Sus seres queridos no tuvieron una muerte digna. Dos años después, los familiares piden respuestas, justicia y compromiso político para que no se repita la debacle en las residencias de mayores
VALÈNCIA. No ha habido hecatombe igual en pérdidas humanas durante toda la pandemia, que la que sufrieron las residencias de mayores. El Gobierno comenzó a publicar datos de fallecidos en marzo de 2021, justo un año después de la proclamación del estado de alarma, coincidiendo con el pautado de la vacuna. Para entonces, ya habían fallecido 34.000 residentes, un tercio del total de víctimas a causa del coronavirus en España. En la Comunitat Valenciana murieron 2.157 mayores en residencias (cifra que no incluye los fallecidos por secuelas, tras haber negativizado el virus, ni los que murieron con síntomas compatibles).
Milagros Rubio es una de esos miles de familiares que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Su madre ingresó en una residencia de Alicante en enero de 2020. Le atormenta la culpa por haberla dejado en la residencia cuando no tuvo salida. Iba a ser algo temporal mientras se recuperaba de su rotura de cadera y Mila atendía las sesiones de quimio de su marido. La mayoría de interlocutores de este reportaje se ven en la necesidad de justificar las razones por haber acudido a una residencia. A 2.500 euros al mes, Mila y los suyos creyeron que las condiciones iban a ser dignas. La debacle llegó en enero de 2021, con la primera vacuna ya puesta. «Me llamaron para decirme que mi madre se había contagiado, pero que era asintomática y estaba bien. De repente, el 29 de enero, me comunicaron que acababa de fallecer. Me convencían de que, a pesar de la covid, mi madre había muerto de forma natural. Hasta me alivió ese pensamiento». Mila pedía verla, pero no hubo manera. «Somos de esos españoles que nos despedimos a través de una bolsa blanca sellada. ¿Era ella la que iba dentro? No lo sé», se lamenta. Su madre era de Asturias, el entierro se iba a producir ahí. «A las 48 horas de estar fallecida y enterrándola, me llamaron para decirme que mi madre era asintomática. Ahí se desataron todas las alarmas». Consiguió el dosier de su madre en el Hospital de San Juan de Alicante, al que se habían derivado pacientes. «Ponía que mi madre, en sus últimos días, tenía insuficiencia respiratoria, disfunción renal, demasiados focos como para decir que era asintomática». Por medio de abogados, envió una carta pidiendo a la Conselleria de Sanitat que inspeccionara la residencia. Nunca obtuvo respuesta, aunque cree que la inspección se produjo. La segunda dirección fue la de la Fiscalía, pero la contestación fue el archivo de las diligencias penales porque la paciente fue trasladada, según el protocolo de actuación, al hospital cuando lo precisó, lee textualmente durante la entrevista.
Los familiares denuncian estar asistiendo a «un masivo sobreseimiento de causas por falta de dolo o relación de causalidad, además de padecer la realización de inspecciones por parte de Fiscalía de forma telemática», explican desde la Coordinadora de Familiares y Usuarios de la Comunitat, Recova. Justamente, el Fiscal General del Estado, el pasado 6 de octubre, instaba a todos los fiscales superiores al cumplimiento de la Instrucción núm. 8/2005, sobre el deber de información en la tutela y protección de las víctimas en el proceso penal en los delitos de especial gravedad, antes de solicitarse por el fiscal el sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Y en todo caso, que los mismos sean informados de la posibilidad de personarse en la causa. Por su parte, la Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, María Teresa Gisbert, apuntó a la creación de un grupo de la Policía Autonómica especializado en los casos de maltrato en las residencias. Recova ha solicitado a la fiscalía del Tribunal que remita a las diferentes fiscalías de la Comunitat instrucciones relativas a estas dos resoluciones.
Hasta el 2021, a diferencia de otras comunidades, aquí no existía una entidad que aglutinara las reclamaciones de familiares y residentes. Entre las más urgentes, la de que la Generalitat levante la restricción de visitas de dos horas a la semana, que todavía se mantiene, y el impedimento de entrar a las habitaciones de los residentes de forma regular. Desde Recova lo tachan de «un régimen semicarcelario que nos impide darles de beber, de comer, ayudar a realizarles los cambios posturales que les producen las temibles úlceras, estar tiempo con ellos, en definitiva, que vivan en condiciones de normalidad como lo hacemos el resto».
Ester Pascual Asencio trabaja en el departamento de investigación de la Universidad de Elche. Con su madre con alzhéimer avanzado, su marido con esclerosis múltiple y dos hijos menores a cargo, la conciliación se hizo inviable. Lo deja claro al inicio de la entrevista porque los familiares se sienten estigmatizados. La madre de Ester se contagió en la tercera ola. En aquel momento se producían derivaciones a hospitales «a cuentagotas», dice. Ester pidió el traslado a domicilio al salir del hospital, porque «mi madre era un despojo. Pesaba 56 kilos, no hablaba ni caminaba. Lo que no puede ser es que por entrar a una residencia pierdas tu salud. Es a lo que vamos los familiares»
Paco Muñoz es usuario desde hace trece años de la residencia en la que estuvo la madre de Ester. Trabajó en el calzado durante su vida profesional y en los últimos años, con su mujer con alzhéimer, ocasionalmente en la obra. Ingresaron en la residencia juntos cuando ella empeoró. Su plaza le cuesta 455 euros y le queda un piquito de la pensión. A él le cambiaron de habitación y de compañero en cuatro ocasiones durante la covid. Cuenta que aquella habitación «era un zulo. Sin calefacción, sin luz, con la persiana rota y bajada, con agujeros y una corriente terrible». A Ester le parte ese pensamiento; el recuerdo de su madre, porque pasó mucho frío, «pero ella no podía pedir ayuda. Ese dolor lo llevamos los familiares», se lamenta.
«Estuvimos dos meses sin salir de las habitaciones», recuerda Paco. «He tenido compañeros que han pedido la eutanasia. En mi residencia no sé cuántos murieron y siento que no hay transparencia. Se me han ido personas allegadas. Mis amigos, Antonio y Tomás», relata emocionado. «Yo estaba hecho polvo moralmente. El virus lo llevé bien, pero la desesperación, la impotencia, la rabia de ver la falta de comida, el no traer la medicación a tiempo, lo desbordados que estaban... Una auxiliar y una enfermera fueron mi salvación». Se le quiebra la voz. «He estado muy cuidado por las maravillosas personas que me han hecho sentir que esto es mi hogar a pesar del caos, pero ya no están». La precarización pudo con ellas. Otro impacto emocional para Paco.
José Luis García Cantó es el presidente de la Asociación de Familiares de Afectados de las Residencias Domus Vi de Alcoy y Concentaina en la que fallecieron setenta y cuatro personas, la residencia con la peor tasa de muertes por covid de España y, posiblemente, de Europa. Los familiares han emprendido un proceso civil, pero respecto a las diligencias preprocesales penales, no se les permitió participar cuando lo solicitaron. El pasado 4 de marzo se aprobó en el Pleno de Alcoi la petición de una comisión de investigación en Les Corts, respecto de la que siguen sin noticias. José Luis perdió a su tía durante la pandemia. Le acompañan en la entrevista numerosos familiares con pancartas. Entre las más de setenta familias está la de Jorge Sancha, quien también enterró a su madre sin poder despedirse. El 25 de marzo de 2020, lanzaba en redes un desesperado mensaje: «Desde hace diecinueve días no puedo o no me dejan hablar con mi madre, por causas que a día de hoy desconozco y solo recibo información telefónica». Esa información procedía de una centralita de atención al cliente. Su mensaje se hizo viral y consiguió una videollamada con su madre ya contagiada. «Al verla estaba raquítica, con oxígeno, con la mirada perdida, y ya no nos reconocía. Y en una de esas entró alguien a su habitación y reconocí la voz de una residente. Ahí entendí que las cosas no se estaban haciendo bien, porque si ella era positivo debía estar absolutamente aislada». Al poco falleció. Ese mismo día morían otros cinco residentes. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas inició un expediente sancionador y anunció que prescindiría de la empresa gestora, pero «el concierto es a cuarenta y cinco años y se firmó en 2002. Esa es otra batalla que tenemos con la Generalitat, ya que pensamos que hay motivos más que suficientes para revertir su gestión», señala José Luis.
La propia comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha apuntado que durante la pandemia en las residencias de España se vulneraron los derechos humanos. Concretamente, Amnistía Internacional identifica la violación directa de cinco derechos fundamentales —entre ellos, el derecho a la salud, a la vida, a una muerte digna y a la no discriminación— vulnerados por la decisión práctica de no derivarles a hospitales que se aplicó, según apuntan, «en general de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas».
Amnistía Internacional denuncia que la Fiscalía ha archivado el 89% de las diligencias por muertes en las residencias y exige la apertura de una comisión estatal, que todavía no ha salido adelante en el Congreso y que no fue apoyada por ningún partido político. Carlos Anguino, responsable de la campaña sobre residencias en AI España, indica que la respuesta de las autoridades se contrapone al esfuerzo que ha realizado el personal sanitario durante la pandemia. «Los gobiernos han adoptado la narrativa de que fue algo sobrevenido y esa narrativa la comparte la justicia» e identifica un común denominador en las comunidades: «La ausencia de responsabilidad política y bloqueo a las investigaciones, y opacidad de datos de las fiscalías. A día de hoy no sabemos el número de causas activas, cuáles se han archivado y por qué, y si se ha permitido o no testificar a las familias».
El pasado mes de junio, el Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Territorial de Derechos Sociales un nuevo modelo de gestión de las residencias, a ejecutar entre 2023 y 2029, y con el foco en residencias más pequeñas, con más habitaciones individuales y mayores ratios de personal. Sin embargo, actualmente hay 850 macrorresidencias y cientos en construcción. «En 2030 tendremos más de mil macrorresidencias en España; es mentira que se vayan a acabar. Lo que deberían haber propuesto es ayudar con fondos europeos la reconfiguración de sus estructuras. Lo mismo ocurre con la intimidad de los residentes, obligados a compartir habitación. Se ha perdido una oportunidad histórica de revertir». Lo desgrana el periodista de investigación Manuel Rico, autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. Rico ve una clara pauta en las residencias gestionadas por fondos private equity o, como indica, los del ladrillo geriátrico. «En las residencias hay unos gastos fácilmente identificables: el 65% debería ser personal y luego viene la alimentación. Y es ahí donde ahorran esos fondos, y el modelo se completa con pocas inspecciones y bajas sanciones. Alcoi fue un ejemplo, y las administraciones tienen que saberlo».
En la Comunitat, el Pla Convivint de infraestructuras sociales prevé duplicar hasta el año 2025 la cifra actual de centros residenciales públicos y multiplicar por doce los recursos diurnos. Enric Juan, director general de Infraestructuras de Servicios Sociales señala que incorpora los aprendizajes de la covid y dignificará los recursos públicos que habían estado años sin retocar y sin actualizar, con un nuevo decreto de tipologías. Juan comenta para Plaza que «los recursos nuevos ya van diseñados con los parámetros aprendidos de la covid, como es el caso de los modelos convivencias, pero hemos destinado un apartado muy importante a la inversión en el programa de mejora de los centros propios, sobre cien millones de euros. Todas las residencias grandes se van a compartimentar. Esto quiere decir que, aunque la residencia sea de ochenta o cien personas, la convivencia diaria será en módulos de entre veinte y treinta personas con su propio salón, cocina y espacios comunes, que hará que se parezca más a una casa», pero la demanda de plazas sigue siendo muy superior a la oferta —a un déficit de 22.000—, mientras el sector sigue en manos privadas, pues solo el 16% son residencias públicas. “Somos conscientes de que llevamos un retraso importante en la cobertura de plazas y que venimos de un sistema muy mercantilizado donde la administración pública tenía muy poca presencia, pero no nos ha dado miedo, sino al revés», comenta Juan resaltando que se han aumentado las inspecciones. Asimismo, resalta que «el concurso nuevo elimina el ‘modelo Blasco-Cotino’ pues hemos reducido el precio como criterio de adjudicación al mínimo que nos permitían los parámetros de contratación —al 30%— y el 70% son criterios de calidad», comenta. Respecto del decreto de tipologías, Recova lamenta que distinga entre ratios de autorización y acreditación, «ya que esto implica que habrá residencias de primera y de segunda. El acuerdo interterritorial no permite esa distinción. Han cedido a las reclamaciones de la patronal», afirma Ester Pascual. «Entiendo que la administración es más lenta de lo que nos gustaría –comenta Enric Juan- pero creo que el decreto de tipologías va a suponer una mejora abismal en la atención a las ratios y al trato que se va a dar en general en las residencias», añade.
«No podemos perder de vista el plano ético en toda esta debacle. El edadismo». Lo comenta Fernando Flores, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y de la Fundación HelpAge España. Junto a Manuel Rico lanzó en 2020 la campaña que exige a la Fiscalía general del estado que haga investigaciones exhaustivas y al Congreso que atienda la petición de Amnistía Internacional de crear una comisión de la verdad. «Hemos aceptado que lo normal es que los mayores estén en centros que a veces son puros aparcaderos, con limitaciones sobre las que nadie les ha preguntado, y nos ha explotado. Estas personas y sus familiares tienen derecho a la verdad y a la tutela judicial, que significa tener un procedimiento judicial con todas las garantías», señala Flores.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 98 (diciembre 2022) de la revista Plaza