VALÈNCIA. Los tres partidos del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- lograron sacar adelante este jueves la nueva Ley de Función Pública. Una norma que según el tripartito modernizará la Administración valenciana y que comenzó a redactarse prácticamente al inicio de la legislatura pasada. En concreto, en 2016, por lo que hasta que ha visto la luz han pasado nada más y nada menos que cinco años.
¿El motivo principal de tal retraso? El famoso requisito lingüístico. O lo que es lo mismo: el conocimiento del valenciano que deberán tener aquellos que deseen acceder a un puesto en la Administración valenciana. A cuenta de las discrepancias entre PSPV y Compromís, la norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell en la legislatura pasada para ser remitida y tramitada en Les Corts.
Hasta que en febrero del año pasado se retomaron las negociaciones. En realidad, la norma aprobada ahora recoge en una disposición que será un reglamento -todavía por elaborar- el que determine el nivel de conocimiento del valenciano que deberán tener los funcionarios. Es decir, que la ley contempla que el valenciano sea un "requisito" para acceder a una plaza de la Generalitat, pero todavía no recoge qué nivel de exigencia se solicitará.
Así, en el plazo de un año "desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes [...] el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística".
Pero aunque el requisito lingüístico ha sido el foco central de la polémica, la ley también introduce modificaciones significativas respecto a la norma en vigor. Como novedad, trae importantes cambios dentro de la estructura organizativa del Consell, y no solo en el cuerpo de funcionarios de la Generalitat. Por lo pronto, los conductores de los consellers volverán a ser asesores del Ejecutivo valenciano; es decir, personal de confianza de los miembros del Gobierno, como ya lo son los conductores del president de la Generalitat, Ximo Puig, que son los únicos que mantienen esta condición.
Durante la pasada legislatura y los dos años que han transcurrido de la actual, cabe recordar, los conductores eran personal laboral porque el primer gobierno del Botànic modificó su naturaleza de asesores que les atribuyó el PP previamente durante sus años al frente de la Generalitat. Con el cambio introducido ahora, no solo se convertirán de nuevo en eventuales como lo eran en la época de los populares, sino que también el Consell estará obligado a modificar el decreto de personal eventual para ampliar el límite permitido, actualmente está situado en 116.
Otro de los cambios que introduce el Botànic en la nueva ley respecto a la anterior es que el 50% de las plazas que salgan en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) deberán ser exclusivamente de oposición, no concurso-oposición. La modificación, según explican, pretende garantizar la igualdad de oportunidades para todos aquellos que opten a ocupar una plaza en la Administración.
Esto es porque hasta ahora, en las plazas de concurso-oposición, el personal interino de la Generalitat obtenía puntuaciones en la fase de concurso que dejaban fuera de las convocatorias a personas aspirantes sin experiencia laboral en la Administración. En cualquier caso, el concurso-oposición se mantendrá para las OPE futuras, pero la diferencia es que, ahora, al menos la mitad de las plazas cada convocatoria se limitarán a la superación del proceso selectivo, a la aprobación de los exámenes. De manera que todos los aspirantes gocen de igualdad de acceso. Un cambio que en el Botànic creen que favorecerá la incorporación de personal más joven, a captar gente externa.
Además, la nueva norma reduce los cuerpos y escalas de la Administración, que pasan de ser 202 a la mitad. Un cambio que "no encorseta tanto los puestos de trabajo", explica la diputada del PSPV Rosa Peris porque "facilita la movilidad dentro de la administración, no solo entre consellerias, sino también entre unidades". Las funciones de los cuerpos se amplían y, por tanto, la movilidad de los puestos es mayor.
Asimismo, la ley introduce medidas que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres, como por ejemplo que los tribunales de valoración deberán ser paritarios; establece también otras que mejoran la promoción de mujeres en aquellos ámbitos en los que hay "subrrepresentación"; y además incluye medidas para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo que no se pueda cesar a ninguna mujer que esté de baja por maternidad, por embarazo o porque sea víctima de violencia de género. Un apartado que, conviene resaltar, PP, Ciudadanos y Vox quisieron eliminar de la ley.
Por último, la norma dota a la Escuela Valenciana de Administración Pública de autonomía. Esta se encargará de elaborar los temarios, sacar las plazas, evaluar al personal que se presente y, en definitiva, de la formación continua. Como novedad, para ascender en un puesto, se establece que los funcionarios deberán someterse a un proceso de evaluación, y no ascenderán por los años de servicio como pasaba hasta ahora.
Una de las críticas de la oposición a la hora tramitar esta ley es que nace obsoleta porque no va a contemplar el teletrabajo. Sin embargo, sí se incluye que el personal funcionario podrá acogerse a esta modalidad de trabajo no presencial siempre que las características del puesto lo permitan. Será de forma "voluntaria" y también tendrá carácter reversible, con el derecho a la desconexión digital fuera de la franja laboral y dentro de los supuestos que se determinen reglamentariamente.
La normativa también contempla en una disposición transitoria que durante el periodo de dos años desde la entrada en vigor de la ley se puedan inscribir en las bolsas de trabajo quienes aprueben "al menos alguna de las pruebas en las tres últimas convocatorias de proceso selectivo".
La redacción original solo permitía que pudieran acceder a la bolsa las personas que hubieran aprobado alguno de los exámenes el mismo año que se presentaban, por lo que ahora se garantiza que los interinos que aprueben algún proceso selectivo se mantendrán en su plaza durante dos años más. Una medida ideada para garantizar que haya suficiente personal en la Administración, donde más del 40% es personal interino.
