Marta Barrachina. Diputación de CastellónCASTELLÓ. La Diputación Provincial de Castellón va a exigir al Gobierno de España que asuma todo el coste de las infraestructuras, las instalaciones y la puesta en marcha de las desaladoras de la provincia. El pleno ordinario del mes de julio que se celebra este martes día 23, debatirá una moción impulsada por el equipo de gobierno con el objetivo de iniciar todos los trámites oportunos para que estas infraestructuras pertenezcan en su totalidad al dominio público hidráulico del Estado y, con ello, que las administraciones locales no sufraguen los costes derivados de su construcción.
“Necesitamos que el Gobierno Central escuche las demandas de nuestra provincia y no ahogue a los ayuntamientos con la asunción de unos costes que no corresponden con las necesidades actuales”, ha subrayado la presidenta Marta Barrachina. Y es que, como ha recordado la dirigente provincial, fue entre los años 2006 y 2007 cuando se firmaron entre Acuamed y los distintos ayuntamientos de la provincia los convenios reguladores para la financiación y explotación de las desaladoras en la provincia de Castellón.
“Unos acuerdos que se firmaron dentro de hipotéticas previsiones de un escenario de desarrollo y crecimiento urbanístico futuro que nunca llegaron a materializarse, pero esos convenios eran requisito indispensable para poder aprobar las programaciones urbanísticas de crecimiento que proponían los municipios afectados”, ha explicado Marta Barrachina.
Esos acuerdos que se materializaron en su día “ahora no son válidos porque no tiene nada que ver el planeamiento que había previsto entonces con el de ahora, ya que han cambiado las perspectivas de crecimiento y de desarrollo”, ha incidido la máxima representante de la institución provincial, quien lamenta que “estos convenios obligan a los ayuntamientos que los suscribieron al pago de cantidades altísimas derivadas de la amortización de las instalaciones claramente sobredimensionadas”.
Ello deriva en una situación extremadamente urgente y grave si se tiene en cuenta que en la totalidad de los casos las necesidades reales de abastecimiento son nulas o ínfimas en relación a la capacidad de la instalación. “Los ayuntamientos afectados se encuentran en la actualidad en una posición desequilibrada en los convenios y, si bien en algunos casos se han producido acuerdos transitorios de mejor asunción por los ayuntamientos, esos acuerdos son transitorios, por lo que se requiere una solución definitiva, no una prolongación en el tiempo del problema”, ha afirmado Marta Barrachina.
La presidenta de la Diputación ha recalcado que “nuestra prioridad es llevar a cabo políticas y respuestas a las necesidades de los municipios de nuestra provincia y todo lo que suponga generar oportunidades a nuestro territorio, y por ello desde la Diputación de Castellón vamos a seguir reivindicando y queremos que España atienda esta provincia que tanto necesita y que tan abandonada ha estado los últimos años”.
Por todo ello, desde la institución provincial, a través de la moción que se llevará este martes a aprobación, va a instar al Gobierno de España que inicie los trámites oportunos para que las infraestructuras hídricas de desalación pertenezcan totalmente al dominio público hidráulico del Estado y, en consecuencia, sus infraestructuras, instalaciones y puesta en marcha sean sufragadas en su integridad por el Estado de forma que ninguna administración local deba sufragar los costes derivados de su construcción.
Asimismo, desde la administración provincial van a exigir al Gobierno de España a que el Estado modifique todos los convenios suscritos con ayuntamientos que conlleven la asunción del coste de la amortización de las infraestructuras por las entidades municipales, y que deberá ser asumido en su integridad por el Estado.
Por otro lado, a través de la moción también se solicitará al Gobierno Central a elaborar un estudio para analizar los usos alternativos que se puede dar a las plantas desalinizadoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa de manera que con estos nuevos usos se pueda garantizar su rentabilidad. Asimismo, se quiere lograr que el Gobierno de España proyecte y ejecute, con fondos estatales, las conexiones necesarias para integrar las plantas desaladoras en las redes de distribución de agua más próximas a fin de posibilitar el uso del agua desalada por el máximo de población.
Por último, se instará al Gobierno de España a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, que de respuesta a los problemas que afectan a la provincia de Castellón y se pueda garantizar financiación para las dos desaladoras de la provincia.
