VALÈNCIA. El pasado mes de marzo el PSPV-PSOE celebraba un congreso extraordinario en Benicàssim que servía para escenificar el relevo en la secretaría general del partido. Ximo Puig decía adiós al liderazgo tras 12 años al frente de los socialistas valencianos y la ministra Diana Morant (Gandia, 1980) era elegida como máxima referente de la formación del puño y la rosa en la Comunitat.
Mes y medio después de ser designada y ya asentada en su nuevo cargo, Morant recibe a Valencia Plaza en la sede de su partido para analizar la actualidad política, explicar sus posiciones sobre la agenda autonómica y dibujar sus líneas maestras como alternativa al Consell dirigido por PP y Vox.
En una segunda entrega de la entrevista, Morant responde sobre el período de reflexión abierto por Pedro Sánchez, su decisión de no dimitir y su denuncia acerca de los "pseudomedios".
-El pasado jueves tuvo lugar la primera reunión entre usted y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. ¿Diría que fue provechosa?
-Para mí, desde luego. Ha sido la primera ocasión en la que directamente le he podido decir al presidente de la Generalitat que la manera de hacer oposición constructiva en el PSPV también consiste en evitar que se destruyan los derechos y las libertades de los valencianos y las valencianas. Por ello le trasladé que mi propuesta es que rompiera con Vox y retirara las cinco leyes pactadas con esta formación.
-¿Qué conclusiones saca del encuentro? ¿Cree realmente que se puede llegar a algún acuerdo de calado?
-Creo que estamos lejos de poder llegar a acuerdos, sobre todo porque las prioridades del señor Mazón a día de hoy son esas cinco leyes que además está tramitando por la vía de urgencia. Cinco leyes que, desde luego, no son las prioridades de los valencianos y las valencianas, sino justo lo contrario, dado que atentan contra sus derechos y libertades en torno a la lengua, en torno a la reparación de las víctimas del franquismo, en torno a la libertad informativa del ente público valenciano, en torno a la rendición de cuentas y también en torno al derecho que tenemos y el deber que tienen los gobernantes de transparencia y de la justicia. Estas son las primeras leyes que ha planteado el señor Mazón, por lo que mi principal conclusión es que se encuentra muy cómodo con Vox.
-Cuando habla de romper con Vox, ¿se refiere en concreto a que Mazón los saque del Gobierno valenciano?
-Es que nunca debieron haber entrado. El señor Feijóo pasará a la historia por ser el presidente del PP que permitió el acceso a las instituciones de Vox y, el señor Mazón, como el primer presidente de la Comunitat Valenciana que ha alcanzado la Generalitat de la mano de la ultraderecha. Ese es su legado. Dado que Mazón fue el primer presidente autonómico en pactar con Vox, me gustaría que fuera ahora el primero también en romper con Vox. Porque que la entrada de Vox en las instituciones supone un daño nuclear a los pactos sociales que habíamos alcanzado: estamos hablando de poner en duda y dejar de garantizar la protección social a las mujeres víctimas de la violencia de género, porque esa protección está en manos de los que la niegan. Estamos hablando de que en una sociedad plural y diversa vuelven los discursos del odio desde la institución. Hablamos también de los negacionistas del cambio climático en un momento en que es muy importante luchar contra ello.
-En la reunión se abrió la posibilidad de iniciar conversaciones para la renovación de los órganos estatutarios, actualmente bloqueados. ¿Esto es posible aunque el PP no rompa con Vox? Porque su partido pactó con Compromís en la cámara la línea roja de no negociar si no se producía esa ruptura...
-Lo primero que le he exigido al presidente Mazón es que rompa con Vox y los saque de las instituciones. No porque sea una línea roja que ponga el Partido Socialista, sino porque es una línea roja que él mismo no debería haber quitado. Es más, él convirtió las líneas rojas sociales en una alfombra roja a Vox. Creo que es muy grave que un partido que defiende la supresión de los órganos estatutarios y que amenaza el estatuto de autonomía esté en el gobierno de la Generalitat. Es decir, es el propio gobierno de la Comunitat Valenciana el que amenaza todo ello desde dentro. Así, yo lo que hice el jueves fue recoger con todo el respeto las peticiones y las propuestas que me trasladó el presidente Mazón y el Partido Socialista las responderá.
-¿Cuáles fueron esas propuestas?
-Puso encima de la mesa la renovación de los órganos estatutarios, puso encima de la mesa también una supuesta mesa del agua, según él, para que lleguemos a un acuerdo. Entiendo que ese acuerdo y ese foro tiene que ser un foro constructivo, y no una herramienta para crispar y volver a la guerra del agua. Para eso ya está PP de toda la vida y no necesitan que estemos nosotros integrados en esa mesa. En definitiva, lo que vamos a hacer es estudiar las propuestas, pero es muy complicado que nos sumemos a iniciativas que, para nosotros, restan. Nosotros no vamos a ayudar al Partido Popular a destruir los derechos y las libertades de los valencianos, que son las propuestas que ahora mismo están en la mesa.
-Pero los nombramientos de los órganos estatutarios dependen de Les Corts, donde Vox tiene una representación. ¿Propone el PSPV que Vox no obtenga la representación que sí le ha otorgado la ciudadanía?
-Bueno, igual que con el Consejo General del Poder Judicial, lo que reconoce la Constitución es que no se puede aprobar con mayoría absoluta y por tanto tiene que haber una mayoría holgada precisamente para la protección de esos órganos. O sea, el sistema sobreprotege a unos órganos que están amenazados por Vox. El señor Mazón podría renovar esos órganos, dado que tiene una mayoría parlamentaria alternativa, pero tiene que dejar Vox fuera. Lo que no puede hacer es el señor Mazón incorporar a Vox, que quiere destruir y eliminar esos órganos estatutarios y, para ello, pedirnos el voto a los socialistas, porque lo que nos está pidiendo es que nosotros seamos igual de co-irresponsables que el Partido Popular, haciendo que gobiernen los órganos estatutarios aquellos que los quieren suprimir.
-En la Agencia Antifraude lo que han planteado PPCV y Vox es, dado el bloqueo, rebajar la mayoría cualificada a una mayoría absoluta, lo que puede implicar una renuncia al consenso. Pero es la solución que se está planteando también para el Consejo General del Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez en Madrid. ¿Cómo ve esta solución? ¿Cree que al final es un fracaso de la política?
-Desde luego, cuando no hay capacidad de diálogo, es un fracaso de la política. Y aquí tenemos que reflexionar todos. Nosotros, yo se lo dije al señor Mazón, tenemos una predisposición al diálogo, pero él no puede hacernos cómplices de meter en el gobierno de los órganos estatutarios a los que los quieren eliminar. Hay una mayoría alternativa, pero es una decisión que el señor Mazón tiene que tomar. El problema para el PP es que, a día de hoy, su único socio posible para hacer lo que quiere realmente hacer, es Vox. Por tanto, él ha tomado la decisión de, en vez de tener esa mayoría alternativa para renovar los órganos, rebajar las mayorías que se necesitan precisamente para la renovación de esos órganos. Y por cierto, todas estas propuestas de ley se están haciendo vía trámite de urgencia para salvar precisamente los informes de estos órganos. En definitiva, a mí me parece muy contradictoria la actuación del señor Mazón.
-Y si Mazón rompiera con Vox, ¿sería capaz el PSPV de aprobarle los próximos presupuestos de la Generalitat?
-¿Unos presupuestos de recortes? No. Lo que no nos puede pedir el señor Mazón es que seamos cómplices de un Partido Popular que, a día de hoy, es igual de ultra que la ultraderecha.
-Pero entonces, si se produjera la ruptura con Vox, la situación estaría abocada a una convocatoria anticipada de elecciones.
-Nosotros en España gobernamos en minoría, pero somos capaces de alcanzar acuerdos mayoritarios. ¿Para qué? Para subir pensiones, para aprobar una reforma laboral que está haciendo que haya más personas trabajando en España que en toda la historia, más mujeres trabajando, más jóvenes trabajando, para subir el salario mínimo interprofesional. Si el señor Mazón propone ese tipo de cosas en la Comunitat Valenciana, igual se sorprende. Pero a mí también me sorprendería que el señor Mazón propusiera políticas constructivas. De manera que, efectivamente, si sus propuestas son destructivas, el PSPV no va a ser cómplice, va a ser la alternativa. Pero el problema de falta de gobernabilidad del Partido Popular y de que sólo se puedan sentar con Vox, lo han creado ellos. A nivel nacional y a nivel Comunitat Valenciana, especialmente cuando, como ya he dicho Mazón fue el primer presidente autonómico que cerró un acuerdo con Vox y se plegó a sus postulados. De hecho, en la reunión del jueves le advertí de que corría el peligro real de convertirse en el presidente más radical que ha tenido la Comunitat Valenciana.
-En la reunión se produjo una situación que nos pareció muy llamativa. Usted aseguró que no se había hablado de la reforma de la financiación autonómica, pero Presidencia emitió un comunicado en el que aseguraba que sí se había tratado este asunto. ¿Puede aclararnos si realmente se habló de la financiación y del fondo de nivelación, que son dos de las principales reivindicaciones de la Comunitat Valenciana?
-No, no se habló de la reforma de la financiación autonómica. Tampoco del fondo de nivelación. No me planteó ninguno de esos temas. De hecho, fueron tres temas muy concretos. Primero, la renovación de los órganos estatutarios. El segundo fue la posible incorporación del Partido Socialista dentro de la constitución de la mesa del agua y como tercero, me pasó una lista de peticiones que el señor Mazón le hace al Gobierno de España a través de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Básicamente me pasó la copia de una carta remitida a ella.
-¿Y estaba ahí la reforma de la financiación?
-Bueno, es un listado de peticiones..., no sé, como una carta a los Reyes Magos. Lo que quiero decir es que para mí eso no es abordar un tema, al menos un tema que se considera nuclear. Por tanto, no, el presidente Mazón no puso encima de la mesa el cambio de modelo de financiación. Sobre esto tengo mi teoría. Mi teoría es que el señor Mazón sabe que, más allá de las soflamas que pueda proclamar y de lo que me exija a mí y le exija al Gobierno de España, actualmente quien tiene bloqueado el cambio de modelo de financiación es el señor Feijóo, que no aceptó la propuesta del presidente Sánchez en la reunión que mantuvieron en diciembre para abordar la reforma del modelo de financiación. El Partido Socialista está defendiendo un cambio de modelo pero, mientras tanto, lo que está haciendo también es financiar mejor a las comunidades autónomas. Nunca la Comunitat Valenciana había tenido tanta financiación por parte del Gobierno de España ni tantas inversiones. Hemos aumentado un 40% la financiación y un 77% las inversiones en el último presupuesto. Ahora bien, si lo que quiere es un frente común para que le acompañe a la calle Génova a pedirle al señor Feijóo que desbloquee el modelo de financiación, pues yo le acompaño. Pero esa es la situación.
-¿Y usted tampoco sacó este tema en la reunión? Es que da la sensación de que, a la hora de la verdad, ninguna de las dos partes quiere realmente ponerlo en la agenda.
-A mí me encantaría ser la presidenta de la Generalitat. De hecho, me voy a presentar para serlo cuando se convoquen elecciones. Es más, yo como ministra del Gobierno de España, todos los días tomo decisiones en favor de la Comunitat Valenciana. Es más, el Gobierno de España a día de hoy garantiza mejor los derechos de los valencianos y las valencianas que el Gobierno de Carlos Mazón. Pero en definitiva, tampoco voy a hacer yo su trabajo. Ya me gustaría. Y por eso me presentaré para hacerlo.
-Pero como ministra también podría influir para la reforma del sistema. Señala a Feijóo como culpable, pero la responsabilidad de impulsar el nuevo modelo de financiación es de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
-El modelo de financiación autonómica acabará teniendo que ser aprobado en el Congreso de los Diputados, por lo que se requiere un gran acuerdo parlamentario. El Gobierno de España, conviene recordarlo, ya movió ficha la legislatura pasada poniendo un esbozo de modelo de financiación sobre la mesa.
-Sí, pero las comunidades autónomas respondieron a ese esbozo y luego nunca más se supo.
-El presidente Sánchez, como decía antes, le propuso a Fejióo en la reunión que mantuvieron de diciembre una mesa de negociación sobre la reforma de financiación que el líder del PP rechazó.
-Y con este escenario que está describiendo, ¿cree que existe alguna posibilidad real de que la reforma del sistema de financiación pueda salir adelante esta legislatura?
-Bueno, la nueva propuesta para España del señor Feijóo esta semana era que se volvieran a convocar elecciones. A mí me parece que tenemos un Partido Popular que da por no legítima la legislatura y por no legítimo al gobierno de coalición progresista existente. Es muy difícil avanzar con esa oposición que se sustenta en el bloqueo a todo. Esto no es nuevo: el modelo de financiación caducó en 2014 con una mayoría absoluta del PP en el Gobierno de España y en la Comunitat Valenciana, y no hicieron nada. Quizá es porque el PP no quiere abordar un cambio del modelo de financiación autonómico, probablemente porque Feijóo no tiene claro a qué barones tiene que atender.
-¿Le preocupa que al ser ministra se le exija más responsabilidad a la hora de que el Gobierno de España cumpla con las reivindicaciones históricas valencianas?
-No me pesa porque estoy convencida de que el Gobierno de España es el que garantiza los derechos de los valencianos y las valencianas. Mire, en materia de agua, hemos hecho la mayor inversión en infraestructuras hídricas. A día de hoy están en marcha las desaladoras que hace diez años el PP criticaba llamándolas las centrales nucleares del mar. Y ahora esas desaladoras no solo están aportando agua a la Comunitat, sino que además ya aportan agua a otras autonomías. Por tanto, aterricemos el debate a la realidad. Otra cosa es que el Partido Popular siempre juega a las viejas guerras, como la guerra del agua. Así que no tengo ningún problema en argumentar y en defender cuál es la acción del gobierno respecto a todas las infraestructuras que se reclaman de manera histórica en la Comunitat Valenciana: todas están en marcha. Este viernes, Adif presentaba el túnel pasante, que es básico para el Corredor Mediterráneo, una infraestructura contra la que el PP, por cierto, votaba esta semana en Europa. Lo que quiero decir es que el Partido Popular establece unos marcos comunicativos alejados de la realidad. El Gobierno de España está trabajando como nunca en la mejora de las infraestructuras y las históricas reivindicaciones de la Comunitat. Ahora bien, ¿qué está haciendo el señor Mazón? Porque digo yo que querría ser presidente para aportar algo. A día de hoy, en sus manos, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) es un erial. Sólo aparecen propuestas destructivas como por ejemplo, la de reducir los impuestos a los que más tienen, lo que supone luego un problema de financiación para costear los servicios públicos. Yo insté el jueves a Mazón a garantizar las infraestructuras educativas que estaban comprometidas y a dejar de practicar políticas sectarias, como la de dejar a un municipio sin colegio o sin centro de Formación Profesional si el alcalde o la alcaldesa es del PSPV.
-¿Eso está ocurriendo?
-Sí. Nuestros alcaldes no están siendo atendidos por el Consell y no saben si tienen garantizados o no los centros educativos y de Formación Profesionales del Plan Edificant. Esas son las responsabilidades y competencias del señor Mazón que no está atendiendo. Como también en Dependencia, que no está pagando.
-Respecto al tema del agua, ¿usted es partidaria de mantener el trasvase Tajo-Segura?
-Sí. El trasvase del Tajo-Segura está garantizado y además el Gobierno de España lo ha dicho por activa y por pasiva.
-Hay una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, Castilla-La Mancha, que está presionando, no ahora, sino toda la vida, para que se acabe ese trasvase.
-El Partido Socialista y el Gobierno de España garantizan el trasvase. Es más. Hemos trasvasado más agua que nunca en la historia. Curiosamente, el único momento en el que hubo una parálisis de trasvase de agua fue con un gobierno del Partido Popular. Lo que no podemos es jugar con las emociones y con los sentimientos de las personas en temas tan sensibles. El agua es un recurso básico para muchas cosas y hay que ser especialmente riguroso. Hay que utilizar la ciencia, el conocimiento y, sobre todo, la planificación. Cuando se practica un reduccionismo interesado en este tema es porque se pretende usar el agua como arma arrojadiza.
-Hablaba antes de las cinco leyes pactadas por PP y Vox, ¿le parece la más grave la Ley de Concordia que precisamente este viernes ha sido cuestionada por los relatores de la ONU?
-La mal llamada ley de la Concordia, que nosotros entendemos que en realidad es una ley de blanqueo del franquismo, es una ley que, lo decimos nosotros y ahora también lo dice la ONU, vulnera derechos fundamentales que están recogidos y firmados por España en tratados internacionales de lucha por la protección de los derechos humanos y que invisibiliza a las víctimas de la dictadura. Por tanto, con toda esta amalgama que se hace de víctimas, lo que se hace en realidad es revictimizar a las víctimas de la dictadura porque no les hace la reparación que está recogida en la ley de Memoria Democrática. Nosotros siempre hemos dicho que no es opinable ni la historia de nuestro país ni lo que pasó. Lo que no se había hecho nunca en nuestro país es comprar el relato franquista sobre el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura, ni tampoco se había hecho nunca comparar e igualar un sistema democrático con un sistema dictatorial. Y todo eso es lo que hace esta mal llamada ley de la Concordia. En el PSPV y en el Gobierno de España lo que vamos a hacer es combatirla con todos los resortes democráticos. Aunque no le quitaría gravedad a ninguna de las otras leyes, porque hay otra que nosotros también entendemos que roza la inconstitucionalidad y estudiaremos también si la combatimos desde el Gobierno de España. Me refiero a la que altera los usos del valenciano en las aulas, porque consideramos que es una supresión del derecho que tienen nuestros niños y nuestras niñas a aprender la lengua de su territorio. Es que no es libertad educativa, al revés, es la supresión de un derecho. Y luego están las otras leyes que en definitiva pues sí, vuelven a suprimir derechos: el derecho a la transparencia, el derecho a la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de sus gobernantes y el derecho también a una comunicación libre a través de À Punt, el ente público valenciano. Entendemos que con estas leyes que también rebajan las incompatibilidades entre la actividad privada y la actividad pública de los representantes institucionales, se vuelve a abrir la puerta a la corrupción. En esa rebaja también en la rendición de cuentas; ya no vamos a conocer las agendas de los políticos... Oiga, es que tenemos a Eduardo Zaplana a día de hoy sentado en el banquillo por un caso de corrupción por el que la Fiscalía le pide 19 años de cárcel precisamente por una concesión de las ITV. Y estamos hablando de que esa gente va a volver a rebajar los criterios de ejemplaridad y de compatibilidades entre lo público y lo privado. A mí me parece peligroso.
-Bueno, en materia de compatibilidades, digamos que no parece que España tampoco tenga una legislación demasiado estricta ¿no? Ahora mismo ha salido todo el tema de Pedro Sánchez y su esposa, y lo que se está cuestionando es precisamente que el régimen de incompatibilidades no es digamos...
-¿Quién lo está cuestionando? ¿Manos Limpias? ¿O los pseudomedios de comunicación que se inventan los bulos?
-Bueno, El Confidencial, que yo no lo considero un pseudomedio de comunicación, ha publicado unas informaciones que no han sido desmentidas y creo que lo que evidencian al menos es que no es muy transparente el sistema de incompatibilidades y lo que pueden hacer o no hacer las parejas de los políticos.
-Precisamente el PP ha denunciado dos veces esto al órgano que determina si hay o no incompatibilidades, y han sido archivadas.
-Un órgano que depende del Gobierno.
-Bueno, si queremos poner en duda las instituciones entraremos precisamente en el debate de la erosión democrática de las instituciones.
-No es que quiera poner en duda de las instituciones. Lo que digo es que cuando se hace una ley, como van a hacer aquí PP y Vox, pueden optar por rebajar los filtros, y es legal, aunque esto pueda abrir una puerta a la posible corrupción. Simplemente hacía una reflexión sobre lo que comentaba usted de que se estaba rebajando el nivel de control en la Comunitat Valenciana con la ley de PP y Vox, y a lo que me refería es que en España no parece que sean ejemplares, especialmente si se compara por ejemplo con el Reino Unido, donde son mucho más estrictos en esto.
-Bueno, lo que yo quería apuntar es que aquí en la Comunitat Valenciana, a la vez que el PP y Vox están rebajando las exigencias de compatibilidad, se está juzgando a Zaplana y la Fiscalía le pide 19 años de cárcel por la concesión de la ITV. No he escuchado al señor Mazón decir nada sobre su 'padre político' en este caso. Por tanto, no me fío demasiado de los que rebajan las exigencias y a la vez están siendo juzgados.