18/11/2024. Diferenciar entre responsabilidades políticas y judiciales ha sido un asunto demasiado frecuente para los valencianos. Hemos tenido que hacer ese ejercicio en más ocasiones que quienes viven en otras partes de España. Había algo de obviar que Madrid también era (¿en pasado?) un foco de malas prácticas en el papel de actor principal de València, pero no nos engañemos. Chirbes no escribía pensando en un país ficticio, ni Zaplana era conocido como el campeón de forma gratuita, ni la película Valenciana, recientemente estrenada, es una obra de ficción.
Durante muchos años, gobiernos asediados por las evidencias de corrupción, de las que políticamente había entre cero y ninguna duda, se refugiaron y resistieron a la espera o confiando en la ausencia de responsabilidad penal. Lo hicieron ante la falta de castigo político inmediato y también porque sabían que una cosa es hacer las cosas mal en términos éticos y otra obtener una condena por ello.
Porque el espacio del reproche penal es el del castigo más severo que una sociedad puede imponer. Y, por tanto, el que más garantías otorga en democracia, donde se considera preferible tener a diez culpables libres que a un inocente condenado. Si a eso le añadimos actuaciones más que sospechosas de jurados, prescripciones, nulidad de pruebas y ese azar que acompaña siempre a los mismos ante la administración de la justicia podríamos concluir que, efectivamente, su estrategia no era tan descabellada. De hecho, a quienes tomaron por tontos fue a todo el resto.
¿Cómo se explica si no, que una persona como Francisco Camps se sienta rehabilitado para volver a la política? O, incluso que el padre político de Mazón o Susana Camarero, arquitecto del sistema de corrupción valenciano, haya podido mantenerse en activo tanto tiempo a pesar de que todo estuviera escrito, alertado y novelado. Y tanto riman las épocas y los personajes que no son pocas las voces bien informadas que apuntan a que, en la famosa comida, la que mantuvo incomunicado al President mientras se inundaban municipios y se ahogaban valencianos y valencianas, Maribel era en realidad Eduardo. No hay tanta gente que coma con los móviles apagados e incluso fuera de la sala. Ni, menos aún, confesables.
Y ahora el discípulo, Carlos Mazón Guixot, plantea aplicar la misma estrategia de su maestro.
Ante una evidente responsabilidad política, pretende refugiarse a la espera de un proceso judicial del que espera escaparse, incluso cargando la culpa formal sobre alguna de sus conselleras. Especialmente sobre Salomé Pradas.
Una a una se han ido desmontando las excusas políticas. Existieron todos los avisos, las instituciones atacadas para desviar la responsabilidad (AEMET o CHJ) cumplieron con su trabajo, en la Generalitat tenían todas las competencias para adoptar las medidas necesaria, como demuestra que las adoptaron hace unos días ante la siguiente alerta de Dana y hay pruebas de que se estuvo debatiendo dar el aviso a la población, antes y que se mandó demasiado tarde porque el president estuvo desaparecido. No hay ninguna opción de que, sabiendo lo que ya se sabe, no se aprecie responsabilidad política en Carlos Mazón. Y no una responsabilidad cualquiera, sino la de cargar a sus espaldas con más de 200 muertos fruto de su negligencia.
Por eso, quiere ganar tiempo y establece cortafuegos. Porque está claro que fue un irresponsable, pero quiere además esquivar responsabilidades por ello. Por eso, sus declaraciones suenan más a las de un imputado ante el juez que a las de un president. El primero de los valencianos nunca diría, mi presencia en la reunión de emergencias no era obligatoria, pero si lo haría quien está pensando en evitar una condena. Lo hace quien ha crecido políticamente pensando que sin condena penal no hay condena política.
Pero la sociedad valenciana no es la misma de entonces. Aunque él sí sea como eran antes. O, a estas alturas, podríamos decir: el peor de ellos. Porque, ¿quién sería capaz de subir a la tribuna de Les Corts sin expresar el más mínimo sentimiento de culpa o remordimiento en la situación de Mazón? ¿Qué clase de persona ostenta el cargo?
¿Puede un amoral seguir siendo el máximo representante de una tierra de luto? ¿puede dirigir la reconstrucción quien se borró de dirigir la emergencia? ¿hay alguien tranquilo con él al frente ante otra situación difícil?
El pueblo valenciano, de una forma muy transversal, opina que no.
Sabemos todos y todas que Mazón es ya un expresident en el cargo, pero por el camino prefiere generar una fractura institucional. Y, si él está dispuesto a ponerse por delante de lo que su cargo representa, a quien hay que señalar es a quienes se lo permiten. ¿Volverá el Partido Popular a proteger a quien todos sabemos que tiene responsabilidad política? ¿pueden personas como María José Català, alcaldesa del tercer municipio donde más víctimas han sido encontradas, sostener al negligente que no les avisó a tiempo?
Destituyan a al irresponsable que no tiene la vergüenza de dimitir.