianos, aunque este mensaje no fue seleccionado para su difusión en el perfil de la red social de la Generalitat. En su equipo, insisten en Puig se va a mantener "como siempre" en esta reivindicación y aseguran que se harán las "gestiones" procedentes con el Gobierno de España para esta recuperación. Pero, ¿los hechos respaldan estas palabras?

En octubre de 2015 y ante el riesgo de sentencia contraria, la Asociación de Juristas Valencianos (AJV) presidida por José Ramón Chirivella inició una campaña solicitando la retirada de los recursos interpuestos -dos de ellos por el gobierno de Rodríguez Zapatero y uno por el de Mariano Rajoy- sobre el derecho civil valenciano. En concreto, sobre la Ley de Régimen Económico Matrimonial , la Ley de Custodia Compartida y la Ley de Uniones de Hecho.

El pleno del Consell, en su reunión del 1 de abril de 2016, aprobó una declaración institucional por la que se instaba al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad de estas tres leyes. Tres semanas más tarde, el 21 de ese mes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recibía a la AJV para trasladarles su apoyo y remitá una carta a Rajoy para solicitarle la retirada de los recursos.

Sin embargo, ya era tarde. Unos días después, el 28 de abril de 2016, Puig se convirtió en el primer presidente autonómico que perdía autogobierno, con la sentencia 82/2016 del Tribunal Constitucional, con la que se tumbaba la conocida como Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Esta primera decisión, dio paso a las otras que terminaron de vaciar de contenido el derecho civil valenciano.

En 2018 llega la moción de censura a Mariano Rajoy y pasa a gobernar el socialista Pedro Sánchez. Tras no pocas dificultades, se había pactado un texto en Les Corts para recuperar el derecho civil valenciano a través de una proposición de reforma constitucional con la incorporación de un nuevo párrafo segundo en la disposición segunda de la carta magna. Sin embargo, la estrategia puede más y Puig decide dar un golpe de timón y adelantar las elecciones para concurrir con los comicios generales. El presidente de la Generalitat disuelve Les Corts el 5 de marzo, un día antes de que se aprobara la proposición ya pactada, con lo que decayó y se perdieron 11 meses.

Por otro lado, y en líneas generales, esta reivindicación no suele estar presente en los discursos del jefe del Consell en fechas señaladas como el Día de la Constitución. Puig siempre se ha mostrado partidario de reformas profundas de la carta magna o ha reiterado propuestas para avanzar en la federalización del Estado, pero es cierto que, en estos años, poco se ha detenido en esta pérdida concreta de autogobierno.

De la misma manera, tampoco se aprobó en el 40º Congreso Federal del PSOE celebrado en València en octubre de 2021, una enmienda del PSPV de la provincia de Castellón a la ponencia que, entre otras cuestiones, reclamaba la restitución del derecho civil valenciano.

Eso sí, la implicación socialista más clara fue en verano del año pasado gracias a los diputados valencianos en el Congreso, cuando se avinieron a apoyar la enmienda que incluía la recuperación del derecho en la reforma del artículo 49 de la Constitución durante el Debate de Política General, si bien un error técnico de Compromís impidió que saliera adelante.

Por otro lado, Puig tampoco se ha implicado de forma visible con la AJV, la organización encargada de insistir en la recuperación de la citada herramienta jurídica. Desde 2016, no ha vuelto a recibir a esta asociación -pese a que ha habido varias peticiones- y nunca ha asistido a ningún acto o concentración en el Congreso o en la Comunitat Valenciana promovida por esta entidad. En su día, tampoco dio respuesta -así lo aseguran fuentes de AJV- a la posibilidad de un debate con el líder del PPCV, Carlos Mazón, en el Ateneo en octubre de 2021. Pese a esta relación distante, la AJV está tramitando otra solicitud de reunión con el presidente de la Generalitat tras los últimos acontecimientos para tratar de quemar los últimos cartuchos con el proceso abierto de la reforma constitucional.

De todo esto se deduce que Puig, aunque está a favor de la recuperación del derecho civil valenciano, no la tiene situada como uno de los asuntos prioritarios en su agenda ni en su gestión política. Bien es cierto que podría tomar esta bandera para lograr un triunfo autonómico tras el traspiés del recorte del trasvase Tajo-Segura o el eterno retraso de la reforma del sistema de financiación.

El problema es que plantear un pulso con esta cuestión al Gobierno de España se antoja una batalla difícil de ganar. El ministro Félix Bolaños se encuentra negociando con los grupos parlamentarios la reforma del artículo 49 de la Constitución para retirar de la misma el término "disminuido" y cambiarlo por "personas con discapacidad". El PP, con su secretaria Cuca Gamarra al frente, ya le advirtió que sólo aceptaría ese cambio y ninguna otra modificación; poniendo en evidencia a sus compañeros de la Comunitat Valenciana que sí han manifestado reiteradamente su apoyo a la recuperación de la citada herramienta jurídica.

Si Puig aprieta al Gobierno central con su inclusión y trasciende, ofrecerá un síntoma de debilidad si no logra su objetivo. Por otro lado, aunque lo consiga y Bolaños acepte respaldarlo, el PP podría cerrarse en banda recordando la condición de no introducir otra cuestión en la reforma, con lo que probablemente tampoco saldría adelante la cuestión principal sobre la discapacidad dado que los votos de los populares son necesarios.

Es por ello que, dando por hecho que los dirigentes valencianos del PP no harán cambiar de criterio a sus superiores, el dilema que le queda al presidente de la Generalitat -y a los diputados que deben aceptar o rechazar las enmiendas- es cuánto apretar el acelerador para tratar de recuperar el derecho civil valenciano. Una cuestión que, cabe recordar, figura en el punto 6.7 del Pacte del Botànic.