VALÈNCIA. A lo largo de la legislatura pasada fueron innumerables las veces que Podem exigió al Gobierno del Botànic impulsar reformas que consideraban indispensables para consolidar el cambio tras la salida del PP de la Generalitat después de 20 años en el Ejecutivo autonómico. Los morados desempeñaron un papel de socio parlamentario incómodo: apoyaban al Consell, pero no formaban parte de él porque así lo decidieron.
Una posición que PSPV y Compromís tildaron en varias ocasiones de "cómoda", ya que eso les permitía ser exigentes con la gestión, apretarle las tuercas al Consell y fiscalizar la acción de gobierno, pero sin implicarse más allá de la negociación presupuestaria -en la que querían participar de forma externa- o en la firma conjunta de determinadas iniciativas parlamentarias.
También pidieron aprobar modificaciones legislativas de calado que nunca llegaron a fraguar e, incluso, hicieron de alguna de ellas sus buque insignia, como la disolución de las diputaciones provinciales. Con el adelanto electoral muchas de estas intenciones quedaron aparcadas un tiempo, pero los morados advirtieron que las retomarían si había un II Botànic.
En 2019, aunque los resultados de las elecciones autonómicas fueron peores que cuatro años atrás, Unides Podem decidió entrar a formar parte del Consell. Pero muchas de las promesas que se marcaron en su día como prioritarias una vez llegaran al ejecutivo han quedado en meras declaraciones de intenciones.
Destacan entre ellas la reforma del Estatuto de Expresidentes, la del vaciado de las Diputaciones, la reforma de la Ley Electoral Valenciana para rebajar la barrera del 5% al 3% o, la más peregrina, la reforma del Estatuto de Autonomía para "reconocer en él los derechos de la Madre Tierra".
Esta última, de hecho, fue una de las últimas ideas que el partido de Pilar Lima realizó ya dentro del Consell. La directora general de Coordinación Institucional de la Conselleria de Vivienda Adoración Guamán reconoció en una entrevista de Valencia Plaza que era uno de los objetivos que la formación se había marcado para cumplir en el presente mandato. "Queremos reconocerle los derechos a la Madre Tierra. Es necesario abrir ese debate por la posible reforma del Estatuto para ampliar y garantizar los derechos, reconocer el derecho a la naturaleza como sujeto mismo; poder garantizar el derecho que tienen los ríos a no ser contaminados, los bosques a no ser quemados porque son el planeta que sostiene la vida", explicó la alto cargo.
La idea, sin embargo, no caló entre sus socios y las políticas verdes se han trasladado a cuestiones más mundanas como la reciente creación de la Agencia de la Energía o la puesta en marcha de determinados impuestos verdes, como la tasa de vertidos, incineración o emisiones, entre otras, que pretenden proteger el medioambiente y fomentar el uso y consumo de energías limpias.
Curiosamente, la primera ley que quisieron recuperar en la actual legislatura y tras la pandemia, era la del vaciado de las Diputaciones, cuyo objetivo principal era que la Generalitat Valenciana recuperase aquellas competencias propias que en la actualidad ejercen las corporaciones provinciales. Para el partido de Lima esta ley se convirtió en una prioridad cuando estalló la Operación Alquería, y así se lo advirtieron al president del Consell, Ximo Puig, en julio de 2018 y ocasiones posteriores. De hecho, registraron una propuesta de resolución en este sentido para tantear el posicionamiento de cada partido en esta cuestión.
Más tarde, presentaron una Proposición de Ley que ponía negro sobre blanco al determinar que sería la Generalitat Valenciana la que asumiría como propias las competencias de "Infraestructuras; Turismo; Cultura y Deportes; Educación; Salud y Bienestar Social; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empleo; Seguridad y Orden Público". Además, también regulaba que sería ésta la que delegara en los órganos provinciales la ejecución de aquellas competencias que no fueran "de interés general para la Comunitat Valenciana", y que debería hacerlo "de manera expresa". De esta manera serían las consellerias del Gobierno valenciano las que determinaran los "mecanismos de coordinación" de las competencias que delegaran a las diputaciones.
Las diputaciones no perderían la totalidad de sus potestades. La norma planteaba ciertas facultades que mantendrían para garantizar la prestación de servicios a los municipios más pequeños. La propuesta inicial de los morados especificaba, por ejemplo, que las diputaciones seguirían encargándose de la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica en los pueblos de menos de 1.000 habitantes -como secretaria e intervención en los ayuntamientos-; asumiría la prestación del servicio de tratamiento de residuos en las localidades de menos de 5.000 personas, así como la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 cuando estos no lo cubrieran; y se ocuparían de la gestión de recaudación tributaria y del apoyo a la gestión financiera en aquellos territorios que tuvieran menos de 20.000 habitantes.
También se encargarían de la administración electrónica y contratación centralizada en poblaciones con un censo inferior a 20.000 personas; de la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social de los pueblos más pequeños; y de realizar un seguimiento de los "costes efectivos" de los servicios que presten los municipios que se encuentran en la provincia que cubren. ¿Los motivos? Cuando detectaran que son superiores a los que la propia diputación ofrece, asesorarían al ayuntamiento para que pudieran reducir costes.
El texto, sin embargo, fue reescrito por el PSPV antes de ser registrado porque lo planteado por Podem dejaba en el limbo algunas cuestiones tales como qué sucedería con el Presupuesto que recibían las diputaciones del Estado si el grueso de las competencias pasaba a asumirlas el Gobierno valenciano, y qué ocurriría con el personal empleado en ellas. Los socialistas confiaban en que Podem rechazaría el texto plantado, sin embargo, ocurrió todo lo contrario: propusieron tramitarlo por lectura única para conseguir aprobarlo antes de que terminara la legislatura. No obstante, el PSPV se opuso junto a PP y Ciudadanos a darle salida de esta manera.
Podem volvió a plantear la reforma del Estatuto de Expresidentes en enero de 2018 después de que se bloqueara la primera vez. La intención era retomar en esta legislatura esta modificación legislativa que iba dirigida a que los Molt Honorables contaran con menos "privilegios" de los que hasta ahora tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasaran a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La votación de las enmiendas a esta ley generó uno de los debates más broncos entre los tres partidos del Botànic: el PSPV se alineó con el PPCV en todas las votaciones y evitó cualquier tipo de cambio sustancial en la norma actual. Un escenario que dejó en minoría a Compromís y Podem, que advirtieron que de repetirse los posicionamientos en el pleno terminarían rechazando la ley. Con los socialistas ocupando la Presidencia de la Generalitat, esta reforma se convirtió en otra piedra en el zapato.
Pocos días antes de que Puig adelantara las elecciones, los socialistas y morados llegaron a un principio de acuerdo sobre el redactado: el PSPV estaría conforme con que Les Corts pudieran revocar a un Molt Honorable cuando éste fuera condenado por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato. Para ello, sería necesario que lo propusiera un tercio del total de los diputados de la cámara y de dos grupos parlamentarios. Y para que saliera adelante, debería ser aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara; es decir, 66 diputados. No obstante, el adelanto electoral, finalmente, terminó enterrando este acuerdo.
