La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, charla con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, antes de participar en el Festival X aniversario de elDairio.es, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Foto: Jorge Gil/ EPVALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido el impuesto a las grandes fortunas que se negocia con el Ministerio de Hacienda en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, ha justificado la necesidad de este tributo ante la "injusticia fiscal" que, a su juicio, se da en España, y ha reivindicado que este tipo de medidas "no pueden ser temporales".
En declaraciones a los medios este sábado antes de participar en València en uno de los actos enmarcados en el X aniversario de eldiario.es, Díaz ha apostado por la penalización de los tramos salariales más elevados, es decir, que "se graven más las rentas próximas a los patrimonios elevados que las rentas salariales".
La ministra de Trabajo ha defendido los planteamientos "ambiciosos" en materia de ingresos públicos que desde Unidas Podemos negocian "desde antes del verano" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cara a la elaboración y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, entre ellos la modificación del impuesto de sociedades "para que se asimile al 15 por ciento", un aspecto "muy relevante" en la negociación, según ha incidido.
Desde la formación morada, ha señalado Díaz, también apuestan por el impuesto a las grandes fortunas y por la penalización de los tramos salariales más elevados, "singularmente tipos que implementen la tributación por encima de 120.000, 200.000 euros y en adelante".
En esta línea, ha apuntado que otra de las propuestas planteadas a Montero es una armonización fiscal. Al respecto, Yolanda Díaz ha considerado que es "muy conveniente" fijar un tramo "a partir del cual no sea bonificable y que todas las comunidades autónomas tengan la obligación de señalar el mismo diseño de ingresos públicos", y que, "a partir de ahí, sí que puedan establecer diferencias".
Así, Díaz ha mostrado su apoyo explícitamente a la propuesta formulada este viernes por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el "esfuerzo fiscal" que realizan algunas comunidades autónomas se compute a la hora de distribuir de forma "justa" los ingresos del Estado, frente a las regiones que pretenden practicar un "desarme fiscal". "Sí soy partidaria", ha ratificado Díaz, al tiempo que ha mencionado el factor de la financiación autonómica.
La vicepresidenta del Gobierno ha reivindicado que ha "llegado el momento" de impulsar una reforma estructural en materia de ingresos públicos. "Somos anómalos en Europa, tenemos cinco puntos de distancia en presión fiscal y, por tanto, tenemos que acomodar las estructuras de ingresos públicos a las realidades económicas y sociales del siglo XXI, cosa que no está pasando", ha apostillado.
Por ello, ha argumentado que la propuesta de impuesto a las grandes fortunas "no está pensado para ahora, sino que está pensada porque hay injusticia fiscal". "Y cuando hay una injusticia fiscal, las medidas tienen que ser estructurales", ha apostado.
Díaz ha incidido en que al formar parte de un gobierno de coalición se avanza "poco a poco" en este aspecto, pero en cualquier caso ha insistido en la necesidad de defender el impuesto a las grandes fortunas. "No puede ser que un pequeño autónomo tribute más que una gran corporación de nuestro país", ha censurado.
Al respecto, ha valorado "cualquier avance" para "atajar" los "problemas enormes" de la crisis a consecuencia de la guerra en Ucrania. "Bienvenido sea", ha expresado.
Por último, preguntada por las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre el impuesto a las grandes fortunas, Díaz ha rechazado entrar en "las batallas culturales de la derecha y la extrema derecha" que disputan "por razones evidentes", en las que, ha advertido, ella "jamás" va "a caer".
Frente a la postura de Aznar, ha considerado que a día de hoy en España "ya nadie discute que subir el salario mínimo sea malo" y que, por tanto, resulta ser "una mala noticia para la derecha y extrema derecha que se consoliden conceptos que sean positivos", puesto que estos sectores "siguen en las guerras culturales" mientras el Gobierno de España "sigue mejorando la vida de la gente de este país".
