Ximo Puig, presidente de la Generalitat, Mónica Oltra, vicepresidenta y Gabriela Bravo, consellera de Justicia. VALÈNCIA. Pocos meses le ha durado al Govern del Botànic la intención de salvaguardar las jefaturas de servicio de las diferentes consellerias al personal funcionario. Y es que, desde que se incluyera esta limitación en la Ley de Función Pública en 2021 a la posterior enmienda en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras de 2022, tan solo pasaron unos meses en los que el Gobierno de Ximo Puig pudo resistirse a utilizar estas plazas para designar a personal de confianza.
La pasada semana, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la convocatoria de una decena de jefaturas de servicio por el sistema de libre designación entre las consellerias de Economía, Educación y el área de Presidencia. Jefes de servicio de Fomento del Emprendimiento, de Secretaría de la Secretaría Autonómica de Industria, subdirección general de Industria y de la Secretaria de la dirección de Internacionalización, en el caso de la primera.
Jefes de servicio de Gestión y determinación de plantillas de personal docente, de Innovación y Calidad y de Contratación de infraestructuras educativas, en el caso de la segunda. Y jefes de servicio en la Agencia Valenciana Antidespoblación, de Soporte a la Acción de Gobierno y de la dirección general de Administración Local. Una acción que ha puesto en alerta a los sindicatos, quienes reclaman que mantengan estos puestos circunscritos de forma mayoritaria a los funcionarios.
"Nos nos cansaremos de pedir que dejen de reclasificar puestos de trabajo para que pasen a ser de libre designación, así como el incremento de plazas de personal eventual (asesores), entendemos que debe de ser una medida excepcional y no la norma, como parece que pretende imponer el Gobierno de la Generalitat Valenciana a pesar de haberlo criticado tanto con anterioridad", señalan desde CSIF.
Cabe recordar que en la Ley de Función Pública se intentó acotar esta tendencia en el preámbulo de la misma. "Se contempla el concurso específico como medio ordinario de cobertura de los puestos de jefatura de servicio o similares y se establece en qué supuestos puede recurrirse a la libre designación, estableciendo además una serie de cautelas jurídicas en esta materia. Asimismo, se clarifican los supuestos de movilidad interadministrativa e intersectorial", incluye la actual legislación. Sin embargo, en una de las enmiendas presentadas por PSPV, Compromís y Unides Podem a la Ley de Acompañamiento de 2022, se sustituía por la siguiente: "Se regulan los medios de cobertura de los puestos de trabajo y se aclaran los supuestos de movilidad interadministrativa e intersectorial".
Una nueva redacción que se complementó con un nuevo apunte para modificar el articulado relacionado con ese asunto: "Atendiendo a su especial responsabilidad y confianza, se proveerán por este sistema (libre designación) únicamente los puestos de trabajo siguientes: aquellos con el rango de subdirección general o jefatura de servicio; los de secretaría de altos cargos; el personal conductor al servicio de los miembros del Consell; y los puestos de naturaleza funcionarial que se creen como consecuencia de un acuerdo del Consell pertenecientes a los grupos o subgrupos A1, A2, B o C1 dependientes de las subsecretarías y secretarías autonómicas con funciones de asesoramiento".
Una enmienda que ha supuesto, por tanto, retrotraer la situación a antes de la ley para que los jefes de servicio puedan ser nombrados a dedo si cumplen con una serie de requisitos formales como grupo, titulación, etc. en lugar de un concurso de méritos. Algo que fue muy criticado en la etapa del PP, con lo que se intentó terminar y que, tras ni siquiera un año en marcha, se decidió no tomar como una fórmula óptima y se devolvió a su situación inicial.
