Diputación de CastellónCASTELLÓ. La Diputación Provincial de Castellón defiende el papel fundamental que desempeñan los jueces de paz en la administración de justicia en los municipios pequeños de la provincia. El Gobierno Provincial va a llevar a pleno una moción para mostrar su rechazo a la eliminación de la figura del juez de paz, tal y como está previsto en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.
“La justicia de proximidad y la gestión adecuada de conflictos no se entiende sin la figura del juez de paz en los pequeños municipios de nuestra provincia, y por ello reclamamos su mantenimiento”, ha subrayado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
La dirigente provincial ha expresado “la labor esencial de proximidad y contacto” que ha venido desarrollando la figura del juez de paz desde sus inicios, en 1885. Y es que, por su proximidad al ciudadano y su entorno, los juzgados de paz son perfectamente conocedores del contexto en que actúan, de las particularidades de las problemáticas que surgen y de las necesidades de los vecinos.
Desde su creación, el juez de paz ha tenido siempre la función de extender la administración de Justicia, especialmente en las zonas rurales. En cuanto a sus funciones, en general se encargan de labores relacionadas con el Registro Civil, además de realizar actos de conciliación y mediación entre los vecinos.
“Debemos blindar y reforzar la figura de los jueces de paz porque son parte esencial en nuestros municipios. Su desaparición supone un retroceso en la participación ciudadana en la Administración de Justicia”. “El juez de paz debe seguir siendo todo un referente de consulta y apoyo entre los vecinos”, ha añadido la presidenta de la Diputación.
Con todo, a través de la moción que se debatirá en el pleno ordinario de este mes de septiembre y que se celebrará el próximo martes 24, la institución provincial mostrará su rechazo a la eliminación de la figura del juez de paz. Asimismo, la institución provincial instará al Gobierno de España a preservar la figura de jueces de paz y a dotarles de recursos materiales y humanos acordes a los actuales progresos técnicos, para que puedan desempeñar y ampliar sus funciones de colaboración y fomento de la convivencia de manera aún más eficaz.
