CASTELLÓ. La legalización de las viviendas consolidadas en la Marjaleria está un poco más cerca de convertirse en realidad con la exposición al público del Plan Director para la Ordenación, Regularización y Preservación del humedal, incluido dentro del Plan General de Castelló. El inicio de la consulta popular, que se alargará hasta el 28 de abril, supone no solo conocer las soluciones técnicas y ambientales para reglamentar el singular territorio, sino que también permite a los afectados realizar sus propias propuestas.
El documento, que contiene 16 páginas, incide en algunas de las cuestiones que el concejal de Urbanismo, José Luis López, y los técnicos municipales han venido explicando desde el año pasado. Por ejemplo, que para eliminar los vertidos (fosas sépticas) resulta imperativo construir una red de saneamiento. Del mismo modo, respecto al problema de las inundaciones, se plantea la ejecución de balsas de laminación en las zonas Senillar y Marjal.
Por otro lado, el planeamiento urbanístico apuesta por tramitar Planes de Reforma Interior y Planes Especiales de Minimización de Impactos a la carta, es decir, que se adapten a las particularidades de cada construcción y demarcación, pero siempre bajo unos criterios de ordenación y protección de los hábitats naturales. En consecuencia, se considera esencial realizar estudios encaminados a conocer la situación real de los ecosistemas.
A partir de estos análisis, que ofrecen un diagnóstico de partida, se inicia la tramitación de los citados planes. El procedimiento administrativo contempla evaluaciones ambientales, consultas y versiones preliminares, antes de la aprobación definitiva.
El Ayuntamiento tiene tres años de plazo para redactar los programas de reforma y minimización de impactos, de acuerdo con las directrices marcadas desde la Conselleria de Política Territorial tras la validación de la pieza Estructural del Plan General a finales de 2021. Presentados los proyectos, la ejecución de las infraestructuras (red de saneamiento y balsas) deberá producirse en un periodo de 10 años.
La Marjaleria abarca una extensión de 14 kilómetros cuadrados y alberga alrededor de 2.363 viviendas, según recoge la declaración ambiental y territorial estratégica (Date). A la visita de la falta de desarrollo del planteamiento que impulsó el PP en 2006, el Plan General deroga y redelimita su clasificación, ajustando el suelo urbano a las áreas con mayor densidad de edificaciones y quedando el resto como no urbanizable.
En este contexto, se hace necesario impeler una exposición pública a fin de que la ciudadanía pueda proponer sus sugerencias, de manera que se tengan en cuenta en la redacción del documento definitivo. En efecto, se trata de encontrar soluciones pactadas para legalizar las viviendas, especialmente en la franja consolidada. En esta subunidad, se detecta una mayor degradación de la Marjaleria por el crecimiento incontrolado de construcciones, destinadas mayoritariamente a segundas residencias.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.