CASTELLÓ. El Acord de Fadrell propone para su aprobación en el pleno ordinario de este mes una declaración institucional de apoyo a la proposición de ley orgánica que regula la muerte digna. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EU) elevará a la próxima junta de portavoces la propuesta para "dar apoyo a la iniciativa parlamentaria de la Ley orgánica de Regulación de la Eutanasia que incorpora el derecho a una muerte digna como un importante avance social en un Estado moderno". Asimismo, "insta a los diferentes grupos políticos en el Senado a respaldar esta iniciativa para que consiga el apoyo suficiente para su aprobación” y propone “remitir al Gobierno de España y a los diferentes grupos políticos del Senado el contenido de la declaración institucional para que tomen conocimiento y efectos".
La declaración del equipo de gobierno recoge que la nueva ley, aprobada el pasado 17 de diciembre en el pleno del Congreso con amplia mayoría y que falta ratificar en el Senado para que entre en vigor, "pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida”. “La eutanasia significa etimológicamente buena muerte y se puede definir como el acto deliberado de poner fin a la vida de una persona, producido únicamente por voluntad expresa de la propia persona y con el fin de evitarle un sufrimiento", recoge la declaración institucional.
El portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE, David Donate, ha defendido la aprobación de esta ley: "Es un derecho de las personas poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones". "Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral", ha recalcado el portavoz socialista.
Para el portavoz del grupo de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, esta es "una cuestión pendiente desde hace muchos años que hay que afrontar, tanto desde el punto de vista social como sanitario” porque “tenemos que defender el derecho a una muerte digna, como decisión personal de los pacientes y de sus familias". "Desde Compromís apoyamos la propuesta y pedimos su tramitación urgente tanto en el Congreso como en el Senado", ha manifestado Garcia.
El portavoz de Podem-EUPV Castelló, Fernando Navarro, ha celebrado la sensibilidad del gobierno de coalición con la nueva ley y agradece "la labor reivindicativa durante estos años de colectivos sociales, activistas y afectados". "La nueva Ley de la Eutanasia garantiza el derecho a morir dignamente y propicia que España refuerce su sistema de libertades y se sitúe con este derecho en la vanguardia de Europa junto a Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos", ha añadido.
El texto del Acord de Fadrell recoge la obligación del Estado de proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica. "Esta ley no va a suponer dejar a las personas bajo la influencia o decisión de terceros, ya que cuenta con suficientes garantías éticas, jurídicas y sanitarias. Esta ley es un derecho, no una obligación, para que se garantice que nadie pueda ser obligados a utilizar esta vía para morir". "El derecho a morir dignamente se regula con todas las garantías éticas y de seguridad jurídica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la muerte digna sea autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo, y no debido a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o familiares para afrontar la situación", detalla la declaración.
En esta línea, el mismo texto de la declaración institucional resalta que "esta ley es producto de un gran consenso social. Desde hace tiempo que hay un espacio (voluntad social, política y apoyo constitucional y jurídico) para legislar en España sobre el derecho a la muerte digna. De hecho, el CIS aprecia en la sociedad española un importante apoyo a la regulación legal de la muerte digna, ya que más del 70% de los españoles estarían a favor de su regulación (7 de cada 10 personas)".
