La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: GVAVALÈNCIA. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, recordó este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que el reglamento de la Ley de Función Pública que debe regular el conocimiento del valenciano para los funcionarios debe estar elaborado en el plazo de un año. "Puede que en lugar de doce meses sean trece, o un poco más", explicó en relación a los retrasos en los plazos que pueden sufrir las normativas en la administración por la burocracia.
Unas declaraciones que, a priori, simplemente reflejaron lo que marca la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana en una disposición final que esta semana ha comenzado su tramitación en Les Corts: que la regulación del requisito lingüístico debe estar lista en el plazo de un año tras ser validada la ley.
Sin embargo, las manifestaciones no fueron inocuas y tampoco pasaron inadvertidas. Cuando se desbloqueó la normativa en el seno del Consell el pasado mes de febrero -llevaba desde 2016 atascada por el desacuerdo entre PSPV y Compromís sobre si el conocimiento del valenciano debía ser un requisito o un mérito para acceder a una plaza en la Administración valenciana-, la responsabilidad de desarrollar el citado reglamento recayó sobre los socialistas. En concreto, sobre la Conselleria competente en Función Pública que gobierna Gabriela Bravo. Previamente, eso sí, la Dirección General de Políticas Lingüísticas debería elaborar un informe sobre el grado de proporcionalidad que planteara en el reglamento el departamento de Bravo.
Ahora bien, esta misma semana cuando la ley inició su periplo en Les Corts, fuentes socialistas deslizaban que podría no llegar a desarrollarse el reglamento si en la fase de elaboración y negociación Compromís no "facilita el acuerdo". "Puede haber reglamento, o no, ya veremos cómo se desarrolla todo", explicaban a este diario momentos después de que el pleno de la Cámara rechazara las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Ciudadanos y Vox al proyecto de ley.
Un planteamiento a un año vista que probablemente ya ha llegado a oídos de Compromís, su socio de Gobierno, a juzgar por la posición taxativa que adoptó Oltra en la rueda de prensa de este viernes. "Si una ley dice que el reglamento debe estar en un año, la ley está para cumplirla", advirtió al ser preguntada sobre la posibilidad de que el PSPV finalmente termine no elaborándolo y, por tanto, este documento quede en vía muerta. "Puede llegar un poco tarde, pero la ley está para cumplirse, ya sea en 13 meses ó en 12. Pero se tiene que sacar el reglamento; no es potestativo", concluyó la vicepresidenta del Consell.
Unas manifestaciones con las que, en cierta manera, advertía a los socialistas que la elaboración de esta regulación -acordada entre PSPV y Compromís para desbloquear la ley- no es algo opcional. Sino que la ley que las fuerzas del Botànic II pactaron obliga a cumplir con este cometido. Con todo, la polémica sobre el requisito lingüístico, lejos de zanjarse en febrero, continúa. Y lo seguirá haciendo al menos unos cuantos meses.
El debate sobre el requisito lingüístico volvió a escena esta semana con la tramitación de la Ley de Función Pública de la Generalitat en el Parlamento valenciano. Pero no solo por eso, sino también porque en el texto legal que se tramita ahora, ya no se contempla una exención para el personal sanitario como sí se recogía en la legislatura pasada.
En concreto, el borrador de la norma describía que al margen de lo que dispusiera el reglamento que se elaborase posteriormente sobre el grado de conocimiento exigible a cada nuevo aspirante a funcionario, "excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente". Es decir, se primaría el derecho a la salud de los pacientes por encima de la obligación de que los funcionarios acreditaran el conocimiento de esta lengua.
Un redactado que con el inicio de esta legislatura Función Pública volvió a introducir en la ley, pero que finalmente acabó retirando del texto legal antes de que este se aprobara por el pleno del Consell. ¿Los motivos? Según fuentes de la propia Conselleria, el Consell Jurídic Consultiu cuestionó que esta exención se plasmara en la ley cuando la propia norma determinaba que en el plazo de un año se elaboraría un reglamento y sería éste el que fijaría el grado de conocimiento del valenciano que debía tener cualquier persona que quisiera acceder a una plaza de funcionario. Consideración por la que Justicia terminó retirando esta distinción al personal sanitario de la ley antes de que pasara por un pleno del Consell.
La norma recoge ahora que en el plazo de un año "desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes [...] el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística".
El grado de conocimiento del valenciano que se les exija ahora a los sanitarios quedará plasmado en un reglamento -en el que Función Pública deberá trabajar cuando se apruebe la normativa- y no en la propia ley, lo que supone un blindaje menor a la hora de exigir o no el requisito lingüístico a los funcionarios de Sanidad. Esto es porque el reglamento puede ser modificado con mayor facilidad que una ley, ya que este no hace falta que sea tramitado por el Parlamento como sí ocurre, sin embargo, con un proyecto de ley. En su lugar, este tipo de regulación puede ser modificado por el conseller que gestione en cada legislatura el área de Función Pública si posteriormente su propuesta es aprobada por su propio Gobierno.
Ahora bien, con las dudas que plantea ahora el PSPV para elaborar o no un reglamento, el requisito a los sanitarios -y en general a todos los funcionarios- queda en el aire. No en vano, si finalmente los socialistas deciden no elaborar la normativa, no habrá exigencia lingüística que valga. De hecho, fuentes del partido del puño y la rosa recuerdan que, por el momento, a los funcionarios de Sanidad ni a ningún otro no se les pide que conozcan el valenciano y si no hay reglamento, la situación se mantendrá idéntica. Por lo que tampoco habrá necesidad de reflejar una exención a los sanitarios, ya que a nadie se le pediría el requisito. La batalla lingüística vuelve a escena.
